Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

Es jueves 6 de septiembre por la noche, cuando empiezo a escribir este artículo, y para entonces la crisis política desatada entre el presidente Jimmy Morales y el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, todavía es incierta en cuanto a su desenlace, debido a que las coyunturas modifican los escenarios en cuestión de horas, aunque así suele ocurrir en toda crisis de este tipo.

A estas alturas, sabemos que el pulso tomó rutas que eran impredecibles. Nadie o casi nadie, esperaba que Velásquez saliera repentinamente hacia Washington y menos, que el Gobierno aprovecharía la circunstancia para prohibirle de una vez por todas el reingreso al país.

Y era difícil imaginar que, ante una declaración de guerra, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, respondería con la sutil maniobra de autorizar al comisionado para continuar su trabajo desde Nueva York. Maniobra que en cuestión de horas fue derribada, cuando el Departamento de Estado le tendió una tabla salvadora a Morales, al otorgarle su descarado respaldo y lanzar la idea de una Cicig «renovada». Una Cicig sin dientes.

Obviamente, la postura de los gringos ha desatado el júbilo en el Mariscal Zavala, en la Francisco Marroquín y en los bolsillos hinchados de pigmeos morales e intelectuales como Ricardo Méndez Ruiz, Estuardo Zapeta, Polo-Polo y una tal Bárbara Hernández, cubana de nacimiento, bazofia por decisión. Miserables bastardos que armaron la guerra contra la Cicig bajo el pretexto de la injerencia extranjera, pero que mandaron al diablo la soberanía y tu hermosa bandera, al nada más enterarse que los patronos gringos cambiaron las reglas del juego.

Y ni modo, que Guatemala depende de la sacrosanta voluntad de los Estados Unidos es una verdad de Perogrullo que ahora admite sin rubor la izquierda y hasta deposita su fe en el norte. Y si no, veamos cómo resurgió la esperanza en ellos, cuando el senador Patrick Leahy, vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado de EE. UU., anunció que la cooperación del Plan Alianza para la Prosperidad está en riesgo para el país, a causa de las medidas tomadas por Morales contra la Cicig.

A estas alturas, algunos analistas –de esos extrañamente lúcidos– han llegado a la conclusión de que la era Velásquez ha pasado a la historia y que no habrá movilización capaz de revertir su destino. Y que los esbirros de Trump tomaron la sartén por el mango y contra eso no hay nada que valga. Aún así, la esperanza de los pro Cicig se resiste a abandonar su lucha, confiando en que la asustada Corte de Constitucionalidad sea capaz de reaccionar y otorgar un amparo, pese a que ya le negó otro al procurador de los Derechos Humanos.

Por todo ello, es lamentable que la ciudadanía se haya visto inmersa en una batalla que le es particularmente ajena. Y es que, puestos a pensar, si el mayor pecado de Morales fue utilizar el poder para salvarse de una segura persecución penal, el de Velásquez fue el de empañar la justicia, esa que se le había encomendado transparentar, para incurrir en excesos imperdonables.

Vamos a definir lo anterior: se dice que la polarización nos llevó a dividir entre los que están a favor de la Cicig y los que están en contra. Sin embargo, estamos también los que apreciamos su trabajo pero también la cuestionamos, porque tenemos dudas de sus actuaciones, porque no creemos que la Comisión sea perfecta, pero eso no es igual a ser anti Cicig.

A modo de ejemplo, no me explico cómo es posible que Velásquez solicitara encarcelar al gabinete entero del presidente Álvaro Colom, cuando todo lo que tienen como evidencia por el caso Transurbano es un acuerdo administrativo. Y a causa de ello es que, en estos cinco años que lleva la investigación, el MP y la Cicig no han tenido la hidalguía de reconocer que los únicos beneficiados con esos recursos fueron los empresarios que se hicieron cargo de ejecutarlos.

Igualmente, resulta inexplicable cómo es posible que la Cicig montara un caso en contra de un expresidente del Banco de los Trabajadores, cuando este no es un Cuerpo Clandestino de Seguridad ¡Vamos! ¡Ni siquiera es dependencia del Estado! La supuesta confusión obedece a que el gobierno de Peralta Azurdia destinó un aporte inicial para el funcionamiento del banco y por ello, en el acuerdo gubernativo correspondiente, el nombramiento del presidente de la Junta Directiva es facultad del jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, esos recursos hace años que fueron retirados para destinarlos a la adquisición de Bonos del Tesoro (lo cual se demostró en una de las indagatorias), por lo que automáticamente adquirió el carácter de negocio privado. Es más, el Bantrab ni siquiera es fiscalizado por la Contraloría de Cuentas –como correspondería en el caso de una dependencia estatal– y por ello, dicha función la cubre la Superintendencia de Bancos, como corresponde a cualquier banco del sistema. Pero no. Nada de esos argumentos tiene valor para Velásquez y, mientras tanto, el expresidente del banco ya casi cumple dos años en prisión «provisional».

Por supuesto, esos hechos no desmerecen los hitos logrados en otros casos investigados por la Cicig. Es simplemente que esa no fue la línea general de trabajo. Sé que el país pierde mucho, pero habría ganado más si tan solo Velásquez se hubiera concentrado en garantizar un apego inmaculado al mandato; a una administración de justicia sin lesionar derechos individuales y, sobre todo, jamás haberse creído que fue llamado para ser el gran componedor de nuestro sistema político.

Se dice que los hombres pasan, pero las instituciones permanecen. Por el bien de Guatemala, por la efectiva instauración de una lucha anticorrupción, por el futuro de nuestros hijos y nietos, esperamos que así sea, ante el previsible escenario de una Cicig sin Iván.

Fotografía tomada de Publinews.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

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