Carlos Enrique Fuentes Sánchez | Política y sociedad / EL EDUCADOR

En los últimos diez días han ocurrido varios acontecimientos importantes para el país. Uno de ellos ha sido el paro magisterial para forzar la aceleración de la homologación del pacto colectivo firmado entre el Ministerio de Educación y el STEG. Este paro, iniciado hace 20 días y finalizado el viernes pasado, fue provocado, según los diputados Alejos y Monzón, por la ineptitud del ministro de Finanzas quien, desde que el documento del pacto llegó al Ministerio respectivo, debió enviar al Congreso la solicitud de ampliación del presupuesto para Educación, lo cual no hizo sino hasta 15 días después de iniciado el movimiento magisterial. La firma del acuerdo para retornar a clases se debió, ante todo, al amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad otorgó a la Cámara del Agro, en un tiempo récord, haciendo sospechar que quienes siguen gobernando en el país son los oligarcas de siempre.

¿Por qué la Corte de Constitucionalidad no ampara a los maestros quienes solo exigen el cumplimiento de lo establecido en las leyes laborales vigentes? Porque es cierto que el artículo 53 del Decreto Legislativo 1485 obliga al Estado a aumentar el salario de los maestros anualmente de acuerdo al costo de la vida. Como esta ley no se ha cumplido por parte de gobierno alguno, el magisterio optó por el otro camino legal: la firma de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, fundamentado en el artículo 49 del Código de Trabajo. Este pacto fue firmado, después de dos años de negociaciones, el 8 de febrero pero, hasta hoy, no ha sido homologado, a pesar de existir los recurso necesarios que pudieron ser transferidos de todos aquellos fondos que los ministerios no ejecutan, incluyendo al Ministerio de Educación, tal y como lo expresaron los diputados mencionados. Ahora, finalizado el paro, se le reconoce al magisterio nacional, aglutinado en el STEG, ser respetuosos de la ley y la institucionalidad, al acatar el amparo emanado de la Corte de Constitucionalidad. Además, se reconoce el buen papel desarrollado por el procurador de los Derechos Humanos. Los acuerdos logrados el viernes, no obstante, no limitan los otros derechos del magisterio como son el de reunión y manifestación pacífica y el de petición.

El segundo hecho importante es la lucha de aquellos diputados que, allegados a la corrupción e impunidad, buscan la firma de un nuevo pacto de corruptos para evitar ser sancionados por propiciar financiamiento electoral ilícito. El señalamiento no es nuevo y siempre constituyó un delito que anteriores autoridades no quisieron castigar. Nadie puede alegar ignorancia de la ley y, ahora, deben pagar quienes efectuaron tal acción delictiva. No obstante, y a pesar del divisionismo que se está evidenciando en algunas bancadas, es casi seguro que lograrán los votos para aprobar una ley que favorezca a aquellos diputados señalados y que son quienes más luchan por lograr dicha ley.

Por otro lado, fuente de total admiración, pero no de extrañeza, ha sido la solicitud de remoción de los embajadores de Suecia y Venezuela por el Gobierno de Morales a través de la Cancillería, alegando que es una decisión soberana. ¿Pensarían, en algún momento, las implicaciones políticas, económicas y sociales que esta decisión puede tener para Guatemala? Lo de Venezuela puede pensarse que no es más que acompañar y fortalecer las decisiones que contra aquel país tienen los vecinos del norte, en su afán de apoderarse del petróleo venezolano. Lo de Suecia es olvidar la cooperación que este país ha dado a Guatemala durante más de 30 años y que ha influido en la firma de la paz, en mejoras en educación, salud y otros aspectos de la vida de los ciudadanos guatemaltecos. Otro error de los asesores del presidente, que no alcanzan a medir los impactos de sus «consejos», como lo que ocurrirá con el traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén, lo cual también tendrá repercusiones a mediano y largo plazo.

Aunque las declaraciones del embajador de Suecia no se pueden interpretar como que «llamó corrupta a toda la sociedad guatemalteca», es obvio que es una interpretación halada para perjudicar a la Cicig y que no tendría que ser juzgada de tal manera, ya que el presidente de la República admitió, hace algún tiempo, que la corrupción es algo normal en Guatemala, además de los múltiples casos de corrupción evidenciados en los altos estratos de la «sociedad» guatemalteca. ¿Cuál es, entonces, la indignación?

«Cosas veredes, amigo Sancho», diría el Quijote. En Guatemala todo lo negativo es posible, aunque tenga semblante de bueno.

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.

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