-Ricardo Gómez Gálvez / GUATEMALA: LA HISTORIA INCONCLUSA–

Analizábamos en el 2005, para la Fundación Soros, que el punto de partida de cualquier ejercicio de análisis político tenía un supuesto fundamental: que la política es un reflejo de la economía y de la sociedad y que, por lo tanto, la política es un modo de intentar dar solución de continuidad a los conflictos económicos y sociales. Esto, en el supuesto de que las variables ingentes de los problemas de la economía y de la sociedad dependen de manera significativa de lo que se pueda impulsar, en nuestro caso, desde dentro del tejido sociopolítico guatemalteco. Dicho de otro modo, que las posibles soluciones deben pasar necesariamente para ser tales, por la capacidad de forjar el entramado de los acuerdos y consensos que se puedan articular al interior de las estructuras económicas, sociales y políticas.

Decíamos también, que los rezagos producidos por la historia guatemalteca caracterizada por sus etapas inconclusas, y por la exclusión y la desigualdad social, económica y política, producían cíclicamente repuntes de conflictividad. Como los casos más recientes, mencionábamos junio de 1954, noviembre de 1960, marzo de 1962 y el período trágico que corrió entre 1978 y 1984

También afirmábamos que el país es una arquitectura producida históricamente en gran medida por factores externos. Los procesos internos se encuentran invariablemente condicionados y con frecuencia interrumpidos por la injerencia de variables externas, que influyen en tal forma que, en última instancia, los nudos de conflictividad que recurrentemente se presentan en el escenario político, se producen cuando los recursos de la economía, el funcionamiento de la institucionalidad del Estado, o los procesos del sistema político se agotan temporalmente, en momentos críticos de recomposición, momentos que comúnmente no son de ruptura, sino de reacomodo de las fuerzas que pugnan por imponer hegemónicamente su visión o sus intereses, reproduciendo el sistema.

Decíamos entonces que las principales amenazas que históricamente registraba el Estado ladino-rufinista fundado en 1871, eran la rebelión indígena y la fragmentación del territorio.

Esas dos amenazas se han venido diluyendo por efecto de las nuevas dinámicas internas y externas en los planos económico y político. El peligro de la rebelión indígena ha dado paso a un fuerte y cada vez más decisivo rol de los pueblos originarios, especialmente a partir de la suscripción de los Acuerdos de Paz.
Por su parte, la fragmentación territorial reviste hoy día particularidades que la diferencian del antiguo temor a la escisión territorial, temor ocasionado probablemente por la pérdida de la mitad del territorio, casi al momento de la independencia, situación confirmada por el oportunismo del gobierno de Rufino Barrios. También la secesión del Estado de los Altos en el siglo XIX inquietó la conciencia de las élites metropolitanas.

La amenaza actual no se refiere a presuntos procesos de escisión territorial, sino más bien al desafío cierto, relacionado con la modalidad que se adopte para la integración de Guatemala al nuevo espacio geoestratégico, que entonces en 2005 se comenzaba a conocer como la nueva América del Norte y al creciente debilitamiento de la institucionalidad de los Estados nacionales.

En lo relativo a las oportunidades del Estado guatemalteco para el futuro, convengamos que aquello que constituye un desafío o amenaza puede transformarse en oportunidad; siguiendo un potente influjo que proviene del norte, al igual que lo que ya le ocurrió a México, la nueva vecindad de Guatemala con la nueva América del Norte, transformará la geopolítica guatemalteca. Como se ha insistido en los últimos años, la última frontera del nuevo espacio geoestratégico norteamericano está ubicada en las orillas de los ríos Suchiate y Usumacinta. Somos por lo tanto, vecinos fronterizos del mercado más grande del planeta, y del país que hegemoniza el poder político y militar en el mundo occidental.

Decíamos entonces que los escenarios del futuro para Guatemala y para los países centroamericanos cambiarían drásticamente: un primer escenario posible sería el caracterizado por el mantenimiento de la independencia nacional, la soberanía institucional y la autodeterminación política relativa, tal como las conocíamos. Otro escenario tendería hacia la integración plena al nuevo megaespacio geopolítico ya mencionado, en diferentes modalidades, a saber: la paracolonial, la asociativa o la intermediada, esta última vía el fortalecimiento del espacio mesoamericano, fortaleciendo los lazos con México y con Centroamérica.

En contraste y consonancia con ese posible escenario de futuro, el grado de prioridad que por razones geoestratégicas asigna EE. UU. a esta nueva región viene siendo cada vez más alto, como espacio vital de amortiguamiento para temas sensibles de su seguridad nacional, tales como las migraciones, el narcotráfico, el terrorismo global y su síntesis: el crimen organizado.

Tal como lo anunciábamos en el 2005, sin duda esos factores que impulsaron los cambios se tornaron muy poderosos. Y por ello, como siempre y hoy más que nunca, este desafío es fundamentalmente para las élites, las cuales mostrarían la medida de su capacidad política para articular consensos y su capacidad económica y productiva para alcanzar niveles aceptables de competitividad en la nueva economía mundializada. Por su parte, la sociedad en su conjunto deberá mostrar también su disposición para superar los escollos de la fragmentación, de los problemas propios del proceso de cambio cultural y los derivados de la construcción de formas interculturales de cohesión político-social.

El tiempo juega ahora como una variable fundamental; la velocidad del cambio global impone la necesidad de no acumular tiempo perdido, siendo parte sustancial del desafío para las élites, remontar los escollos entre los cuales sobresale la complejidad relacionada con la naturaleza multicultural de la sociedad guatemalteca.

