Jorge Mario Salazar M. | Política y sociedad / PALIMPSESTO

Regreso a esta columna con una energía diferente. Luego de haber pasado por una serie de complejidades que tienen que ver con la condición material del cuerpo, superada por el momento, encuentro el cotarro como si todo hubiera cambiado en el país durante los dos largos meses de actividad irregular en esta generosa revista.

La verdad, me cuesta mucho enfrentar de nuevo la realidad política que se va convirtiendo en una realidad vergonzante para la ciudadanía, en la medida en que se manifiesta una gran incapacidad de articulación para defender las trincheras tomadas en el lejano 2015, con la expulsión de la mancuerna Pérez Molina – Baldetti Elías del poder y la secuela de procesos emprendidos por doña Thelma Aldana al frente del Ministerio Público, de la mano de don Iván Velásquez en la Cicig.

La evaluación de impacto apunta a que nuevamente nos quedamos muy cortos en las luchas y que ahora se nos viene encima la contra y ya no tenemos donde apoyarnos.

Los retrocesos son manifiestos. La fiscal general Gloria Porras deja pasar el tiempo, entretenida en saber qué, esperando a que sea el tiempo y la mala memoria de la gente la que por fin resuelva la situación de muchos funcionarios de varias generaciones, presos por delitos de corrupción que se valen del litigio malicioso para evitar llegar a juicio y condena. La pesadilla que expresaron en su momento los analistas de la elección en la nueva fiscal se hizo realidad y el Pacto de Corruptos impuso a su fiel abogada para hacer retroceder los avances que se habían logrado en materia de justicia penal.

Pero junto a lo anterior, el nuevo ministro de Gobernación, que más parece estampilla de policía secreto del siglo XIX y con una mentalidad de la Guerra Fría que da pavor, tampoco canta mal las rancheras. La utilización de la Digici (inteligencia policíaca) en actos de espionaje e implantación de evidencias para presionar al exdirector de la PNC es un caso a todas luces ilegal, ya que existe una prohibición expresa hacia los organismos de inteligencia para que no participen en operaciones, operaciones encubiertas o bien en investigaciones de carácter penal. Por otra parte, las apreciaciones que provengan de las instituciones de inteligencia no podrán ser utilizadas en algún caso penal. Por lo tanto, el solo hecho de un parte policial que señala la participación de la Digici en un hecho ya constituye un delito y alguien de la autoridad superior de ese agente debía caer de inmediato en manos de la justicia.

En el Congreso de la República asistimos a una maratón de aprobaciones de leyes sin otra estrategia que la de debilitar los avances de la lucha contra la impunidad. A pesar de los esfuerzos de algunos por contener esa ofensiva antireforma, es evidente que el pacto de corruptos tiene en sus manos la aprobación del paquete que garantiza la corrupción y la impunidad de la clase política, además de la repetición de la mayoría de diputados en las próximas elecciones. A propósito de lo anterior, se anuncia casi la misma boleta electoral que las últimas elecciones y la posibilidad que se tengan los mismos o aún peores resultados.

En los tribunales, pareciera que los jueces deben pedir disculpas a los imputados, que les deben proveer de todo lo que les demanden y que, al final, los condenados serán los jueces que han actuado correctamente, mientras que los corruptos se empoderan en el sector, nuevamente.

Nuestras vecindades arden con la crisis política en Nicaragua, en donde, separando las cosas, Ortega y Murillo han dejado de representar a su pueblo y su Revolución cuando ordenan abrir fuego contra la población civil. Muchos sandinistas históricos, incluyendo al cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, exigen a la pareja presidencial dejar el poder para que la calma vuelva a las calles. En México, la promesa de una reforma profunda del Estado se hace sentir con la victoria de Morena y Andrés Manuel López Obrador, que desde ya establece más de 50 medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción, las cuales fortalecen, además, a la sociedad civil que luchó durante quince años para lograr la victoria electoral arrasadora.

Más allá, en el mero norte, el presidente Donald Trump terminó con la “corrección política” desde su llegada, pero la separación de las familias de migrantes fue la gota que rebalsó el vaso de la tolerancia a su malcriadeza. Ya comienzan a manifestarse graves rupturas y una polarización social que no existía en Estados Unidos. Ha puesto en riesgo a las Naciones Unidas, también a la OTAN y no digamos a la Unión Europea.

En dos meses el mundo terrenal cambió con celeridad. Ya es irreversible el panorama político hacia las reformas necesarias del Estado en lo que queda del año. Ya se anuncian las alianzas y coaliciones políticas para la campaña electoral. Nuevamente los discursos girarán en torno a la erradicación de la vieja política con los mismos viejos políticos. El deterioro de la sociedad y la economía se llevará, también, a la moral del Estado.

Fotografía principal tomada de Grassroots action.

Jorge Mario Salazar M.

Analista político con estudios en Psicología, Ciencias Políticas y Comunicación. Teatrista popular. Experiencia de campo de 20 años en proyectos de desarrollo. Temas preferidos análisis político, ciudadanía y derechos sociales, conflictividad social. Busco compartir un espacio de expresión de mis ideas con gente afín.

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