-Héctor Herrera / PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA–

La regulación laboral guatemalteca es una de las mejores en el istmo centroamericano, con grandes argumentos teóricos, pero en la práctica, nada eficiente por lo engorrosa que puede ser una denuncia y su respectivo seguimiento. Una muestra es la violación de los derechos laborales al personal contratado por el Ministerio de Educación bajo el renglón 021.

Quienes son contratados bajo este renglón sufren las siguientes violaciones:

1. Cambio de lugar de trabajo, regulado en su contrato (no tienen inamovilidad).

2. Atraso en el pago de salario.

3. Ser el caballito de batalla de quienes año con año, solicitan bonos y préstamos en el Congreso de la República, para luego no ejecutar presupuesto en el Mineduc.

4. Una serie de requisitos para ser recontratado, aunque todos los años paga Montepío.

En la actualidad, pareciera que al Estado de Guatemala no le importa en lo más mínimo los derechos laborales del renglón 021 en el Magisterio Nacional, ya que a pesar de que ejercen el mismo trabajo que un docente 011, no reciben el mismo trato por parte de la administración pública.

¿Por qué son tratados como maestros de segunda categoría?
¿Quiénes son responsables de ese trato?
¿Cómo se mejoran las condiciones laborales del personal bajo el renglón 021?

Primero deben llenar una serie de requisitos para cobrar su salario (solvencia fiscal, antecedentes penales, boleto de ornato, entre otros), luego deben llevar toda la documentación a la Supervisión Educativa y esta debe trasladarla a la Dirección Departamental, dicha dirección revisa la papelería y enviarla al área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Si algún documento tiene error, debe regresar por las mismas vías. Este trámite burocrático no permite agilizar los procesos de pago, cuando la partida presupuestaria para el salario del personal 021 ya se encuentra en el presupuesto de ingresos y egresos del año fiscal 2018 que fue aprobado desde noviembre del 2017.

¿Cómo entendemos que la lucha individual nos divide más?

Durante un tiempo el renglón 021, cada fin de año recibía su liquidación por sus servicios, hoy en día eso ya no existe, en cambio paga Montepío (Decreto 63-88 Ley de Clases Pasivas del Estado) a pesar de que estos maestros no gozan de estabilidad laboral y tampoco cuentan con un contrato permanente, esto porque cada año renuevan contrato con el Estado de Guatemala bajo la figura de Técnico Administrativo I o II, según sea el caso.

Lamentablemente, la mayoría del personal 021 firma estos contratos por la necesidad de trabajar, no obstante, existe una violación directa a sus derechos como trabajadores y trabajadoras. Es evidente que la figura con la cual están siendo contratados permite que el ente nominador, Mineduc, pueda moverlos de los puestos de trabajo, violentando con ello la inamovilidad que debería gozar todo trabajador y trabajadora, para no ser afectado de manera económica y psicológica.

¿Por qué el docente 021 es contratado como técnico administrativo, cuando su trabajo es por un ejercicio docente?

El gremio magisterial está dividido y seguir repitiendo consignas como «Magisterio Unido, jamás será vencido» es evadir la realidad, una realidad que es latente en todo el proceso de articulación y organización magisterial. El docente 021 vive con miedo, cada año nace la incertidumbre de ser contratado bajo estas reglas, reglas que permiten moverlo de un municipio a otro y en el peor de los casos prescindir de sus servicios.

¿Cómo cambiamos las condiciones laborales del magisterio 021?
¿Cómo entendemos que somos un solo gremio?
¿Aumento salarial sin estabilidad laboral será lo correcto?
¿Quiénes se benefician de que exista este tipo de renglones en la educación pública?
¿Los ministros, diputados, jueces y magistrados padecen las inclemencias de esta violación de derechos?

Esto solo cambia si se es capaz de asumir su responsabilidad de organizar y articular un frente que permita defender sus derechos, defender la alimentación de su familia y el resguardo de su dignidad como garantía humana, recuperando el ejercicio pedagógico, «Educar es liberar». Mientras no se rompan las cadenas del silencio y la incertidumbre, el Estado seguirá violentando garantías constitucionales en detrimento de la clase trabajadora, argumentando que los procesos administrativos no se realizaron correctamente, argumentando que necesitan más tiempo para el pago de salarios, planteando excusa tras excusa, mientras la violación de derechos sigue a la orden del día, olvidando que el maestro y maestra contratada bajo este renglón también tiene que alimentarse y cubrir gastos fundamentales para la sobrevivencia en una sociedad que cada día llama a la competitividad y olvida el planteamiento de solidaridad, fraternidad y respeto.

Si ya cumplimos con nuestras obligaciones como trabajadores, ¿el patrono estará cumpliendo con las de él?

Los derechos son un ejercicio de hecho, la teoría es importante pero sin práctica es letra muerta.

Organizar para movilizar es la vía para el respeto de nuestros derechos y el cumplimiento de las responsabilidades del Estado.

La justicia debe ser a todos por igual.

Héctor Herrera

Ha cursado estudios en la Facultad de Humanidades (USAC), docente en el nivel primario, dirigente magisterial y estudiantil. Ha participado y desarrollado actividades académicas en distintos puntos del país y ha colaborado con otros docentes que trabajan diariamente en la construcción de una sociedad dispuesta al pleno ejercicio de la equidad, desde las aulas y las ideas de las nuevas generaciones. Es, en suma, un hombre comprometido con los grandes procesos y desafíos interculturales en el país.

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