-Ricardo Barrientos / MANIFIESTO–
No nos perdamos, confundamos o distraigamos: el problema no es la presunción de inocencia o la prisión preventiva. Es la impunidad.
Dicen que el Ministerio Público (MP), dirigido por Thelma Aldana, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigida por Iván Velásquez, abusan de la prisión preventiva, cuando no son ellos sino los jueces en cada caso quienes dictan las medidas coerción. Además, en varios casos la prolongación de la prisión preventiva más allá de lo debido la provocan los propios acusados con acciones dilatorias que retardan los procesos, algunos quizá para esperar cambios en las autoridades del MP y la Cicig, menos estrictas o incluso receptivas a sus sobornos.
Dicen que el MP y la Cicig violan la garantía constitucional de presunción de inocencia, los más tontos alegan que al acusar, y los más sofisticados que al generar la condena pública luego de las conferencias de prensa. En el primer caso, es una demostración vergonzosa de ignorancia, para la cual sobra explicar que el papel del MP es ejercer el monopolio de la persecución penal, y que son ellos, precisamente, quienes tienen que acusar en el momento procesal que la ley establece.
En el segundo caso, ¿y desde cuándo el valor legal y la preocupación por la condena pública por aparecer en televisión o en la prensa como acusado de cometer un delito? ¿Por qué no lo dijeron cuando en la televisión a los mareros se les mostró con el torso desnudo para exponer sus tatuajes? ¿Será molestia porque para ellos el derecho constitucional de presunción de inocencia de un marero les vale un comino, mientras que cuando es uno de ellos, alguien con alcurnia, dinero y apellido sí importa? A ver, ¿quisiera saber cuántos de esos denodados profesionales del derecho montan la defensa de un marero por habérsele violado su derecho constitucional de presunción de inocencia cuando apareció con el torso desnudo en televisión?
Dicen que quienes manifestamos «odiamos a la patria y nos odiamos a nosotros mismos», cuando semejante aberración solo cabe en la cabeza de un dictador obtuso que no entiende, no quiere o no puede aceptar el concepto de derecho a manifestar y a expresarse con libertad, fundamental en una democracia funcional. Puede únicamente decirlo alguien estúpido o con una inteligencia perversa que confunde como odio a la patria el amor a Guatemala demostrado en la valentía de salir a la calle a manifestar, que le irrita ver a una ciudadanía activa, y que preferiría una población callada, reprimida y sumisa bajo la bota de la dictadura represiva.
Dicen que «extirparán» a la magistrada Gloria Porras de la Corte de Constitucionalidad (CC), porque ella es la culpable de que la CC esté resolviendo en contra de los intereses del Pacto de Corruptos. Dicen que la captura del MP ya está arreglada y que es cuestión de tiempo. Dicen que Trump le ofreció a Jimmy Morales ayudarle a sacar al molesto «fiscal extranjero». Dicen que un grupo de alcaldes está organizando el acarreo de gente más grande de la historia en contra de la Cicig para intimidar a La Plaza. Dicen que ya hay una lista de asesinatos selectivos, especialmente de periodistas, para callar a la prensa… Dicen que dicen.
Aunque digan, lo importante es que la ciudadanía honesta no se confunda ni se distraiga. Acá el problema es la impunidad, eso que por demasiado tiempo ha sido y sigue siendo el negocio más rentable de todos: el servicio ilícito de lograr la posibilidad de violar la ley sin recibir el castigo que la ley ordena. No lo toleremos más.
#YoNoSoyImpunidad 
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Ricardo Barrientos
Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.
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