Víctor Manuel Gálvez Borrell | Política y sociedad / DESDE ESTA ORILLA

A las puertas del próximo proceso electoral, conviene reflexionar sobre el sentido y valor de las elecciones en la construcción de la democracia. De entrada, el balance no parece ser favorable. En efecto, si se pensaba que después de las movilizaciones del 2015 se lograría «renovar la política», la dispersión de tantos y tan nuevos partidos y de sus impresentables candidatos actuales, no han hecho sino naufragar la esperada renovación. A ello se agrega que el TSE se encuentra tan dividido como al inicio de su elección. Las nuevas y complejas tareas de este organismo, derivadas de las reformas de 2016 a la LEPP, como el voto en el extranjero, el mayor control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas y las responsabilidades en el manejo de la publicidad electoral, han contribuido a debilitarlo más. Por último, la incertidumbre de una campaña electoral más corta, el retraimiento de los y las candidatas a «hablar de las elecciones» por el temor de una campaña anticipada y, paradójicamente, un plazo más largo para la «transición» del nuevo gobierno, terminan por cerrar este círculo.

Sin embargo, el aspecto más negativo y de mayor arrastre para la democracia reciente en Guatemala, fueron las investigaciones de la Cicig y el MP en junio de 2016. Ello guarda relación con un elemento que se sabía, pero no estaba demostrado: que el sistema político, la agenda y los intereses estratégicos del Estado, como tales, fueron cooptados y reconfigurados en Guatemala, como sucedió con otros países del mundo. Esto se conoció como el «financiamiento de la política», según la propia Cicig. Ello permitió entender a cabalidad cómo el sistema político, las elecciones, los partidos y sus candidatos para integrar los cargo del Ejecutivo, Congreso, municipalidades, comisiones de postulación y otras instancias, eran «comprados» por el crimen organizado, el narcotráfico y los financistas (empresarios y particulares), quienes adelantaban fondos para «cobrarse» después con obras, servicios y construcciones, corrompiendo todos los negocios públicos, como lo demostró el gobierno de Otto Pérez y Baldetti. Conforme las investigaciones involucraban cada vez más a nuevas personas, ya sea «hacia adelante» como «hacia atrás», provocaron el rechazo y la crisis ya conocida de la Cicig y, colateralmente, del MP. Descubrimos así lo que ya sospechábamos: que la democracia en Guatemala fue reconstruida, desde 1984, sobre bases de cooptación del Estado por muchos empresarios, políticos y militares y que, con el combate a la corrupción del 2015 y de los años posteriores, ello se demostró a través de procesos que conoció la justicia.

Durante todos estos años (desde 1986 al 2015) nos preguntamos tantas veces ¿por qué no se reciclaban los partidos políticos a pesar de las capacitaciones, los cursos y las discusiones sobre las «buenas prácticas»? ¿Qué pasó con el transfuguismo, la volatilidad y la falta de identidad partidaria? ¿Por qué tienen tan bajos índices de afiliación? ¿Porque son partidos «franquicia», «cascarones» o «máquinas electorales» que nunca cambiaron tras 33 años de «democracia»? Una de las constantes que explican esta tendencia ha sido la firme, popular y trabajada oposición al financiamiento público, así como el desprestigio por cualquier reforma que pugnara por incorporarlos al presupuesto del Estado. Con ello se garantizaba el financiamiento electoral lícito o ilícito y el saqueo subsiguiente del Estado, vía este expediente del «financiamiento de la política».
El expresidente Luis Alberto Lacalle de Uruguay, por ejemplo, postulado por el Partido Nacional en una entrevista para Emisoras Unidas de Guatemala (5-03-2019), a pesar de su confesión política como liberal de centro-derecha, insistió en la necesidad imperiosa del financiamiento público a los partidos políticos, como una condición para la democracia, básica para erradicar la corrupción en América Latina. Una medida que rescataría la esperada renovación de la política.

Regresando al título del este artículo sobre si estas elecciones constituyen un buen o un mal momento para la democracia en Guatemala, hay que finalizar considerando que el electorado deberá juzgar, por sus obras y acciones, a los equipos que defiendan la lucha frontal contra la corrupción, para erradicar así el «financiamiento de la política» como un mal endémico para la democracia en este país.

Víctor Manuel Gálvez Borrell

Doctor en Sociología, de la Universidad de Paris I. Trabaja en la Universidad Rafael Landívar como coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

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