Vinicio Barrientos Carles | Política y sociedad / PARADOXA

Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella.
Joan Baez

El tráfico de influencias se fundamenta en el uso de conexiones y elementos de poder para otorgar favores o tratamiento preferencial a terceros. Se da tanto en los ámbitos gubernamentales como en los empresariales. En la mayoría de países se trata de una práctica ilegal, y en el menor de los casos siempre se considerará una acción éticamente objetable.

El tráfico de influencias asume muchas formas, pero en todos los casos está vinculado a cuotas de abuso de poder y la entrega de beneficios indebidos, en un sentido ético, para la partes intervinientes. En este sentido, aunque las normativas y legislaciones pueden reglamentar al respecto de la prohibición de ejercer influencias fuera del orden establecido en las organizaciones, el origen profundo del problema se encontrará en la dimensión moral y ética de la conducta humana, pues las influencias indebidas se harán presentes ante la ausencia de los valores de equidad y del trato justo, igual para todos, en oportunidad y en valores, que se espera sean firmes en las autoridades y dentro del accionar de las instituciones mismas que ejercen el poder.

Así, este fenómeno no puede dejar de vincularse con la cultura de la corrupción, como práctica generalizada, lo cual incluye la impunidad asociada que acompaña a estos abusos de poder. En todo caso, se trata de procesos de injusticia sistemática y regulada por los agentes políticos, o con cuotas significativas de poder, que disponen del mismo para su beneficio indirecto, otorgando posiciones a otros que pasarán a ser parte de su capital humano en deuda, deudas que serán cobradas de una u otra manera. De esta forma, el tráfico de influencias constituye un proceso ilícito de acumulación de poder, totalmente contrario con los idearios y las legislaturas subyacentes.

Cuando se ejerce alguna modalidad de abuso de poder, se tiene asociado indeleznablemente un modelo verticalista para el ejercicio de la autoridad, y mientras más vertical es el modelo imperante en una institución, mayores son los riesgos para caer en la trampa de decidir posiciones y cuotas de ejecución, no en función de los parámetros de la organización, sino en función del dicho de «¡aquí mando yo!» que alguien sentado en la silla del poder puede proferir, y siempre en la consecución de los intereses individuales del momento.

Se habla mucho sobre la importancia del Estado de derecho, pero es importante reparar en una premisa sine qua non, como lo es la calidad moral de la ciudadanía que debe reaccionar ante cualquier otorgamiento de concesiones indebidas. Sin embargo, ante las necesidades urgentes, es frecuente aceptar, o dejar pasar, este tipo de acciones, sobre todo por el aparente beneficiado, considerando que es un caso aislado que no tendrá el mayor impacto. Así, de manera silenciosa se expande y se perpetúa un modelo organizacional basado en el tráfico de influencias, que conlleva, en suma, un sustrato cultural de una sociopolítica de las conveniencias, asociado con la práctica del lobby y el concepto del cohecho, con el más descarado nepotismo y, en general, con todo tipo de soborno.

Somos claros al afirmar que no hay lugar para la duda. Estamos frente a una coyuntura crucial en la cual tenemos que asumir una posición crítica y altamente participativa. Debemos decidir si continuamos aceptando como normal el tráfico de influencias que se da, tanto en el sector Gobierno como en la empresa privada, a costa del hecho que aquellos que ocupen los puestos de dirección serán tan solo los recomendados de alguien, sin tener las capacidades adecuadas para la obtención de los mejores resultados; o dejamos de lado esta visión basada en los conectes y las sugerencias de los poderosos del momento, optando por procesos de selección objetivos que persigan colocar a las personas con las mejores competencias, de manera que tengamos opción de salir adelante en los conflictos y dificultades que nos aquejan.

Así, o eliminamos de nuestro horizonte político la funesta imagen del conecte como medio de obtención de una posición o trabajo, o sufriremos las consecuencias nefastas de cualquier iniciativa orientada a limpiar la cultura de corrupción que actualmente nos corroe como sociedad, misma que tiene capturadas en el limbo y en la podredumbre institucional nuestras capacidades productivas. El Estado, el país, somos todos nosotros, y todas las organizaciones y su funcionamiento responden al ejercicio democrático que dispongamos realizar. Nos corresponde asumir como pueblo nuestro papel y nuestra responsabilidad con la patria y con la historia… nos corresponde decidir y ser consecuentes con nuestras visiones y nuestros sueños por una Guatemala libre de corrupción.

Imagen principal con fotografías tomadas de Movimiento social por la salud y Limonapps

Vinicio Barrientos Carles

Guatemalteco de corazón, científico de profesión, humanista de vocación, navegante multirrumbos… viajero del espacio interior. Apasionado por los problemas de la educación y los retos que la juventud del siglo XXI deberá confrontar. Defensor inalienable de la paz y del desarrollo de los Pueblos. Amante de la Matemática.

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