Olga Villalta | Política y sociedad / LA CONVERSA

El 8 de agosto miles de feministas alrededor del mundo nos tronábamos los dedos y encendíamos velas de esperanza porque en Argentina fuera aprobada la ley que permitiría que el aborto fuera legal, seguro y gratuito. Esta ya había recibido dictamen favorable de la Cámara de Diputados y se esperaba la decisión del Senado.

Un país tan culto como Argentina me hizo pensar que iba a ser posible. Ver esas mareas verdes de mujeres jóvenes, de mediana y tercera edad gritando consignas era estremecedor. El 9 de agosto por la mañana, me entero de que la ley no pasó. Treinta y ocho senadores retrógrados habían votado en contra, ganando por mayoría. Algunas de ellas/os esgrimieron argumentos religiosos y obviaron el avance en materia de derechos sexuales y reproductivos en el concierto de naciones. Una senadora indicó que no la había leído, pero que de todas maneras votaba en contra. A veces pienso que aún vivimos en la época del oscurantismo cuando la Iglesia católica no permitía el acceso a los libros y por lo tanto al conocimiento. ¿Cómo es posible que una legisladora no lea la iniciativa y emita un voto? ¿Si fuera una alta funcionara en una compañía transnacional, podría tomar una decisión sobre invertir millones sin haber leído el proyecto?

Lloré por esa derrota, que no solo es de las argentinas, sino también de todas las mujeres del mundo. Pero también me sentí más fuerte para seguir impulsando y apoyando nuevas batallas. Sé que no todo está perdido, las jóvenes que participaron hoy están más conscientes de sus derechos.

A pesar de la derrota, las argentinas lograron evidenciar la problemática y alzar la voz sobre un problema que ha sido tabú. Millones de mujeres han recurrido al aborto a lo largo de la historia por miles de razones, pero el mandato patriarcal las obligaba a guardar silencio. Hoy ellas han hablado clarito. Así que la rueda de la historia se mueve, aunque los conservadores intenten detenerla.

En Guatemala, nuestro Código Penal, penaliza el aborto voluntario, pero lo permite cuando la vida de la mujer está en riesgo, aunque esto queda a discreción del personal médico que atiende la emergencia de los hospitales públicos. Esto ha salvado vidas de mujeres. A pesar del conservadurismo que nos rodea, hemos avanzado en muchos aspectos. Por ejemplo, un buen número de hospitales cuentan con clínicas especializadas que atienden a víctimas de violencia sexual. También se cuenta con la atención posaborto, para lo cual se ha capacitado a médicas/os en la atención de casos de emergencias obstétricas producto de un aborto practicado de manera insegura. Estos esfuerzos han permitido reducir la mortalidad materna.

Desde el año pasado, Mujeres Transformando el Mundo, a través de la diputada Sandra Morán, presentó la iniciativa 5272 «Ley de Protección a la Niña», la cual contempla una serie de acciones de protección y reparación a las niñas víctimas de violencia sexual. Como algunas de ellas han resultado embarazadas, teniendo apenas diez, once o doce años, la ley contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo por el riesgo que la niña enfrenta al forzarla a llevarlo a término. Este punto pequeño en la Iniciativa ha levantado polvo en sectores ultraconservadores, poniendo el énfasis en el embrión y no en la niña, que en ese momento es la portadora de derechos. La propuesta no dice que toda niña abusada o violada y que resultare embarazada «debería» abortar, sino si se detecta a tiempo, si los familiares que la apoyan (sabemos que muchísimos casos es el padre, padrastro, primo, vecino el agresor) están de acuerdo, el Estado debe facilitar la atención médica para que la niña pueda recuperar su proyecto de vida.

También, en materia de educación integral en sexualidad se realizan esfuerzos tímidos en el Mineduc para capacitar a maestros/as en la materia, para que puedan impartirla a las/os alumnos, así como ilustrar acertadamente a las madres y padres de las/os educandos.

Sin embargo, quienes se oponen al avance de la rueda de la historia, en actitudes inquisitorias, intentan una y otra vez que nuestra sociedad retroceda. Se erigen en los espacios de poder, como el Congreso de la República, como los guardianes de la moral de toda la ciudadanía, como si todas/os fuéramos feligreses. Estos adalides de la moral cristiana actúan desde su creencia y no practican la ética pública, la cual, entre otras cosas, implica legislar para toda la ciudadanía y no imponer su credo religioso a toda la población.

En su cruzada religiosa, han intentado introducir leyes como la que obligaba a rezar una oración en todas las escuelas antes de entrar a clases. No contentos con esto, además, hacen oídos sordos a organizaciones que plantean iniciativas para demandas específicas de su sector. Estas iniciativas, de ser aprobadas, resolverían los problemas que estas minorías enfrentan y no perjudican al resto de la ciudadanía. Una de estas iniciativas es la presentada por la diputada Sandra Morán, «Ley de Identidad de Género» (5395), en la que las personas trtransgénero proponen diversas medidas de salud, educación y, lo más importante, sobre su inscripción de identidad en el Renap, medidas que permitirían disminuir la discriminación a la que se enfrentan en la actualidad.

Y así vamos en este país donde decidí vivir, dos pasos para adelante y tres para atrás. Los invito a leer detenidamente las 3 iniciativas en el siguiente enlace.

Olga Villalta

Periodista por vocación. Activista en el movimiento de mujeres. Enamorada de la vida y de la conversación frente a frente, acompañada de un buen café.

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