Victoria Aurora Tubin Sotz | Política y sociedad / Q’ASAXIK TZIJ (TRASLADANDO PALABRAS)

Desde que se firmó la paz, la dinámica y conflictividad social toma otro rumbo, fue el inicio de la presencia de las megaempresas con sus megaproyectos que han saltado procesos y protocolos sobre derechos específicos de los pueblos originarios, con la anuencia y aval del Estado guatemalteco, representado por el gobierno de turno y el sector empresarial, que ha mantenido una relación colonial y violenta con la población.

El discurso ha sido que hay gente que está en contra del desarrollo, del progreso y no ayudan para que la pobreza acabe, pero no dicen que la relación del Estado con los pueblos originarios ha sido colonialista, de tal manera que el concepto de desarrollo llega sin que se haya dialogado, consensuado y sin la plena participación de las personas que viven en el lugar.

A nivel nacional, es visible la conflictividad de las familias que viven cerca de la ejecución de los proyectos, liderado por empresarios extranjeros y nacionales, porque no hay respeto y mucho menos diálogo. El Estado de Guatemala, en repetidas ocasiones, ha violentado el Convenio 169, al que es Estado parte y se ha comprometido ejecutar lo suscrito.

En los últimos años, la represión ha sido evidente en contra de lideresas y líderes que defienden el territorio de todos estos proyectos, hay varias personas con órdenes de captura, otros se encuentran en prisión por delitos poco comprobados, además, ni siquiera ha habido posibilidades de que se investigue los tipos de injusticias que se cometen contra ellos y ellas. Se ha creado un estado de zozobra en las comunidades, porque nuevamente se ha creado división, por la forma perversa de operar. La gente se empieza a ver como enemigos, porque algunos quizá por trabajo defienden a las empresas, pero otros que tienen clara la función de estas empresas han mostrado su rechazo.

En el caso particular de la población Xinka, que ha mostrado resistencia a las operaciones de la Minera San Rafael, en el municipio de San Rafael Las Flores, pese a su gran lucha y de sufrir todo tipo de violencia, entre atentados, asesinatos de sus líderes y persecución, también le ha sido anulada su existencia, ya que, luego de lograr la sentencia para parar las operaciones de la empresa por no haber consultado, se puso en duda su existencia en el lugar, de tal manera que dos universidades tuvieron que realizar estudios para determinar si realmente existían o no en ese territorio.

Ahora que se demostró su presencia, existencia y coexistencia, la Corte de Constitucionalidad resuelve que sí se debe proceder a la consulta comunitaria, la cual, según información recabada, se realizará bajo la responsabilidad de instituciones del Estado, pero como se dictaminó, la CC solo quiere proceder a cumplir con la consulta pero que la empresa pueda seguir trabajando. Es decir, no es determinante si el resultado fuera un NO ROTUNDO a la presencia de la empresa.

En este contexto, el Convenio 169 claramente establece cómo debe proceder el Estado hacia la población indígena, en el artículo 18, que desde el inicio fue violentado, porque expresa que: «Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos…». Esta es la forma en que se debió proceder, la plena participación en las decisiones del pueblo Xinka y desde sus procedimientos.

Y en el artículo 19 del mismo Convenio indica que «los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado». Al revisar con lo expuesto por la CC no parece tener esta intención, ni se busca consensuar si efectivamente la empresa debe continuar o retirarla del lugar.

Sin olvidar que la Constitución Política de la República, en los primeros artículos, enfatiza el derecho a la vida, a la obligatoriedad del Estado de proteger a la población en igualdad de condiciones, por lo tanto, esa decisión libre debe respetarse e influir, como tampoco se debe manipular forzosamente un resultado que no es lo que la población pide.

La lucha del pueblo Xinka no es un capricho, ni es para un fin de lucro, es para defender la naturaleza, porque cree firmemente que la naturaleza tiene dignidad, es parte integral en la vida y la vida de todos los seres vale mucho. Esto le da sentido a sus pensamientos ancestrales de cómo equilibrar su energía a partir de su relación con el universo que debe ser cuidado, respetado y dignificado. Por lo tanto, la destrucción de cerros, contaminación del aire, del agua y otros elementos destruye también su vida y su entorno.

Victoria Aurora Tubin Sotz

Mujer maya kaqchikel, socióloga, magister en Comunicación para el Desarrollo y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, USAC. Soy crítica y activista en las diferentes luchas de los pueblos originarios, a partir de mi pertenencia étnica y ser desplazada durante el conflicto armado interno, con la desaparición forzada de mi padre y una familia fracturada.

Q’asaxik tzij (Trasladando palabras)