Jorge Mario Salazar M. | Política y sociedad / PALIMPSESTO

Nuestro país sigue a la deriva en medio de una guerra de baja intensidad, prolongada por los intereses contrainsurgentes, lastimados en la lucha contra la corrupción y la impunidad, en contraposición a los intereses estadounidenses. Una confrontación de los gringos con sus antiguos aliados por lograr una cierta estabilidad política que les permita controlar la lucha contra la migración ilegal, el tráfico de drogas y la explotación de recursos estratégicos. De ahí que se apliquen los mismos instrumentos militares que utiliza Estados Unidos para desplazar del poder a un Gobierno no revolucionario pero igualmente incómodo.

Es obvio que a los sectores afines a la corrupción y la impunidad les ha dolido perder una parte del poder que les permitía robar sin medida los bienes públicos, creando un Estado fallido para la gobernanza y la seguridad nacional y regional, pero efectivo para el crimen organizado en todas sus formas. Estos sectores surgieron de la guerra sucia contra la población campesina e indígena con la finalidad de despojarlos de la tierra, los recursos naturales y, desde 1985, de los beneficios de un Estado social reducido a las funciones de prestación de servicios de educación, salud y seguridad.

La guerra sangrienta desarrollada por medios contrainsurgentes (el método de la guerra contra guerrillas), en los que se definió como enemigo interno a todos los que pensaban diferente a la dictadura militar en el control del Estado, fue producto de un pacto entre la oligarquía nacional y los militares para desarrollar el exterminio de poblaciones enteras con la bendición de la política de EE. UU.

Si bien estos pretendían dar un castigo ejemplar a los simpatizantes de la insurgencia y el comunismo internacional, la guerra también cumplió con la tarea de crear un botín sobre los recursos naturales, territorios y la administración pública. Muchos civiles provenientes de familias adineradas y sus amigos participaron en actos de barbarie contra personas no combatientes, mientras que, en el campo, miles campesinos indígenas y no indígenas fueron forzados a prestar servicio paramilitar en contra de los habitantes de las poblaciones rurales, sus vecinos.

El principal resultado que alcanzó la contrainsurgencia fue la desmovilización social por medio de actividades terroristas de gran intensidad, muchas de las cuales están siendo procesadas en investigaciones y acciones judiciales desde hace pocos años. Según algunos investigadores, estos crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, la tortura, la violación sexual, los asesinatos extrajudiciales, que tienen en proceso a una veintena de altos jefes militares, son la causa de la polarización social que se manifiesta en la actualidad.

Las masacres de niños, mujeres y ancianos, el genocidio, dejaron huellas profundas en las mentes de tres generaciones que reproducen el temor de organizarse. El miedo y el terror a ser víctima se activa en la mente de las personas con hechos cuidadosamente estudiados como el asesinato de líderes políticos y sociales y personajes expuestos públicamente, en momentos clave. Desde mi punto de vista, esto está ocurriendo en el país, ahora.

La anomia política y la falta de credibilidad en las instituciones de justicia se derivan de estos procesos de terror social. Hoy día tan solo hace falta algún hecho de violencia contra algún líder opuesto al régimen, para que el miedo cunda entre la masa desinformada y manipulada por medio de mensajes de la violencia impune. Así, se hace obvio que el asesinato de una decena de promotores de derechos humanos y de organizaciones campesinas comience a generar una parálisis de la protesta social en las calles.

Pero cuando estas acciones de violencia política se acompañan de un discurso de confrontación del presidente de la República (vestido de militar) y se encara el posicionamiento de las mafias del Estado en los ministerios de Desarrollo, Gobernación, Relaciones Exteriores y los sectores corrompidos del Ministerio Público, las cortes y juzgados, y estos se relevan con el Congreso de la República para hacer retroceder las reformas al Estado que requieren los gringos y la sociedad, es cuando caemos en la certeza de que la guerra continúa y que la baja intensidad solo es pura corrección política.

Hoy, los guatemaltecos nos enfrentamos al mayor desafío político de los últimos veinte años. Si en los siguientes meses el poder fáctico detrás del presidente Jimmy Morales se fortalece y logra revertir el impulso de las reformas. Si logra imponer un sistema de justicia e investigación penal a la medida de la impunidad, además de mantener un sistema de elecciones que solamente sea el parapeto de los corruptos, preparémonos para otros veinte años de dictadura de las mafias.

Es en estos 6 meses siguientes debemos ver con claridad que la lucha por medio de la justicia llegó a su límite. Que las reformas ya solo tienen el cauce electoral y que los enemigos del pueblo tienen expedito el camino hacia la perpetuación de su poder si no se reúnen las fuerzas para detenerlos. Que lo único que los podrá derrotar es una propuesta valiente de unidad política de todos los sectores que buscamos un cambio que establezca nuevas bases para la participación de la sociedad. Aun cuando esto no signifique el fin de la guerra, sí colocaremos al país en una nueva condición frente al mundo.

Fotografía tomada de E&N.

Jorge Mario Salazar M.

Analista político con estudios en Psicología, Ciencias Políticas y Comunicación. Teatrista popular. Experiencia de campo de 20 años en proyectos de desarrollo. Temas preferidos análisis político, ciudadanía y derechos sociales, conflictividad social. Busco compartir un espacio de expresión de mis ideas con gente afín.

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