Fue posteriormente que se produjeron las visitas en el 2006 del secretario de Defensa de EUA, Donald Rumsfeld y la del general Banz Craddock, entonces jefe del Comando Sur del Ejército de los EE. UU., quienes confirmaron y enmarcaron el contexto antes descrito.

No deja de ser altamente significativo que el jefe de los servicios armados de los EE. UU. en su periplo de entonces por América Latina, visitara solamente Argentina, Brasil… y Guatemala; y que esta visita de alto rango gubernamental fue seguida por la del jefe del Ejército de los Estados Unidos destacado para el hemisferio sur, quien arribaba para reunirse entonces en Antigua Guatemala con los jefes de los ejércitos de Centroamérica, para tratar temas de la agenda regional de seguridad.

Probablemente la respuesta pueda extraerse de las conclusiones que obtuvieron entonces los analistas de los servicios de inteligencia, cuando ante la concretación de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN), suscrito en Texas, el 23 de marzo de 2005, por los gobiernos de Canadá, EEUU y México, creando oficialmente el nuevo espacio geoestratégico denominado -utilizando la sintaxis del idioma español- la América del Norte, definió una situación en la que la “nueva” frontera de este novedoso espacio territorial estaba ocupada por un pequeño Estado sin gobernabilidad, cuyas élites no habían sido capaces de generar desarrollo, seguridad y bienestar desde 1954, condimentado esto con un proceso político caracterizado por una democracia débil, todo lo cual requería entonces, y requiere ahora crecientemente, atención especial en términos de seguridad estratégica para el nuevo espacio norteamericano.

Sin duda, el evidente fracaso del Estado guatemalteco en la tarea de construir un aparato público eficiente y como una de sus consecuencias, garantizar razonablemente la seguridad ciudadana, constituye por sus implicaciones, el traspié más grave en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y por ello en el cumplimiento de las condiciones básicas para la gobernabilidad y la gobernanza.

Aunque los expertos coinciden en que la seguridad ciudadana, como garantía del Estado de Derecho, siempre se presenta como la asignatura más espinosa y difícil en las sociedades posconflicto, lo ocurrido en Guatemala, en términos de avanzar en el fortalecimiento de la democracia, resultó particularmente negativo.

Hoy a la distancia se perciben con claridad lo errores de apreciación y las decisiones equivocadas o simplemente perversas que permitieron que las viejas células y las malas prácticas diseñadas por los estrategas del Estado contrainsurgente se reprodujeran rápidamente a lo interno de la institucionalidad del Estado en su conjunto. De ahí que se repitió un lugar común de la vida en general: y es que con frecuencia resulta ser peor el remedio que la enfermedad.

Por todo ello, el cáncer que corroyó entonces a la institucionalidad de la seguridad civil, desde su refundación, no se presentó aislado. Constituyó solamente la arista visible de una situación más profunda que mantuvo a los aparatos de inteligencia del Estado vinculados con las camarillas criminales que florecieron en lo peor de la guerra. Se produjo por lo tanto, algo así como una privatización de los servicios de inteligencia, los cuales migraron hacia fuera de la institucionalidad militar, para convertirse lisa y llanamente en aparatos privados criminales. Hoy sabemos que ese fue el origen de los Sistemas de Inteligencia y Aparatos Clandestinos de Seguridad, CIACS, objeto de la creación de la Comisión Internacional contra Impunidad en Guatemala, Cicig, para el combate de la corrupción pública y privada y la impunidad estructural, que se apoderaron del Estado.

Quienes planificaron la estrategia consistente en cooptar al Estado mediante los CIACS a partir de 1996, y aún desde antes, no sabían entonces que la eficacia desinstitucionalizadora de esos aparatos clandestinos de seguridad e inteligencia iba a convertirse en una amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU., especialmente a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, obligando al Gobierno estadounidense a replantear su política hacia la región.

Tampoco sabían que su viejo coto de reclutamiento de informantes y sicarios pasaría de simples pandillas juveniles urbanas, a ser bandas internacionales fuera de todo control, encarnadas en las maras salvadoreñas y guatemaltecas que, manteniendo su antiguo rol, suministrando “mano de obra” barata para el crimen organizado, se reprodujeron transformándose en una amenaza real para la estabilidad de todo el subcontinente.

Ese cóctel explosivo integrado por el crimen organizado, controlando fuerzas de seguridad e inteligencia, los contingentes de pandilleros que juegan el papel de “tropa” y carne de cañón de las sofisticadas organizaciones criminales de Centroamérica, sumado a la expansión de la migración a los EE. UU., ha pasado a ser un peligroso veneno esparcido en la última frontera de la nueva América del Norte, provocando una forma novedosa de guerra social transnacional que a nadie conviene, excepto al crimen organizado y al terrorismo global.

El fracaso y la miopía de las élites guatemaltecas, especialmente las élites política y económica, al permitir que se saliera totalmente de manos el tema del crimen organizado, dejan muy escasas opciones al Gobierno de los EE. UU., siendo la única alternativa operativa viable, cumplir con lo establecido por el marco constitucional para depurar los bolsones criminales de esas mismas élites, y acto seguido promover la reconstitución de la institucionalidad del Estado guatemalteco, con arreglo a las prioridades de la política de seguridad nacional de los EE. UU.

¿Será eso posible? Y si no lo es: ¿cuál será el porvenir de Guatemala?

Usted, estimado lector, tiene la palabra.

Ricardo Gómez Gálvez

Político de vocación y de carrera. Cuarenta años de pertenencia al extinto partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Consultor político para programas y proyectos de la cooperación internacional y para instituciones del Estado.

Guatemala: la historia inconclusa