-Ricardo Gómez Gálvez / GUATEMALA: LA HISTORIA INCONCLUSA–

La presente campaña histórica nacional contra la corrupción y la impunidad, fenómeno que alcanza hoy dimensiones global y regional, requiere en este momento crítico una revisión en su estrategia general, con el fin de identificar los elementos para iniciar y generar un consecuente plan de acción, que sea capaz de remontar las falencias que se advierten en su dinámica, en una situación sumamente comprometida, ya que esas dinámicas estratégicas y esos resultados operativos, involucran consecuencias internas y externas muy sensibles, dadas las circunstancias geoestratégicas que enmarcan estos esfuerzos en la región, con consecuencias imprevisibles ante el posible fracaso de este emprendimiento social interno.

Queda claro que se trata de un emprendimiento sociopolítico que, dado su carácter histórico, no será de corto plazo. Un sistema político que ha descansado a lo largo de siglos en una forma autoritaria, violenta y excluyente de ejercicio del poder, en manos de una exigua minoría corrupta y privilegiada, para perpetuar la dominación y el despojo de la mayoría, no puede ser remontado sino en una visión intergeneracional. Se requerirá por lo menos de una generación para conseguir cambios fundamentales.

Aunque el emprendimiento, basado en la ola mundial de combate a la corrupción, tiene apenas tres años en Guatemala, se pueden ya apreciar sus tendencias dominantes, destacando el fuerte apoyo que la misma ha obtenido de la mayoría de la población, aunque ahora preocupa el reflujo de este apoyo, ante el rudo embate de la contraofensiva de los CICIACS.

Se puede predecir que el proceso se caracterizará por esos flujos y reflujos que ya experimentamos en estos primeros tres años; debemos esperar por lo menos un período gubernamental para efectuar un primer balance indicativo y extraer la identificación de tendencias significativas, lecciones aprendidas y primeras conclusiones.

Sin embargo, existe una condición indispensable para asegurar la sostenibilidad de este proceso: se trata de construir ese gran ausente de estos primeros treinta años de proceso democratizador, que desafortunadamente nació huérfano de esa condición: la existencia sostenida y creciente de una ciudadanía políticamente consciente y participativa, la cual fue aplastada por los excesos de la guerra contrainsurgente, que incluso llegó al extremos de destruir deliberadamente el tejido social.

Un prerrequisito necesario para impulsar la construcción de esa ciudadanía ha de ser configurar una nueva moral democrática, que sustituya las medias verdades, la hipocresía social, las ambigüedades, los eufemismos y el doble discurso maniqueo del estatus político cultural, que ha normalizado e incluso ensalzado la corrupción y promovido a su hermana gemela, la impunidad estructural en los espacios sociales público y privado.

En teoría, este proceso deberá transformar dos espacios claves para construir los vectores de la nueva moral democrática: la familia, hoy en peligrosa decadencia víctima de la atroz vida moderna, y la escuela preprimaria y primaria, como viveros de ciudadanos caracterizados por su sentido de la integridad personal, basada en la solidaridad, la cooperación y la tolerancia sociales. Ambos como espacios sociales comprometidos con la verdad, la libertad y la justicia y por ende con el establecimiento de una nueva sociedad basada en la equidad y la inclusión.

El sistema político patrimonialista originado en nuestra trágica historia desde la llamada independencia, plagado de atropellos a la dignidad humana, desigualdad social y discriminación racial, utilizó el espacio de la política para imponer una forma concreta de ejercicio del poder de origen colonial, que imponía un doble discurso originado en un sistema de justicia corrompido y disfuncional, que se enmarcaba en un sistema legal que consagraba principio y valores ficticios complementado por una práctica política y judicial que hacía nugatorios esos valores de papel.

La política tradicional solamente ha sido una justificación de esa forma predeterminada de ejercicio del poder que garantizaba la subyugación de las mayorías a favor del expolio ejercido por minorías prepotentes y privilegiadas.

La creciente complejidad de la vida social, aumentada exponencialmente por los resultados de la guerra, terminaron por desvirtuar el espíritu del proceso democratizador iniciado con la promulgación de la Constitución de 1985, la cual fue víctima de la persistencia de esta forma autoritaria e ilegal de ejercicio del poder, en el marco de la cual florecieron los CICIACS, verdadero sistema de poder paralelo, cuyos desmanes condujeron a la crisis política del 2015.

La política y peor aún lo político, entendiendo esto último como la correcta gestión del bien común, quedaron estigmatizados y confundidos en el imaginario social, transformándose en meros ejercicios electorales, rehenes de un sistema electoral y de partidos ampliamente colapsado, que condena al ciudadano a votar, pero vendándole el derecho constitucional a elegir, convirtiendo la democracia electoral en un procedimiento delegativo ilegal, crecientemente absurdo, y en un negocio de mafias bajo la forma de los CICIACS.

La única forma de superar estas graves falencias lo constituye, como ya se apuntó, un proceso intergeneracional de construcción de ciudadanía políticamente consciente y participativa, mediante un proceso de formación política democrática, operado al interior de la familia y sistematizado en la educación formal, especialmente en la primera infancia.

Tal como lo prescribe la ley y para los cual se destinan fondos específicos a los partidos políticos, este proceso bajo la forma de formación política de electores debería implementarse bajo la supervisión de la autoridad correspondiente, mediante programas permanentes y extensivos de formación política a los integrantes de los partidos. Hoy día la legislación vigente establece una estructura institucional del Tribunal Supremo Electoral, la cual no corresponde con estas necesidades, desbordándola ampliamente.

Deben ser los nuevos partidos democráticos los responsables de la formación política de los electores; los partidos políticos del siglo XX, durante el autoritarismo militar posterior a la intervención extrajera de 1954, en el marco de la guerra fría caracterizada por la lucha ideológica, asumieron y practicaron programas de formación ideológica y política que desafortunadamente desaparecieron.

Para construir ciudadanía se requiere de un proceso de largo aliento. Este emprendimiento social es urgente y se inicia con la necesidad de articular ahora una ciudadanía participativa capaz de protagonizar la lucha política contra la corrupción, mediante el fortalecimiento de la institucionalización del Estado democrático.

En algún momento de su historia, todos los pueblos enfrentaron y enfrentan este desafío. Ahora le corresponde el turno a Guatemala.

Ricardo Gómez Gálvez

Político de vocación y de carrera. Cuarenta años de pertenencia al extinto partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Consultor político para programas y proyectos de la cooperación internacional y para instituciones del Estado.

Guatemala: la historia inconclusa