-Camilo García Giraldo / REFLEXIONES–

Una parte significativa de la sociedad norteamericana padece una grave deformación mental desde que se constituyó como tal hace más de 200 años: la de creer que las personas mayores de edad tienen el «derecho» natural e inalienable de comprar y poseer armas de fuego. Creencia que surgió del hecho que los legisladores en 1791 les dieron o reconocieron ese derecho a través de una enmienda que introdujeron a la Constitución -la Segunda Enmienda-. Y al concederles ese derecho lo asumieron e hicieron suyo como si fuera un derecho esencial de sus vidas.

Sin embargo, este derecho establecido por estos legisladores no es un verdadero derecho como lo pensaron, y piensan muchos de ellos, es, al contrario, un falso derecho porque las personas que adquieren las armas libremente en el mercado las pueden usar, como en efecto las han usado en infinidad de ocasiones, para matar a otras personas. De ahí que este derecho sea en el fondo y en definitiva el «derecho» que adquieren de matar; pues el derecho de los ciudadanos a comprar y portar armas supone implícitamente el derecho que tienen de usarlas, y por lo tanto, el de herir o matar a otros. Pero Sin embargo, cuando estos ciudadanos lo ejercen son perseguidos por las autoridades, capturados, juzgados y condenados a largas penas de cárcel y muchas veces a la muerte. Hecho profundamente irónico y paradójico en tanto el Estado que les da el derecho de adquirir los medios para matar es el mismo que los sanciona con severas penas cuando los usan.

Por eso, en contravía con la decisión de los legisladores que escribieron las constituciones de los demás Estados modernos en occidente que suprimieron o negaron de un tajo ese derecho que los soberanos de los Estados monárquicos tradicionales tenían, los de los Estados Unidos no solo lo mantuvieron vigente para sus autoridades judiciales sino también se lo concedieron en la práctica a todos los miembros de la sociedad mayores de edad.

Y el argumento principal que presentaron estos legisladores es que una persona mayor de edad es alguien capaz siempre de usar bien su razón; y al usarla bien decide siempre usar el arma de la que dispone en función de lo que esa razón lo dice o le ordena, es decir, para defenderse de una amenaza armada y violenta que otra u otras personas le hacen. Sin embargo, en la realidad esto no siempre es así porque muchas personas mayores de edad compran armas en el mercado legal del país, y por supuesto en el ilegal que se nutre de armas que una vez fueron adquiridas legalmente, con propósitos diferentes y claramente ilegales como el de cometer robos y atracos en casas particulares, en bancos y establecimientos comerciales, los de amenazar a otras personas para despojarlos de su dinero y bienes o para chantajearlos, o para matar a otros. De tal manera que el hecho de que las personas sean mayores de edad no garantiza de ninguna manera que las usen correctamente solo para proteger sus vidas cuando se encuentran amenazadas.

Pero además, algunos menores de edad a los que no se les reconoce ese derecho a comprar y usar armas de fuego, en especial rifles semi-automáticos, se han aprovechado a lo largo de las últimas décadas del hecho de que sus padres y familiares las posean o de que existen en abundancia en el mercado negro ilegal para adquirirlas y usarlas en las escuelas donde estudian para disparar indiscriminadamente contra sus compañeros, provocando auténticas masacres como la última que provocó hace unos días el joven Nikolas Cruz en la escuela ”Marjory Stoneman” en La Florida matando a 17 personas. Son jóvenes sin lugar a dudas mentalmente perturbados; pero que si no hubieran tenido a la mano estas armas de fuego nunca habrían podido cometer estos crímenes.

Ahora bien, los legisladores del Estado norteamericano al otorgarles el derecho a los ciudadanos mayores de edad de comprar y tener armas de fuego hicieron algo más e igualmente grave y equivocado: el que ese Estado renunciara a tener el monopolio exclusivo de las armas de fuego tal como los legisladores de todos los demás Estados modernos han establecido normativamente de manera clara y estricta. Pues uno de los rasgos que distinguen los Estados modernos de los tradicionales es el de atribuirse el derecho exclusivo de poseer las armas de fuego y el de concedérselo solo a algunas personas particulares por motivos especiales. Decisión trascendental que sin lugar a dudas a servido para evitar más y mayores actos de violencia de los que realizan algunos de sus ciudadanos. Sin embargo, los legisladores y dirigentes políticos norteamericanos, en contra de nuevo de esta condición racional y valiosa de los Estados modernos, decidieron renunciar a este monopolio en aras de asegurarle a sus ciudadanos mayores el falso derecho de comprar y poseer armas de fuego que en la práctica solo ha servido para extender y multiplicar las muertes violentas, y casi siempre profundamente injustas, en el cuerpo de su sociedad.

Por esa razón es urgente que los ciudadanos del país concientes de este grave problema, y en especial, los jóvenes estudiantes se movilicen activamente, como en efecto lo están comenzando a hacer, para exigirle a los gobernantes, dirigentes políticos de los dos partidos demócrata y republicano y los congresistas que supriman esa Segunda Enmienda de la Constitución, o por lo menos, que prohiban como un primer paso la venta de rifles semiautomáticos que son los que usan estos jovenes trastornados para asesinar a sus compañeros y los que más usan los delicuentes del país para perpetrar sus delitos. A pesar de que el presidente Obama fracasó hace unos años en su intento de lograr que el Congreso aprobara esta medida, debido a la mayoría que tenía el Partido Republicano en su seno y a la férrea y beligerante oposición que ejerció la Asociación del Rifle que representa a los comerciantes que las venden obteniendo ingentes beneficios económicos, es hora de que todos los que están convencidos del grave daño social que ocasiona el ejercicio de este falso derecho hagan oír con fuerza y sin descanso su voz en todos los rincones del país.

Camilo García Giraldo

Estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Bogotá en Colombia. Fue profesor universitario en varias universidades de Bogotá. En Suecia ha trabajado en varios proyectos de investigación sobre cultura latinoamericana en la Universidad de Estocolmo. Además ha sido profesor de de Literatura y Español en la Universidad Popular. Ha sido asesor del Instituto Sueco de Cooperación Internacional (SIDA) en asuntos colombianos. Es colaborador habitual de varias revistas culturales y académicas colombianas y españolas, y de las páginas culturales de varios periódicos colombianos. Ha escrito 7 libros de ensayos y reflexiones sobre temas filosóficos y culturales y sobre ética y religión. Es miembros de la Asociación de Escritores Suecos.

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