Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

Iluso es aquel que afirme que Guatemala es un país democrático. Hay, ciertamente, desde 1985, algunos esfuerzos por impulsar la democracia, así como atisbos de que puede llegar a establecerse, pero faltan muchos peldaños por subir para que nos digamos una sociedad democrática.

Para que exista un Estado efectivamente democrático, la separación de poderes es indispensable. El Legislativo debe ser el ámbito de la negociación entre los representantes de los distintos sectores de la sociedad para decidir el rumbo del país, sin chantajes ni imposiciones, mucho menos con compra de voluntades. En la democracia, el Poder Judicial requiere de absoluta independencia, estando obligado a aplicar la ley a todos por igual y sin más interés que, al castigar al delincuente, conseguir que los crímenes y delitos juzgados no se vuelvan a cometer. Contamos, además, con una Corte de Constitucionalidad, responsable de hacer que todos los actores den estricto cumplimiento al pacto social, resumido en la Constitución de la República, así como de un Tribunal Supremo Electoral, responsable de que los procesos electorales sean legítimos y válidos.

Para lograr esto último, es necesario que todos los candidatos tengan las mismas condiciones para participar, sin que subterfugios o manipulaciones desde el poder económico o los distintos poderes del Estado eliminen o impongan participantes. En las pasadas elecciones sufrimos un cínico y descarado fraude, pues se demostró que el candidato ganador, actual presidente de la República, fue financiado ilegalmente por propietarios de las más grandes empresas del país.

Esta vez, la osadía de la corrupción ha ido más lejos. Todos los que de una u otra forma se han estado beneficiando con el resultado del fraude anterior –dígase empresarios, políticos y funcionarios públicos– se han ensañado en contra de la que, cuando fue fiscal general, destapó la cloaca de la corrupción y consiguió, mediante investigaciones judiciales colmadas de evidencias, el encarcelamiento de decenas de delincuentes de cuello blanco, así como la enajenación de bienes de valores millonarios, adquiridos claramente como consecuencia de prácticas corruptas.

El Pacto de Corruptos, como le llaman, y que apellido de la impunidad, ha urdido una serie de denuncias contra la exfiscal, mismas que, de manera poco ortodoxa, han aceptado y dado trámite jueces con poco o nulo prestigio. En el caso de la última denuncia, el juez Victor Manuel Cruz, rápidamente giró e hizo pública la orden de captura de Aldana, tratando con ello de hacer inviable su candidatura. Cruz es el mismo que, de manera más que sospechosa, concedió libertad condicional a la Junta Directiva del IGSS, luego de que el Cacif y sus voceros hicieran presión mediática por tal solución, beneficio que también concedió a la exmagistrada Blanca Stalling. En ambos casos, Aldana, como fiscal general, actuó como ente acusador.

Bondadoso y magnánimo en esos casos, resultó férreo y estricto cuando de Aldana se trató, lo que evidentemente causa sospechas más que fundadas sobre la integridad del citado juez. Más sospechoso resulta que, aunque se ha incluido en el proceso al decano de la Facultad de Derecho de la USAC, Lic. Gustavo Bonilla, este no ha sido convocado a declarar[1] y, mucho menos, se ha girado orden de captura en su contra. Causa extrañeza que, en los casos en que la señora Aldana es denunciada, los jueces centran la persecución solo en ella, maximizando la presión hasta llegar a la emisión de orden de captura, mientras que a los supuestos beneficiados por el trato ilegal no se les cita, siquiera, a presentar declaración, mucho menos a entregar las pruebas de descargo. Si hay reales y efectivas pruebas de crimen, en los casos de peculado o falta de probidad administrativa, hay dos partes íntimamente vinculadas. La corrupción tiene siempre dos puntas y en ambas hay responsabilidad.

Preocupante resulta que, particularmente en las redes sociales, activistas de clase media, de los que se vanaglorian en ser la única y auténtica izquierda del país, se solacen en los éxitos del Pacto de Corruptos, atacando a la candidata y al grupo político que le apoya, en este caso, Semilla. Tal parece que, como es el propósito abierto del Pacto de Corruptos, a este pequeño pero bullicioso y estridente sector de la clase media urbana lo que le interesa no es que se posicionen y ganen sus candidatos y candidatas, sino que no lo logren los de Semilla.

Nulo aporte hacen a la democracia estos activistas, pues, en lugar de convencernos para votar por la propuesta que apoyan, mostrando a quien quiera saber las cualidades de sus candidatos y la viabilidad de su programa político, centran su esfuerzo en atacar a una de las contendientes, sumándose, de manera más que consciente, al sector más retrógrado de la oligarquía que dicen atacar.

En política todo lo que suma es siempre bienvenido, así, este apoyo gratuito que esa izquierda da al Pacto de Corruptos, fortalece a la fracción de la oligarquía que pugna por restaurar el Estado autoritario, corrupto y criminal de décadas pasadas. Lamentablemente parecen no querer entender que, en esta coyuntura, la oligarquía muestra fracturas que deben ser aprovechadas, pues, como también sucede en las disputas por el poder: quien divide vence.

[1] Hasta hoy, jueves 04 de abril, se hizo público que el Lic. Bonilla debe presentarse a declarar ante el juez Cruz, el 9 de este mes

Fotografía principal, Thelma Aldana, tomada de elsalvador.com, editada por Susana Alvarez Piloña.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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