Vinicio Barrientos Carles | Política y sociedad / PARADOXA
No es la forma de gobierno lo que constituye la felicidad de una nación, sino las virtudes de los jefes y de los magistrados.
Aristóteles
La división de poderes es un principio de organización política que se basa en que las distintas tareas asignadas a la autoridad pública están repartidas en órganos diferentes y separados. Fue Aristóteles, el filósofo griego, quien reflexionó por primera vez en torno a la crucial importancia de la separación de los poderes básicos de un sistema político, proponiendo justamente los tres conocidos, léase: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. A pesar de los milenios que separan tal propuesta, fueron John Locke y, sobre todo, el barón de Montesquieu quienes, en el siglo XVIII, replantearon y actualizaron esta clásica división. En esencia, el poder y las decisiones no debían ni podían concentrarse en una sola persona, y la monarquía absoluta había dado ya suficientes indicios de la tiranía que debía ser evitada a toda costa.
De esta guisa que Montesquieu desarrolló las ideas acerca de la división del poder, planteando un sistema de pesos y contrapesos para mutuo control, sobre todo, limitando los abusos en que puede incurrir fácilmente el Organismo Ejecutivo, propendiendo a que sus mandatarios caigan en formas de despotismo y dictadura, aun cuando se trate de un gobierno legítimamente electo dentro del marco de la democracia contemporánea. El ilustre jurista francés observó que dentro del Estado era necesario que existieran órganos de poder separados y autónomos, que se controlaran unos a otros, articulando en suma un sistema de equilibrios y contrapesos, sorteando de manera adecuada los mecanismos de razonabilidad y legalidad preestablecidos. Los riesgos de no proceder de esta manera se sintetizan muy bien en una de sus famosas frases: «No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia».
Específicamente, Montesquieu describe en el libro XI de El espíritu de las leyes cómo puede suceder este fenómeno de una tiranía con apariencia de justicia: «Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente». En nuestro país, en nuestro idioma y en nuestro contexto geopolítico, esta observación se traduce en aquello que el pueblo guatemalteco ha denominado coloquialmente como el Pacto de Corruptos, del cual los ciudadanos responsables estamos conscientes y vigilantes.
Por otro lado, no podemos negar la vorágine en la que se ha convertido el día a día en nuestro país, en donde unos y otros hablan de legalidad y de una extralimitación de las funciones, así como de un exceso de poder en su accionar, aunque la gran mayoría del pueblo está clara que lo que estamos presenciando no es sino el auténtico deseo caprichoso del alto mandatario del Ejecutivo en perpetuar su voluntad y su impunidad, irreconociendo a los órganos de poder distintos que articulan el prescrito sistema de equilibrios y contrapesos, que dicho sea de paso celebramos está empezando a operar pertinentemente a lo largo y ancho del Estado de Guatemala.
Aunque para muchos guatemaltecos el presidente de la República es un monarca, alguien que se encuentra por encima de cualquier institución y de cualquier marco de legalidad, muchos vemos cómo la mayoría de la juventud está comprendiendo que esto no es así, y le observan cómo se desgasta día a día, haciendo uso repetido de una mal interpretada soberanía nacional, la cual manipula para salvaguardar a los sectores que tras bambalinas le dan soporte. Para las grandes mayorías, aquí y allá, está quedando claro de que existen tres poderes a los cuales se les debe respetar, en su independencia y en su accionar, pero no solo esto, también existen otros actores equilibrantes que resultan en su momento de crucial importancia en la contienda política: las cortes, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Estamos aprendiendo que el Estado es algo más grande que el Gobierno, pues contiene a otras instituciones que responden básicamente al pueblo soberano, a quien se deben y a quien sirven.
Mucho se ha hablado sobre el desgaste que tiene un determinado Gobierno cuando se extiende en su mandato, y esa es una primera interpretación de la frase atribuida al conde de Mirabeau, cuando habla del peligro de gobernar demasiado. Por ejemplo, ahora se insiste en que los períodos de gobierno deben estar limitados a cierta duración y existen investigaciones psicológicas (por ejemplo el síndrome de hybris) al respecto de lo inconveniente de una reelección.
Sin embargo, existe otra interpretación de esta frase del conde de Mirabeau, que viene muy al caso, pues también es cierto que cuando un gobierno excede sus potestades, en el contexto de una democracia sólida, como todos esperamos sea el caso Guatemala, el gobernante de turno corre el riesgo de ver afectados cualquiera de sus objetivos. Ejecutar una serie de decisiones irrespetando la legalidad y el sistema de pesos y contrapesos en una democracia moderna se traducirá irremediablemente en la ingobernabilidad sobre todos los actores, y en particular sobre el pueblo que se gobierna.
Muchos estamos convencidos de que el presidente James Morales ha llevado al país al borde de una crisis constitucional, justamente por anteponer sus intereses personales, al margen de la voluntad y las prioridades ciudadanas. Estamos plenamente conscientes de que no hay enfermedad para toda la vida, y los días en que la impunidad persiste para los perpetradores del Estado están contados. El sistema equilibrante está empezando a operar, y aunque reconocemos que en el camino se han cometido errores, sabemos que podemos enmendarlos y corregirlos, pues somos una república joven, en desarrollo y nuestros aprendizajes ciudadanos pronto darán el fruto esperado. La lucha de la juventud continúa y nunca más regresaremos al dominio de aquellos que nos tienen sumidos en la pobreza y la desgobernanza, y aunque el trabajo venidero sea arduo y nada fácil, sabemos en el fondo de nuestro corazón que tú, Guatemala, ¡florecerás!
Fotografías tomadas de ElPeriódico y Publinews.
Vinicio Barrientos Carles

Guatemalteco de corazón, científico de profesión, humanista de vocación, navegante multirrumbos… viajero del espacio interior. Apasionado por los problemas de la educación y los retos que la juventud del siglo XXI deberá confrontar. Defensor inalienable de la paz y del desarrollo de los Pueblos. Amante de la Matemática.
2 Commentarios
Gracias Arturo por tu comentario, que es acertado y enriquecedor. Revisé el texto y, en efecto, no he calificado de tirano a nuestro fantoche de gobernante, porque, como bien señalas, no tiene la capacidad suficiente para llegar a ello. Un títere, una máscara… un arlequín, a eso, y solo eso, puede aspirar el señor James, quien aún no termina de entender en donde está parado. Las menciones de la tiranía van en la dirección de las citas y memorias de los juristas y polítólogos que he incluido en el texto, como base de los subsecuentes comentarios.
También comparto con tu comentario sobre el hecho de impulsar y propugnar por análisis críticos, sin parcialidad o interés específico alguno, porque mucho de esto falta en la práctica democrática de nuestra libertad de expresión, que deja de ser libre si siempre responde a los intereses de alguno que ostenta el poder.
Mis saludos cordiales
Difiero del término tiranía y sus interpretaciones, porque este señor no tiene tampoco capacidad para tirano; el tirano, además de déspota tiene un sentido común e inteligencia para sus propósitos; y el uso de esos términos en su exposición tiende a influir en la mente nuestra lo cual, también es inmoral.
Aplaudo los análisis imparciales sin tendencia a sesgos principalmente politiqueros porque en estas crisis, como que todo el mundo se convierte en docto y con la forma de expresiones (todas de buena fé, aclaro) solo confunden mas a quienes los léen porque en definitiva, en cualquiera de las partes las acusaciones y defensas las justifican con fines ideológicos.
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