Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

Que la próxima elección presidencial será disputada entre fulana, sutana y mengano (o mengana) es uno de los temas principales de conversación en estas épocas. Algunos opinan que A será el gran elector; otros que B o C o… etcétera.

Se espera que en esta ocasión participe una veintena de partidos políticos, la mayoría con su respectivo binomio y aunque la carrera electoral aún no entra en su fase álgida, cada vez se hace más evidente que la decisión final del votante no será determinada por la presencia de más o menos organizaciones, ni por la voluntad popular, como solía ocurrir. Estas elecciones, señoras y señores, serán decididas por el sistema de justicia.

A poco más de cuatro meses de los comicios, ya son varios los casos políticos sometidos a consideración de las cortes. O sea que la última palabra en la materia no la tendrá el Tribunal Supremo Electoral, sino serán aquellas las que definan quiénes sí y quiénes no pueden, finalmente, aparecer en la papeleta.

Esos son verbos clave en este caso: muchos quieren, pero no todos puede que puedan.

De manera que el proceso electoral 2019 será un nuevo capítulo de lawfare, es decir, de ese método de someter los temas políticos al ámbito de la justicia. Judicialización de la política que le dicen, puesta en boga durante la presente década en varios países de Latinoamérica.

Para nosotros, tal circunstancia es repetitiva. Muy a la Tortrix, pero lawfare al fin. La politización de la justicia fue determinante en la elección del 2015, cuando varios elementos de la clase política fueron llevados al banquillo. Unas veces por causas meramente penales, como el caso de la cúpula del gobierno Patriota o el ex vicepresidenciable del partido Líder, y otras marcadamente revanchistas, como la negativa de participación al expresidente Alfonso Portillo. Al final, los votantes se compraron la idea de que las denuncias y procesos debían respaldarse en las urnas.

(Aquí, es preciso hacer una diferencia sustancial del concepto, respecto del de «dictadura de los jueces» que maneja gente como Armando de la Torre, Raúl Falla, Ricardo Méndez Ruíz y demás hierbas, en su desbocada campaña anti Cicig. Vale).

Aunque lo he explicado en artículos anteriores, conviene recordar que lawfare se refiere al uso de las leyes como instrumentos de persecución política, cuyo fin último es destruir la imagen pública y lograr la inhabilitación de personajes políticos, inconvenientes para los representantes del poder constituido. En Latinoamérica ha sido una práctica ligada al pensamiento neoliberal (gAZeta: Doble rasero de la guerra jurídica en Latinoamérica. Casos Brasil y Argentina).

El lawfare usa tres elementos para lograr sus objetivos. 1. Manipulación del sistema legal (al extremo de violar derechos fundamentales)… 2. Timming político… atacar a la víctima en un momento clave (Cristina fue denunciada en el año electoral; Lula, cuando encabeza todas las encuestas de intención de voto). 3. Acciones que parecen legales (doble rasero de las leyes) respaldadas por una gran cobertura mediática que ejerce presión sobre el imputado, para que la opinión pública lo condene desde el instante en que el caso sale a la luz pública (Ídem).

Y aclaro algo más: no se juzga si los casos en que se ha judicializado la política –o politizado la justicia– tienen fundamento o no. Eso corresponde a los entes acusador y juzgador, y al contrario de numerosos periodistas, tuiteros, netcenteros y opinadores, entenderlo es esencial.

Una cuestión es importante: ¿hasta dónde es conveniente, para la democracia, esa mezcla fatal entre la arena política y el estrado judicial? En la práctica, un resultado ha sido otorgar a las instancias judiciales un poder político que no les corresponde.
Para aclarar aún más: una cosa es la comisión de un delito en el cual participan políticos, y otra, que con el pretexto de su conducción ante el banquillo, se contribuya a definir escenarios y, como en nuestro caso actual, a definir el paisaje electoral sobre el cual se está obligando a los votantes a tomar su decisión.

Así que el primer actor político de importancia será la Corte Suprema de Justicia, en cuyo seno se ventilan –por motivos distintos– los casos de Zury Ríos y Sandra Torres. Si las decisiones finales en ambos casos les resultan desfavorables –nos parezca o no– se va a alterar el escenario electoral, en perjuicio de las aspirantes pero, sobre todo, de los electores.

Y aunque el fiscal Francisco Sandoval, de la FECI, asegure que actúa sobre bases técnicas, la realidad demuestra que en política no hay casualidades y que dos más dos suman cuatro. La filtración del expediente contra la lideresa de la UNE, antes de producirse los allanamientos del miércoles, es un escándalo mayúsculo. Se supone que nadie más que Sandoval –o gente de su entorno– conocían la existencia de dicha documentación.

Estos casos se agregan a los del aspirante Mauricio Radford, Partido Fuerza, de Nineth Montenegro, Encuentro por Guatemala, de Felipe Alejos,Todos; además de los procesos de cancelación iniciados contra las organizaciones Creo, PAN, UCN, Viva y Frente de Convergencia Nacional, cada uno con sus particularidades y presunciones. Pero al final, una pretendida depuración del sistema, no por medio de las urnas sino por la determinación de fiscales y jueces.

Y por más que se pretenda ocultar algunos hechos, es importante observar, sin apasionamiento, un elemento crucial de ese dos más dos: mientras algunos aspirantes son denunciados, ningún poder en el mundo ha logrado que se inicie una investigación acerca de la oscura compra del edificio del MP durante la gestión de Thelma Aldana; al tiempo que un insólito amparo provisional ordena detener la investigación del caso de su consultor político, cuando lo procedente era que cualquier investigación se desarrollara sin obstáculo alguno, tal como ha ocurrido en los casos que ella coordinó con Cicig.

Para completar el cuadro, el tercer elemento del lawfare, la mediatización de los casos, no podía faltar. En el caso de Aldana, los medios minimizan la magnitud de las acciones que lanzan dudas sobre su integridad, mientras en el caso de Torres, magnifican cualquier gesto, comentario o acción suya, con el perverso propósito de estimular, aún más, el odio visceral que le profesan las capas urbanas.

Así que, mejor hágase a la idea de una vez por todas: en julio de este año, su voto corre el riesgo de no ser resultado de su voluntad, sino la intención manifiesta de algún burócrata del sector justicia. lawfare a la Tortrix.

Imagen tomada de TeleSur.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

Democracia vertebral

Correo: edgar.rosales1000@gmail.com