-Ruth del Valle Cóbar / HILANDO Y TEJIENDO–

Inicia hoy una experiencia editorial a la cual he sido invitada. Inicio felicitando el esfuerzo que pueda llevar voces diversas por una humanidad mejor. Me propongo hablar de derechos humanos y memoria histórica, dos temas abrazados por demás en nuestro país, donde las víctimas de la guerra terrorista del Estado contra el pueblo ni siquiera han tenido el derecho a la verdad y a la memoria, mucho menos el pleno goce de todos sus derechos humanos.

Pensaba empezar hablando de las miles de personas que no tuvieron derecho al debido proceso durante los gobiernos militares y autoritarios, muchas de las cuales quedaron “desaparecidas”. Sin embargo, los acontecimientos de estos días en el país, obligan a hablar de cosas más vigentes, desde las cuales tendremos que ir haciendo el camino hacia atrás, para ir encontrando en nuestra memoria histórica las razones de lo que vivimos en la actualidad.

No podemos dejar de pensar en aquellos autores e intelectuales que se han dedicado al estudio del Estado, de cómo este utiliza al Derecho y a las instituciones para asegurar su dominación y control, incluso dentro de un supuesto régimen democrático que está bajo el esquema de la igualdad formal y todos los derechos para todos. Sobre todo cuando sabemos que esa igualdad formal es una trampa para la mayoría de la población que no la goza, que no tiene acceso a los recursos para hacerlos efectivos. Pareciera que unos somos más iguales que otros.

Entonces, en esa desigualdad en el acceso al poder, resulta también que unos tienen más recursos que otros y unos se benefician más que otros. En esa línea es que también se ponen las trampas legales, pues se nos hace creer que en las democracias todas las personas tenemos derechos y que los tenemos por igual, solo por el hecho de ser personas. Esto no deja de ser teóricamente cierto, pero es más que evidente que las grandes mayorías de guatemaltecos y guatemaltecas no disfrutan plenamente sus derechos, no solo porque hay otros que los conculcan (como pueden ser los empresarios en los derechos laborales, los grupos fácticos de poder en los derechos civiles), sino porque el Estado no ofrece condiciones que garanticen su ejercicio político (políticas, leyes, normas que establezcan, por ejemplo, cuotas de participación ciudadana, igualdad ante la ley para todas las personas, controles para evitar el abuso de autoridad) o en lo económico (no se garantiza el derecho a la educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo digno, entre otras cosas, ni los medios para que las personas puedan desarrollarlos, como el derecho a la tierra).

Nos tienen engañados con la ciudadanía, cuando casi la mitad de la población vive en pobreza; ¿qué ciudadanía pueden ejercer con el estómago vacío, sin nutrientes cerebrales para pensar adecuadamente? ¿Qué ciudadanía se puede ejercer si se está pendiente de la salud de la niñez, de la familia o de cómo obtener alimentos en el día a día?

Hace dos años la población guatemalteca se manifestaba en las plazas de las cabeceras departamentales para exigir la renuncia del presidente y la vicepresidenta, quienes fueron denunciados por encabezar una de las redes de corrupción más nefastas para la historia del país, desviando hacia sus bolsillos los fondos destinados a la niñez guatemalteca (alimentos, vacunas, salud, entre otros). El sector empresarial fue muy cauto, como está siendo ahora, y no se pronunció durante mucho tiempo, sino hasta que ya era insostenible que el presidente se mantuviera. Otras instituciones tuvieron papeles protagónicos, como la Universidad de San Carlos, recordando su función de “Id y enseñad a todos”, tanto desde el estudiantado, como desde las mismas autoridades. Ahora, con nuevas autoridades estudiantiles después de recuperar la Asociación de Estudiantes Universitarios, proceso en el que el Consejo Superior Universitario se vio obligado a tomar postura por el saneamiento de la Universidad, han cerrado filas con otras instituciones, como las iglesias y la Procuraduría de los Derechos Humanos (espacio conocido como el G4), aunque el representante de la iglesia evangélica adoptó una posición tibia llamando a la unidad y ofreciendo orar por el país. Me parece que se vuelve a poner en boga la vieja canción de Guaraguao: “no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz”.

