Jacobo Vargas-Foronda | Política y sociedad / BÚHO DE OCOTE

El COVID-19 ha concentrado la atención publicitaria a nivel mundial en los movimientos políticos y sociales que luchan y debaten sobre la pandemia, las debacles de los sistemas de salud y sanitarios, y, como ya suena por todos lados, los preparativos para «volver a la normalidad». En esta caótica situación, las extremas derechas políticas se han lanzado al control absoluto de toda la institucionalidad estatal para asegurarse que la totalidad de la maquinaria estatal se concentre en garantizar su absoluta potestad de manejar y orientar al Estado en su exclusivo beneficio.

Hemos escrito que, en tres países, Bolivia Plurinacional, Ecuador, y Estados Unidos, por la proximidad de sus procesos electorales para los binomios hacia la presidencia y asambleístas, con administraciones públicas neoliberales al servicio de los grandes intereses económicos y del gran capital financiero internacional y sistemas electorales endebles en cuanto a la transparencia y respeto real de la decisión popular, las fuerzas políticas gobernantes han lanzado toda la jauría jurídica e institucionalidad amañada para desarticular, confundir, desorganizar y eliminar la participación electoral de los movimientos sociales y partidos políticos que representan los interese económicos, políticos y culturales de las grandes mayorías y orientados al alcance de los mayores logros y beneficios culturales, sociales, económicos y políticos incluyentes, particularmente en Bolivia Plurinacional y Ecuador.

En este contexto, son Bolivia Plurinacional y Estados Unidos quienes definirán la dirección de sus administraciones ejecutivas este año. En ambos países han sonado las graves intenciones de continuar posponiendo las fechas definitivas para realizar sus procesos electorales con el claro objetivo de ganar tiempo e inventar los apañados mecanismos y procesos que les permitan, a las fuerzas oscurantistas derechistas, desmembrar al máximo la representación popular de la oposición que tiene absolutas mayorías para ganar los procesos electorales como en Ecuador, sin lograrlo hasta el momento, llegando incluso a la sorpresiva intentona de Donald Trump de eliminar el proceso electoral, lo cual en Estados Unidos sería su primer golpe de Estado de este siglo. Mientras que Ecuador se definirá hasta el 4 de febrero de 2021.

En lo que a Guatemala corresponde, la corrupta e inepta administración del italiano Alejandro Eduardo Giammattei Falla, AEGF, totalmente desprestigiada y caracterizada por Iskra Soto (Prensa Comunitaria, 28 de julio de 2020), «no he conocido en mi mediana vida un gobierno que se desgaste y que se desmorone con la rapidez que lo ha hecho del gobierno encabezado por Giammattei (…) en tan solo seis meses los guatemaltecos y guatemaltecas hemos sido testigos, además de víctimas, de las más evidentes aberraciones políticas que solo pueden darse en Guatemala, el país de la eterna ineptitud, impunidad e inhumanidad».

En términos generales, podemos ver que, en la caótica situación epidémica, social, económica y política del país, hay poca efervescencia social y política en cuanto el futuro inmediato, mediano y largo plazo de Guatemala en torno a cambios sustanciales en sus estructuras racistas, explotadoras, excluyentes. Mucho se escucha, en discusiones, foros, hablar de la «nueva normalidad». Pero, como se ha interrogado el diputado del Movimiento Político Winaq, Aldo Dávila, ¿a dónde nos llevan? Es decir, la población está a la expectativa de cuál es la nueva normalidad que la clase gobernante está ya preparando acorde a sus planes. En este sentido, una situación muy lamentable y adversa para Guatemala. Es decir, apenas se trata de salvar el cascarón institucional del pacto elitista de la sociedad guatemalteca.

