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Un grupo de exfuncionarios, que en distintos momentos han sido responsables de la política exterior guatemalteca, han hecho circular su reflexión sobre lo sucedido este bochornoso 31 de agosto. El país ha sido puesto ante la mirada atenta de la comunidad internacional, generando opiniones y consecuencias que no son las más beneficiosas para el grupo gobernante, con impactos nefastos en la vida política y social del país. A continuación, el texto completo de su declaración.

Desafortunada y preocupante decisión sobre el futuro de Cicig

El viernes 31 de agosto fuimos sorprendidos por una declaración del presidente Jimmy Morales anunciando con un año de anticipación su desafortunada decisión de no prorrogar el mandato de la Cicig que vence en septiembre de 2019. Creemos necesario compartir algunas consideraciones en torno a lo ocurrido por su trascendencia nacional y regional –al pretender alejarse de la lucha contra la corrupción y la impunidad–, y porque afecta directamente nuestra imagen externa y contamina nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales.

¿Qué lectura se puede tener de lo sucedido ayer, qué mensaje estamos enviando a nuestra propia población, y qué estamos reflejando hacia el exterior?

Más allá de la argumentación formal que contiene la nota enviada a tal efecto al secretario general de la ONU, António Guterrez, han llamado la atención no solo los argumentos utilizados en las palabras del presidente Morales durante el anuncio, sino sobre todo el hecho de que se presentara en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional –junto al vicepresidente Cabrera, la canciller Jovel y el ministro de Gobernación Degenhart–, al frente de una gran cantidad de militares y policías uniformados.

Asimismo sorprendió que el anuncio fuera precedido de un patrullaje calificado como «de rutina» –lo que nadie cree–, de vehículos de tipo militar donados a la policía por el Gobierno norteamericano, algunos artillados con ametralladoras de alto calibre, que circularon por el carril auxiliar de La Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos de América, y que se fueron a estacionar un rato frente a la sede de la Cicig.

Estas señales elocuentes de respaldo castrense y policial, se mezclan con una argumentación trasnochada de defensa de la soberanía nacional que, al par que re-edita la confrontación interna surgida desde hace un año en contra del supuesto «intervencionismo internacional» materializado en la Cicig, alimenta nuevamente la conflictividad interna en lugar de contribuir a disminuirla, y además opta por apartarse abiertamente de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la impunidad –que es un enorme problema mundial–, exhibiendo nacional e internacionalmente un claro retroceso en estos esfuerzos, justamente cuando él mismo está siendo investigado por presunto financiamiento electoral ilícito, cuando él era secretario general del partido FCN/Nación.

Se proyectó con bastante contundencia que el respaldo con el que este Gobierno y este presidente cuentan, en particular en este tema de Cicig, ya no proviene de un equipo civil de su Gabinete multisectorial, ni tampoco de liderazgos ciudadanos diversos sino abiertamente de estructuras y mandos militares y de las fuerzas de seguridad del Estado. Parece que en adelante se gobernará fundamentalmente con el respaldo castrense y no con la búsqueda de acuerdos democráticos.

Además, pareciera que se quieren asegurar de que cuando dejen el puesto en el 2020, ya no existirá una Cicig que los investigue. Esto, además, parece corroborarse con el desmantelamiento en los últimos meses de las estructuras profesionales de investigación de la policía, que tomaron más de 20 años formar a partir de los Acuerdos de Paz.

Adicionalmente, este Gobierno está ignorando completamente la posibilidad de que el nuevo Gobierno que resulte electo dentro de un año, pueda tener alguna palabra en la decisión de si quiere que continúe el apoyo de la Cicig al MP durante la próxima administración. Se la está liquidando de antemano, antes de que asuma.

Se ha querido insistir tercamente en que este tejido de colaboraciones internacionales –por demás indispensables en el mundo de hoy para enfrentar gran parte de los desafíos locales y globales para consolidar el libre juego democrático– representa una conspiración externa para condicionar nuestro desarrollo, y un plan con aliados internos para desestabilizar el Gobierno y eventualmente liquidarlo.

Pero sobre todo parecen olvidarse o ignorarse las circunstancias, condiciones y motivaciones de grave contaminación de los tres poderes del Estado que llevaron al Gobierno guatemalteco a solicitar el apoyo de la Secretaría General de la ONU para concurrir con la implementación esta Cicig, infecciones que aún no han terminado de erradicarse. Y que no se podrán resolver con un escaso año final de transferencia de capacidades como se ha querido argumentar.

Por todo lo anterior, consideramos muy desafortunado el anuncio anticipado de la no renovación del mandato de Cicig por todo lo que conlleva. Afortunadamente muchas voces se han alzado ya en contrario, que adversan lo anunciado, que apoyan la labor continuada de la Cicig en apoyo del Ministerio Público, y que elocuentemente se están expresando a nivel internacional también para que se sepa que la población guatemalteca no acompaña esta posición del presidente Morales ni de lo que proyecta la masa de uniformados que estaban detrás de él durante el anuncio.

Guatemala, 2 de septiembre 2018

Eduardo Stein Barillas –ex vicepresidente y excanciller–, Fernando Carrera Castro –excanciller–, Edgar Gutierrez Girón –excanciller–, Alfonso Cabrera Hidalgo –excanciller–, Ariel Rivera Irias –excanciller–, Francisco Villagrán de León –exembajador en Washington–.