Víctor Manuel Gálvez Borrell | Política y sociedad / DESDE ESTA ORILLA

No es común que la «conjunción astral» ocurra, pero tampoco es imposible. Así, entre el 16 de junio –primera vuelta electoral– y la fecha que indicará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la segunda, en caso no haber mayoría absoluta, se elegirá presidente y vicepresidente de la República. Se elegirá igualmente, los 168 diputados –128 distritales y 32 por listado nacional–. Y los 13 magistrados(as) y los 13 suplentes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además, los aproximadamente 150 magistrados(as) titulares y 150 suplentes a las Salas de las Cortes de Apelaciones deberán tomar posesión antes del 13 de octubre de este año y serán electos por los actuales diputados al Congreso de la República. De tal suerte que tendremos nuevo Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial resultado de lo anterior, siempre que no se produzca un «golpe de Estado» por el presidente Morales, si este decide no acatar el resultado de los últimos amparos de la Corte de Constitucional (9 de enero 2019).

La «conjunción astral» no debería sorprendernos, salvo que se producirá en uno de los peores momentos de la historia política del país. En efecto, desde el segundo semestre de 2016, el comisionado Iván Velázquez había sentenciado premonitoriamente que: «… estamos frente a un sistema de corrupción que cooptó y reconfiguró el sistema de partidos políticos, el aparato institucional y hasta la agenda de intereses estratégicos de Guatemala» (conferencia de prensa 2-06-2016). A lo largo de los siguientes tres años, nos hemos dado cuenta del sentido de tal aseveración, de su magnitud y, sobre todo, de los contrapoderes que se han liberado para oponerse a la lucha contra la corrupción. El empecinamiento del presidente Morales para erradicar a la Cigic, debilitar al MP, cambiar al PDH, así como de sustituir la oposición parcial que todavía se encuentra en la Corte de Constitucionalidad y, más tímidamente, en el TSE, se concretaron con el anuncio de la «terminación» del mandato ante NN. UU. el lunes 7 de enero de 2019.

Tras un trabajo preparado durante varios meses, el Gobierno actual a consolidado su posición, con el apoyo de grupos de la extrema derecha (Fundaterror, Guatemala inmortal, Liga Pro Patria, entre otros), el sostén de parte de la oficialidad del Ejército –dentro de un clima no totalmente claro para la institución armada– y la complicidad del Cacif y de grupos de empresarios corruptos. Esto último se evidencia con el pago de Q 100 millones efectuado por el Cacif a lobistas en Washington contra la Cigig (Nómada, 19-10-2018) y a otros en el 2017 contra el ex embajador estadounidense Todd Robinson e Iván Velázquez (Nómada, 11-10-2018), así como con el apoyo cómplice y apresurado al gobierno, luego de la declaración de Morales el mismo 7 de enero.

Los eventos del presente año serán decisivos dentro de la reacción que se espera por parte del «bando de corruptos y golpistas» para cooptar los tres poderes del Estado. A nivel electoral, no parece estar aún definida la fórmula que impulsará el Ejecutivo para apoyar la presidencia y vicepresidencia, ni la discusión de las eventuales primera y segunda opción para ello (en caso que la primera no resulte y para no dejar ninguna eventualidad al margen). La discusión de los listados de diputados a integrar el Congreso, así como los acuerdos con el Cacif, no serán fáciles de alcanzar, si es que en algún momento se logran.

En cuanto al Poder Judicial, el trabajo será diferente: pasará por las correspondientes «comisiones de postulación», como consecuencia del impasse en el que cayeron las reformas constitucionales al sector justicia –que ya evidenció el declive de la Cigig desde finales de 2016 y que pasó desapercibido–. La integración del representante de los rectores que presidirá tales comisiones, de los decanos de las Facultades de Derecho y de sus restantes miembros: Colegio de Abogados y Notarios y magistrados, presagia ser una «batalla campal» para tratar de cooptar el sistema judicial con candidatos afines, como ocurriera durante el 2014. Frente a lo anterior, aunque se dibuja una ciudadanía y un electorado cansado y dividido, no siempre bien informado, apático, pero harto de los abusos de poder, la corrupción, el cinismo y las promesas «jamás cumplidas», es lo único que nos queda para rescatar la dignidad, la esperanza y la confianza, siempre que las «fuerzas obscuras» no instrumenten un golpe de Estado.

Víctor Manuel Gálvez Borrell

Doctor en Sociología, de la Universidad de Paris I. Trabaja en la Universidad Rafael Landívar como coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

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