No tenemos una nación guatemalteca, porque esta se define por la pertenencia común al territorio del Estado, generalmente las naciones preexisten al Estado, pero en Guatemala se han invisibilizado las diversas culturas existentes, en función de una cultura predominante, aunque teóricamente seamos un Estado plurinacional.

Nos engañan con la ciudadanía, mientras utilizan las instituciones para consolidar el poder de las mafias que han cooptado al Estado, tanto a través del financiamiento ilícito en las campañas electorales, como en el control directo de la delincuencia organizada en los propios poderes del Estado.

El presidente decidió expulsar del país al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Dr. Iván Velásquez, después de no haberse atrevido a solicitarle al secretario general de Naciones Unidas que lo removiera. La CICIG tiene alrededor del 75 % de aceptación y respaldo en las encuestas nacionales. Esta actitud presidencial no significa más que su autodeclaración de que está comprometido con esos grupos que tienen cooptado el Estado, especialmente porque desde la CICIG y el Ministerio Público se ha investigado a su hijo y hermano por varios delitos cometidos durante la campaña (proceso con audiencia la última semana de agosto). Además, dos días antes de este exabrupto presidencial, el MP y la CICIG también solicitaron el retiro del derecho de antejuicio que tiene el presidente, para poderlo investigar en su calidad de secretario general del partido FCN-Nación, que lo llevó al gobierno, por financiamiento ilícito de varios millones de dólares.

Muchas justificaciones puede dar hoy el presidente de Guatemala sobre su decisión de declarar no grato y ordenar la expulsión del Dr. Velásquez, pero ninguna persona con dos dedos de frente se las va a creer, cuando a todas luces es evidente cuáles fueron sus motivaciones.

La crisis que el señor Jimmy Morales ha provocado en el país está costando cara; varios de sus ministros y ministras han salido del gabinete, además, él mismo destituyó al canciller y a uno de los vicecancilleres que se negaron a firmar la comunicación para la expulsión.

Estamos en momentos en que Guatemala se debate por no colapsar y no convertirse en un Estado fallido, pero pareciera que sus dirigentes hacen todo lo posible por dar el paso al frente, hacia el abismo. No nos hemos repuesto del incendio de más de 40 niñas y adolescentes en el Hogar Virgen de la Asunción, cuando se nos presenta una coyuntura de estas, con amenazas de golpe de Estado, estado de sitio, tomas de instituciones, y muchas otras.

A la ciudadanía no le queda otra opción que salir a las calles a reclamar sus derechos, el respeto a la institucionalidad y al debido proceso, que el presidente responda por los delitos cometidos y no use su poder a favor de intereses personales. Pero vemos que el pasado no está superado, porque también salen a las calles los otros ciudadanos, los de pedigrí, los que siguen con la mentalidad de que quienes reclamamos derechos somos comunistas, que quienes exigimos justicia y paz somos terroristas, aquellos que seguramente estarían apoyando una vuelta a las calles de las hordas fascistas que hace años dirigieron contra la población y terminó en genocidio. 

Foto: Sandra Gularte

Ruth del Valle Cóbar

Feminista, defensora de derechos humanos, investigadora social, constructora de mundos nuevos. Temáticas relacionadas: memoria histórica e historia reciente, movimientos sociales, feminismos, derechos humanos, multiculturalidad, epistemología y metodología. Ha pasado por las aulas universitarias en Ciencia Política, Administración Pública, Psicología Social y Ciencias Sociales. Ha pasado por el activismo social y político, incluyendo movimientos sociales, organizaciones sociales, entidades gubernamentales y entidad estatal.

Hilando y tejiendo: memoria y derechos humanos