-Mario Polanco / NO MÁS IMPUNIDAD–

Durante la segunda semana de febrero, algunos diputados han hecho alusión al concepto justicia transicional, señalando que puede ser aplicado a aquellos supuestos autores de algún acto delictivo, quienes, para ser beneficiados, tendrían que aceptar su responsabilidad ante juez, pudiendo así ser favorecidos con alguna garantía que se podría traducir en menos tiempo en prisión e incluso libertad inmediata. Pero, sobre todo, existiría el beneficio de disminuir la carga de trabajo que pesa sobre cada juez y magistrado, quienes tienen que conocer cientos y hasta miles de casos.

Es posible que por desconocimiento los diputados se refieran a este proceso denominándolo justicia transicional, cuando en realidad están haciendo referencia al derecho premial, que como tal es beneficioso porque permite que las prisiones estén menos pobladas y con ello la responsabilidad y el gasto del Estado en la manutención de los reos sea menor.

El Congreso de la República conoce tres iniciativas de ley, una de ellas presentada por el Organismo Judicial, las otras dos impulsadas por diputados de diversos partidos. Al tener oportunidad de examinar cada una de ellas se encuentra que las elaboradas por los diputados son una especie de copia mal hecha de la elaborada por la Corte Suprema de Justicia.

Se confirma que los magistrados de la CSJ elaboraron su propuesta luego de haber profundizado en estudios acerca de cuáles son los mejores mecanismos que, de acuerdo con términos utilizados en la misma iniciativa de ley, permitirán evitar el desgaste del sistema de justicia penal y del régimen penitenciario, además se garantiza el respeto a los derechos del supuesto autor del delito.

Se contribuye al descongestionamiento de los juzgados, tribunales e instalaciones penitenciarias, sobre todo la propuesta de reforma al Código Procesal Penal que establece como condición para acogerse a esta garantía que en los casos en que el supuesto delito se refiera a sustracción de bienes, enriquecimiento ilícito o corrupción, los bienes obtenidos de manera ilegal deberán ser devueltos en su totalidad o por lo menos lo que quede de ellos, de esa manera se contribuye a la reparación del daño.

La propuesta de la CSJ establece limitaciones, ello significa que no pueden ser favorecidos los autores de todas las figuras delictivas, por ejemplo, no puede ser beneficiado quien haya cometido o participado en la realización de delitos como el genocidio, desaparición forzada de personas, ejecución extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de humanidad, además la rebaja de penas solo respalda a personas naturales o individuales, la pena impuesta no podrá ser conmutada y no se aplicará a reincidentes.

En todo caso, la iniciativa de ley presentada al Congreso de la República por la CSJ lleva más de tres años durmiendo el sueño de los justos, debido a que muchos de los diputados y diputadas involucrados en el denominado Pacto de Corruptos no tienen interés de aprobar una ley de esta naturaleza, si el autor de un delito que haya confesado tiene que devolver el fruto de sus acciones ilegales.

Este escrito no puede concluir si no se explica en qué consiste la justicia transicional para diferenciarla del derecho premial. En resumen, es propia de aquellas sociedades que han enfrentado un periodo convulso como consecuencia de cualquiera de los siguientes aspectos: conflictos armados internos, existencia de grupos armados irregulares, gobiernos dictatoriales dirigidos por militares y violaciones a los derechos humanos, y que luego transitan hacia la democracia, entendiendo que esta no surge espontáneamente. Durante el periodo de tránsito entre un periodo y otro es importante sanar heridas que permitirán alcanzar la reconciliación y la paz justa y duradera, dicho periodo deberá pasar necesariamente por conocer la verdad, impulsar la justicia, establecer medidas de reparación, fortalecimiento institucional y todo ello se convierte en garantía de no repetición de los hechos que lastimaron a la sociedad.

Mario Polanco

Graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con Maestría en Seguridad y Defensa por la Universidad Mariano Galvez, actualmente director del Grupo de Apoyo Mutuo. Activista de derechos humanos, haciendo esfuerzos para que no haya más impunidad.

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