Víctor Manuel Gálvez Borrell | Política y sociedad / DESDE ESTA ORILLA

Algunos conocedores del clima suelen llamar «calma chicha» a los momentos que preceden a la tormenta, cuando no hay certeza si esta se producirá o si logrará evitarse. Esta imagen ayuda a entender el ambiente que se respira en el país y marca la situación actual entre la CC y el Organismo Ejecutivo. Con la declaratoria de «no grato» del presidente Morales al comisionado de la Cicig, el 27 de agosto del pasado año, el ambiente se crispó. Y aunque el jefe del Ejecutivo no logró su cometido, empezó a prepararse para un mejor momento. La situación llegó al clímax recientemente, con el segundo antejuicio a Morales por financiamiento electoral ilícito y con los agrios comentarios de algunos diputados que criticaban la supuesta «inacción» del presidente. A ello se añadió el convenio entre la Cicig y el TSE del 16 de agosto de 2018, para dar asesoría a este último en materia de transparencia y acceso a la información; algo insostenible para los medios y consejeros de ultraderecha del presidente, que veían cómo la Cicig se «preparaba para intervenir» en la campaña electoral del próximo año. El desenlace ya se conoce: la conferencia de la prensa del 30 de agosto, la declaración de no renovar la Comisión en el 2019, la orden de impedir la entrada al país de Iván Velázquez y el vergonzoso discurso presidencial ante la ONU.

El 16 de septiembre, por unanimidad, los cinco magistrados de la CC resolvieron uno de los amparos provisionales, pero no mencionaron expresamente al comisionado Iván Velázquez; tres días después, apareció el nombre del comisionado en una nueva resolución de la CC, aunque esta vez, desapareció la unanimidad de los magistrados. No obstante, se ratificaba por mayoría, la decisión de la Corte de permitir el ingreso del comisionado y los funcionarios que la impidieran, serían penalmente denunciados. Llovieron entonces aclaraciones, nulidades y revocatorias por parte del Gobierno de la República sobre el amparo provisional que se otorgó a Iván Velásquez. La situación que se dibuja guarda relación con dos interpretaciones ligadas a los «efectos» de esta decisión de la CC: por una parte y para algunos, mientras el comisionado no intente «regresar al país» y consecuentemente no se le impida hacerlo, no habrá acto que reclamar y el incumplimiento no se verificará. Para otros, no hace falta verificar ningún hecho, pues al anunciar que no se le dejará entrar, este no volverá y el agravio está dado. Entre ambas interpretaciones se mueve la CC, tratando de no resolver cuando de hecho ya lo hizo. Y el Ejecutivo, intenta no forzar más las cosas, pero en la práctica, ya «cruzó el Ruvicón». ¿Existen experiencias previas de golpe de Estado en la historia reciente de la democracia en Guatemala, a las cuales echar mano para hacer comparaciones? Muy pocas y en todo caso, muy distintas.

Durante el Gobierno de la Democracia Cristina (1986-1990) se registraron, al menos, dos intentos de golpe militar frustrados. No se había firmado la paz y el ejército ejercía un poder importante de veto en los asuntos públicos. El segundo caso fue el golpe de Serrano Elías, el 25 de mayo de 1993. El mandatario disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la CC y al Procurador de Derechos Humanos. Conminó al TSE a convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la CC decretó, el mismo día, ilegítimo e inconstitucional lo actuado por Serrano, y el presidente del TSE desacató finalmente la convocatoria a elecciones. Los grupos sociales se articularon en la Instancia Nacional de Consenso y se opusieron al gobierno golpista, al igual que buena parte de la prensa y de la comunidad internacional. El presidente se quedó solo y el ejército lo abandonó.

Las únicas similitudes entre lo que pasa en la actualidad y el «Serranazo» parecen ser el deseo de «guardar las formas», compartidas por los principales actores en ambos casos. Independiente de ello, la CC actual se encuentra aislada, los movimientos sociales divididos, la mayoría de las organizaciones empresariales guardan silencio, el ejército –luego de que la CC resolvió la improcedencia de la acción interpuesta– manifestó que respetaría la resolución y el Gobierno de Estados Unidos se muestra ambivalente.

La «calma chicha» y la incertidumbre quizás se sumen a los ingredientes de los golpes de Estado contemporáneos, que, como señala Moisés Naím (elPeriódico 3-10-2018), se basan más en abogados que en tanques y en ataques armados al palacio presidencial.

Víctor Manuel Gálvez Borrell

Doctor en Sociología, de la Universidad de Paris I. Trabaja en la Universidad Rafael Landívar como coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

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