Carlos Juárez | Política y sociedad / CLANDESTINO Y ARTESANAL

La vida es el derecho humano más grande que puede existir. Las sociedades y los Estados del mundo se organizan para garantizar el derecho a la vida de todos los habitantes de este mundo. No existe, al menos explícitamente, ningún país del mundo en el que no se garantice, en su organización política, el derecho a la vida de cada uno de sus habitantes.

Es el único derecho humano absoluto que existe, pero no es posible ejercerlo plenamente sin otros derechos humanos que lo asisten. Tal es el caso del derecho a la salud, al trabajo, a la integridad y a la libertad de expresión.

Este último es fundamental en las sociedades del siglo XXI, el derecho de libertad de expresión y su grado de garantía es incluso un medidor del bienestar que goza cada individuo en el Estado al que pertenece.

La complementariedad del derecho de libertad de expresión abarca también el derecho de acceso a la información pública, otra herramienta vital para los ciudadanos del mundo, quienes, con el acceso a los datos del Estado, son capaces de informarse verazmente, analizar la información y dirigir sus acciones de conformidad con el mejor raciocinio posible.

Al mismo tiempo, el derecho de acceso a la información pública comprende el derecho de buscar, recibir y difundir información en poder del Estado, siempre y cuando esta no cuente con la etiqueta de reservada o confidencial.

Esta parte de la libertad de expresión es particularmente clave en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo en la actualidad con el COVID-19. Sin el acceso a la información pública, los ciudadanos se conducen a ciegas rumbo a un precipicio, pues no tener información veraz y confiable solamente abona a la inseguridad sanitaria de un país.

Para la era de la información, este derecho se ha convertido en una herramienta imprescindible para ejercer otros derechos. Cuando las personas cuentan con la información que genera el Estado, son capaces de realizar las mejores acciones de prevención de contagios. Esto, a la larga, incide en la sociedad entera, ya que evita la propagación del virus de forma irresponsable.

El libre acceso a datos públicos también es clave para el llamado cuarto poder. La prensa que posee los datos generados en las entidades oficiales, posibilita el flujo de información hacia sus usuarios, quienes obtienen de una forma sistematizada el conocimiento de una fuente responsable y especializada.

A su vez, las redes sociales, principales fuentes de intercambio de información, posibilitan la masificación de los datos. Esto es primordial derivado de que la inmediatez y sencillez con que puede llegar la información, genera mejores prácticas de prevención en un contexto como el actual.

Solamente imaginemos cómo podríamos enfrentar una pandemia tan peligrosa si no existiera intercambio de información inmediato como lo hacemos en la actualidad en las redes sociales. Estaríamos hablando en este momento de casi el exterminio de gran cantidad de la población mundial.

Resulta primordial para las entidades oficiales garantizar este derecho, el cual ha sido definido por distintos organismos de derechos humanos como un derecho de primera línea, el cual permite ejercer otros derechos que coadyuvan al bienestar de las poblaciones del mundo.

Su garantía nos beneficia a todos, sin embargo, no siempre es entendido de esa manera por los funcionarios públicos. Ya en varias oportunidades los guatemaltecos hemos sido testigos de grandes incoherencias en el Gobierno central, la información que se difunde no siempre es respaldada ni siquiera por los mismos miembros del gabinete de ministros.

Esa ausencia de compromiso con la libre emisión del pensamiento y con el derecho de acceso a la información puede convertirse a futuro en violaciones a derechos humanos de la población que serán lamentadas por mucho tiempo. Es importante que se den a conocer datos reales de lo que está sucediendo, del número de pruebas practicadas y el número de personas que se quedan en casa con el contagio.

Nunca antes el derecho de acceso a la información pública había salvado tantas vidas, su ejercicio permite garantizar el derecho a la vida, fin supremo en Guatemala y el mundo. El Gobierno debe evitar caer en violaciones a este derecho y, por el contrario, promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas, base sólida para una sociedad sana, informada y desarrollada.

Carlos Juárez

Estudiante de leyes, aprendiz de ciudadano, enamorado de Guatemala y los derechos humanos, fanático del diálogo que busca la memoria de un país con amnesia.

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