-Carlos Enrique Fuentes Sánchez / EL EDUCADOR–

El problema no ha terminado. La crisis gubernamental continúa. Los momentos álgidos parecían haber pasado, pero no es cierto. Queda pendiente saber qué resuelve el Congreso de la República ante el informe presentado por la Comisión Pesquisidora. Conocer si la pérdida del antejuicio obliga, moralmente, a Morales a renunciar a su cargo y luego, saber a quién, el Congreso de la República, designará como nuevo vicepresidente. Esto no se aleja de que, como ya ocurriera en 2015, un problema de Gobierno lleve a un problema de Estado. Esta situación no causa problemas a lo dueños del poder económico que tienen asegurado su futuro con quien quiera que sea que esté en la presidencia, ni a los pobres y más pobres que ocupan su pensamiento y vida en sobrevivir. Provoca confusión y hasta angustia en buena parte de los habitantes de clase media del país, la que se preocupa por el destino de Guatemala, al pensar y repensar qué pasará en el futuro inmediato. Igualmente, también provoca una serie de opiniones a través de los medios de comunicación y en las redes sociales, desde las más cuerdas, como las propuestas basadas en ley y ciencia política, hasta las más inocentes o descabelladas, como pensar que el Gobierno actual impondrá “estado de sitio” ante un posible golpe de Estado técnico.

Ante tal panorama, vale la pena pensar profundamente y proponer lo siguiente: ¡cuidado!, ¡mucho cuidado! La situación merece ser analizada desde varios puntos de vista. Preguntarnos, por ejemplo: ¿a quiénes beneficia realmente esta crisis del Gobierno y del gobernante? ¿Será que beneficia a la gente progresista? ¿A los dueños del poder económico que han sido, históricamente, quienes ponen y quitan presidentes y diputados, o a las agrupaciones políticas que, queriendo convertirse en partidos políticos, aspiran a colocar a su gente en puestos de gobierno para allanar su camino para las próximas elecciones? Aún más, ¿favorece al vicepresidente de la República, quien llegaría a ocupar la presidencia junto a un nuevo séquito de ministros? ¿Cuánto favorece a la sociedad, a los cuatro pueblos, un cambio de gobernante y la imposición de otro, también inadecuado?

Previamente habría que analizar, ¿quiénes provocaron esta crisis de Gobierno? ¿Fueron los de “izquierda” que buscan empoderar a dicho sector político provocando “problemas” para justificar su llegada al poder, o fueron los delincuentes hospedados en el Hotel “Mariscal Zavala” (militares, diputados y empresarios) que no se resignan a perder sus “logros”, ayudados por los delincuentes prófugos de la justicia y aquellos alcaldes y diputados que temen ser enjuiciados? ¿Son estos últimos los más beneficiados o los más perjudicados con el cambio de presidente?

También es importante el sugerir el no adelantar juicios, porque en política, y sobre todo en Guatemala, las cosas cambian en horas o en días. Por ejemplo, nadie había pensado que la Comisión Pesquisidora fuera a dictaminar a favor de quitar el antejuicio al presidente de la República. Sin embargo, el lunes, de madrugada, quizá obligados por la presión social, se ha conocido que lo hicieron, aunque con un informe “gallo-gallina”, el cual endosa el problema al pleno del Congreso. Luego, ¿quién puede asegurar que el pleno votará a favor de quitarle el antejuicio al gobernante? ¿Hay, realmente, el un número de diputados honestos y “medio” honestos para quitar ese antejuicio? ¿Cuántos podrían venderse para evitar que el presidente pierda el antejuicio? Suponiendo que el presidente pierda el antejuicio, ¿renunciará inmediatamente a su cargo o, tozudamente, se mantendrá hasta que le sea demostrada su culpabilidad? Y si esto último ocurriera, ¿a quién designará el Congreso de la República? ¿A quién proponga el vicepresidente? ¿A quién proponga la sociedad civil? ¿Qué parte de la sociedad civil: la progresista o la de los empresarios?

La yunta sigue andando. El problema no ha terminado. Y en su paso, arrollará a Thelma Aldana, a Iván Velásquez y, si es posible, a la misma Cicig. Algunas personas quisieran que las cosas resultaran como quiere el pueblo honrado y correcto de Guatemala, pero en política guatemalteca y, estando en juego los intereses de la oligarquía, las cosas pueden ser diferentes, pues, “caballero es don dinero”. Se vale pensar y «predecir», pero sin asegurar nada, porque aquí, en Guatemala, solo le queda, al guatemalteco honrado, continuar la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, comenzando por denunciar la primera y exigir el fin de la segunda.

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional. Surgido de los barrios pobres de la zona 6 en la ciudad capital pero formado, a partir de su adolescencia, en diferentes departamentos de la República, donde fue educado y a la vez brindó educación. Conferenciante nacional e internacional, columnista, consultor de organizaciones educativas nacionales e internacionales, participante y decisor en los procesos y redacción de documentos de mayor trascendencia en la educación nacional en los últimos 40 años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión española y últimamente de otras potencias, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, una Guatemala justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, de calidad y con calidad, para todos y todas.

El educador