Salvemos a los niños

Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

La sensación que flota en el ambiente, desde hace ya varias semanas, es que las informaciones que el Estado provee sobre los contagios y defunciones por COVID-19 son apenas la punta del iceberg. Contagios y decesos son más, y tal vez muchísimos más que los que el MSPAS nos informa. Las pruebas se aplican a cuentagotas, en la última semana, del 23 al 30 de agosto, en 12 municipios no se aplicó ninguna, y en otros 76, sin importar su dimensión población, se aplicaron menos de diez, pero en todos ellos el transporte público y las escuelas siguen sin funcionar.

Es notorio y evidente que, a pesar de las corbatas de mariposa y los salarios por encima de cuarenta mil quetzales del flamante director ejecutivo de la Coprecovid, esta y el MSPAS esperan, sentados, que los que creen estar contagiados soliciten «por el amor de Dios» que se les aplique el test. No hay ya un plan de seguimiento al entorno de los contagiados, mucho menos la presión para que se cumplan las más mínimas normas sanitarias en los espacios laborales.

Tal parece que el propósito real es hacer las menos pruebas posibles para, detectándose escasos contagios, dar la impresión de normalidad. Pero, como ya todo el ambiente social y político se trastornó con la pandemia y el aparato de gobierno encontró en el estado de calamidad el mecanismo para justificar gastos innecesarios, hemos entrado en una especie de esquizofrenia política, en la que por un lado se trata de aparentar que todo está regresando a su normalidad, mientras por el otro es indispensable hacer creer que la situación está difícil, y que hay que seguir castigando a los pobres para que no se animen, siquiera, a levantar la voz. Bancos, empresas de telefonía, cementera y azucareros notan que sus ganancias se multiplican, por lo que para nada les interesa que la situación se normalice, lo que implica que no se hagan más test, pero que tampoco se modifique el estado de calamidad, juego en el que también está el Gobierno y su bancada corrupta del Congreso.

A pesar de ello, los contagios no decaen, y en las grandes ciudades el comercio y la industria funcionan como si nada, sin más protocolo sanitario que el ayuno y la oración dominical pedida por un presidente que espera que con milagros se solucionen los problemas, dada su incapacidad en promover políticas públicas efectivas y eficaces.

Y en este esquizofrénico proceder de la élite económica y sus serviles políticos, el castigo al que se han visto sometidos los niños y las niñas de los municipios pobres ha sido más que despiadado. Sin considerar las dimensiones del contagio y mucho menos hacer algo por detenerlo, el Ministerio de Educación decretó el cierre de todas las escuelas, acomodándose la señora ministra y su séquito en sus poltronas para, calma y tranquilamente, ver pasar la pandemia por la Avenida Reforma. Las niñas y los niños se quedaron todo el ciclo 2020 sin recibir, aunque sea, la educación bancaria y memorística a la que han sido condenados por un sistema económico y político que se solaza en ver cada día más pobres a los pobres, esperando que cuando adolescentes huyan para Estados Unidos y les mantengan estable su mercado, su moneda y, claro está, les incrementen sus ganancias.

Desde que se registró el primer caso de contagio por COVID-19 y se cerraron las escuelas, es decir, a partir del 16 de marzo, treinta (30) municipios han tenido menos de 6 contagios, pero, en lugar de protegerlos y dinamizar la actividad escolar, estimulando formas creativas de aprendizaje y, considerando los efectos de la pandemia, regionalizar los cierres temporales de escuelas, tranquilamente se les mandó a sus casas, dizque apoyados con clases por televisión, cuando la inmensa mayoría de ellos apenas sabe que existen tales aparatos porque los ven en los aparadores.

Imagen tomada de Worldometer.

Todos esos municipios cuentan con menos de diez mil habitantes, con excepción de San Carlos Alzatate (21 416), San José La Máquina (25 716), San Luis Jilotepeque (26 170), Zacualpa (39 269), Santa Bárbara, Huehuetenango (42 667) y San Mateo Ixtatán (57 277), y se encuentran entre los que muestran altos índices de pobreza y pobreza extrema. Si a ellos agregamos los otros dieciocho municipios que no han llegado a tener siquiera diez contagios, tenemos una población de 883 562 habitantes (según las proyecciones preliminares del INE del censo de 2018) encerrada en sus casas, de la que por lo menos uno de cada cuatro es niño o niña en edad escolar. Todo ello a pesar de que, juntos, solo contabilizan 237 contagios a lo largo de los más de cinco meses que ha durado el estado de calamidad y el consabido cierre de las escuelas.

Maestros y alumnos han sido dejados a su suerte, transformando la refacción escolar en entrega de alimentos familiares, sin que tampoco, en ese aspecto, se haya tenido el más mínimo interés por, aprovechando la crisis, desarrollar políticas focalizadas para reducir el hambre y la pobreza.

Las escuelas han quedado en completo abandono, sin que la señora ministra, elevada al rango de coronel por sus subalternos, en reconocimiento a sus méritos autoritarios y personalistas, se haya movido de su cómodo despacho para no solo inventariar la situación de los maltrechos edificios escolares, sino remozarlos al menos en lo más indispensable, aprovechando para instalar sistemas de drenaje y agua potable a las que no lo tienen, y presionar al Congreso para que establezca que las empresas que distribuyen señal de internet la provean gratuitamente para todas las escuelas, ya que son una de las industrias que más beneficios han obtenido en este período de reclusión masiva.

Nada de eso se ha hecho, y mientras los dueños de las grandes empresas agigantan sus ganancias, tal y como lo demuestran los datos del Banco de Guatemala, los futuros ciudadanos del país se han visto postergados, todo por causa de la ineficiencia e incapacidad de las autoridades.

Los maestros, atrapados por una dirigencia sindical que ha convertido al STEG en una organización centrada apenas en lo salarial, que usa las movilizaciones como chantaje al poder público para mantener sus ridículas prebendas sindicales, pasivamente han llegado a aceptar ser parte de este engranaje que día con día incrementa las desigualdades, renunciando a ser parte del esfuerzo social por transformar el país.


Fotografía principal tomada de Prensa Libre.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

Pupitre roto

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