-Carlos Enrique Fuentes Sánchez / EL EDUCADOR–

El 3 de los corrientes, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, indicó su disposición a realizar acciones de ley al recibir denuncias de una campaña en redes sociales que busca desacreditar a periodistas y medios informativos independientes. Tales acciones deberán realizarse de manera justa, tomando en cuenta también las denuncias de otros sectores que, al ser atacados por dichos medios independientes, se ven obligados a defenderse en las redes sociales y otros medios alternativos.

Sale esto a colación porque, en esta coyuntura guatemalteca, es difícil saber a quién atender en sus derechos, pues también se puede acusar a algunos medios independientes de desprestigiar a líderes sociales, organizaciones populares, sectores de la población y hasta determinado pueblo o etnia. Por ejemplo, el 31 de agosto, un medio escrito presenta como título de página Magisterio vuelve a salir en auxilio de un presidente, refiriéndose al dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala -STEG- y, posteriormente, el 04 de los corrientes, reitera en su editorial que, “la última muestra de respaldo expresada por el dirigente magisterial (…), siempre dispuesto para gobiernos en crisis, le costará a los guatemaltecos un aumento en el gasto de más de cien millones de quetzales(…)”.

El desprestigio contra el STEG y su dirigente es evidente, pero resulta falso y discutible a la luz del manifiesto emitido por dicha organización y las declaraciones de su dirigente, como lo indica en su inciso 7, refiriéndose al problema surgido entre gobierno y Cicig, y entre el presidente de la República y el comisionado de la Cicig, que dice: “Nuestro rechazo a cualquier acusación de que nuestro movimiento esté a favor o en contra de un determinado partido o persona político-partidista, o en favor de cualquiera de los dos grupos u opiniones, reafirmando que nuestra lucha es reivindicativa a favor del gremio y de nuestros educandos y que la misma no es oportunista, pues como ya señalamos, nuestra exigencia vienes desde el año pasado (…)”.

Posteriormente, en su inciso 8., el STEG aclara: “Que mantenemos nuestra plena convicción y adhesión a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, lucha que ha sido manifestada desde el año 2005 cuando, públicamente, junto a otras organizaciones populares, denunciamos (sic.) a más de 100 empresarios evasores de impuestos, lo que motivó la persecución de los sindicatos y de sus líderes por parte de la oligarquía nacional, persecución que aún persiste en nuestros días. Igualmente, nuestra lucha por la creación e instalación de la Cicig (…), convencidos de que debemos fortalecer a todas las instituciones nacionales e internaciones que realicen estas acciones”.

Vale la pena pensar, entonces, ¿quién tira la piedra y esconde la mano? Y analizar, además, pormenores del costo que tendrá para los guatemaltecos la firma de un pacto colectivo que, hasta hoy, no ha sido declarado lesivo al Estado por ninguna institución evaluadora. Y es que, si el nuevo pacto Mineduc-STEG costará cien millones de quetzales, este dinero hay que dividirlo, proporcionalmente, entre los más de 190 000 maestros con que cuenta el país, más los trabajadores administrativos de la planta del Mineduc, las direcciones departamentales y las supervisiones distritales. Tal distribución, resultará en un reajuste promedio de Q 180.00 para cada maestro, con lo cual su salario mensual, de todos modos, no llegará, en forma líquida, ni a cubrir los Q 4 500.00 que vale la canasta básica alimentaria y mucho menos los Q 7 600.00 de la canasta básica vital.

Por otro lado, es importante indicar que, como derecho magisterial, el Decreto 1485, Ley de Dignificación del Magisterio Nacional, establece en su artículo 53: “Los sueldos básicos deben propender a aumentar en proporción al costo de la vida, a efecto de conseguir a la mayor brevedad posible, la dignificación económica del magisterio, declarada de utilidad y necesidad públicas….”. Con estos elementos, nuevamente se debe reflexionar sobre el papel dependiente o independiente de los medios de comunicación, y de las organizaciones populares, para no tener que considerar verdaderas las declaraciones del Coronel Rubio Castañeda, en su libro Desde el cuartel (2016), en el que afirma que: “El poder económico oligárquico, así como el poder mediático son los dos poderes reales que existen en este país. Ambos se necesitan para manejar las agendas de beneficio sectorial”. ¿Usted, qué piensa?

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional. Surgido de los barrios pobres de la zona 6 en la ciudad capital pero formado, a partir de su adolescencia, en diferentes departamentos de la República, donde fue educado y a la vez brindó educación. Conferenciante nacional e internacional, columnista, consultor de organizaciones educativas nacionales e internacionales, participante y decisor en los procesos y redacción de documentos de mayor trascendencia en la educación nacional en los últimos 40 años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión española y últimamente de otras potencias, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, una Guatemala justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, de calidad y con calidad, para todos y todas.

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