El 17 de julio de 2020 en Comalapa, Chimaltenango (por razones ético-filosóficas me permito eliminarle el nombre postizo de San Juan), en uno de sus tantos alocados exabruptos, AEGF, cual persona incapaz de controlar sus calenturas de poder y mando, se arrogó el racista criterio de quitarle la palabra a un representante de las autoridades ancestrales del pueblo kaqchikel de Chixot en Comalapa, quien con elevada altura y educación leía un pronunciamiento emanado de la colectividad y que debía hacerse de conocimiento del visitante a quien, humildemente, consideraba una persona que merecía cierta reverencia. La enorme ignorancia y racismo quedaron mostrados cuando AEGF calificó las palabras de la autoridad ancestral como «sarta de inconsistencias». De igual manera autoritaria y racista, el energúmeno AEGF, cuando la juventud indígena le presentaba sus demandas en una actividad periodísticas, se lanzó con improperios a callarlos, gritándoles «¿son ustedes periodistas para que puedan hablar?».

Por unos días mi pensamiento se llenó de luces y parecía el despertar de las conciencias de los pueblos, algo que no había visto producirse tan rápidamente en la colectividad de Guatemala. Rápidamente fueron suspendidas reuniones y visitas que la Presidencia había programado como resultado del rechazo de las comunidades, tal como la cancelación de la Junta Directiva de alcaldes comunales de los 48 cantones de Totonicapán, quienes manifestaron su «repudio y descontento» a lo ocurrido el 17 de julio en Comalapa. También de manera casi inmediata viene la declaratoria de «persona non grata al presidente» que hicieron las autoridades indígenas ancestrales de los Pueblos de Occidente y de los pueblos mayas ixiles por su actitud racista y discriminatoria. Pasados pocos días organizaciones de Huehuetenango en carta abierta declararon persona non grata a la diputada de la Unión del Cambio Nacional (UCN), Sofía Hernández, quien preside de momento el Congreso de la República por la ausencia, a causa del COVID-19, de su presidente Allan Rodríguez (quien sorpresiva y lujosamente se encuentra recluido en el Hospital Militar que sistemáticamente se ha negado a recibir personas civiles afectadas por la pandemia), señalando las organizaciones que «en estos momentos graves de crisis nacional, provocada por el COVID-19, se evidencian claramente los efectos de la corrupción que campea en nuestro país: falta de hospitales, medicinas y equipo médico».

Para el 19 de julio, el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, Mariano Soch, en un comunicado, señala al mandatario Alejandro Giammattei de cometer actos racistas en la reunión con autoridades indígenas en Comalapa, Chimaltenango el 17 de julio, indicando su condena pública por el comportamiento desafortunado

en donde de la manera más simple y sin inmutarse, el presidente de la República reflejó la actitud racista, de superioridad y de no tolerar cosmovisiones y realidades distintas a las que su mediocre equipo de asesores y funcionarios le han establecido (…). Querer desarrollar un simbolismo arropado de prendas o imágenes sin entender la historia y las demandas de los pueblos indígenas de Guatemala es replicar y profundizar esa visión clasista y racista que se ha vivido desde la colonia en donde son los ladinos quienes tienen la verdad. Y a los 200 años del movimiento de Atanasio Tzul y del bicentenario del acto formal de independencia del país se hace condenable e inaceptable que se considere un acto de discriminación con una naturalidad cotidiana. (La Hora, 19 de julio de 2020)

El 28 de julio, la Alcaldía Indígena de Chi Xot de Comalapa, a través de un comunicado, exige una disculpa pública por parte del presidente AEGF tras lo ocurrido durante la visita del mandatario el 17 de julio, indicando que «en el incidente, no ofendió solamente a las Autoridades Ancestrales de Chi Xot, si no que a todas las Autoridades Ancestrales y, en consecuencia, a los Pueblos Indígenas de Guatemala» (La Hora, 28 de julio de 2020). Y el 30 de julio, de manera pública, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra) recomendó al presidente AEGF

que emita una disculpa pública por lo suscitado con las autoridades indígenas en Comalapa, Chimaltenango (…) Por otra parte, la Comisión estima que “el racimo provoca y refleja pérdida de interacción y aún de las posibilidades mismas de comunicación entre pueblos y culturas que coexisten en un mismo espacio o territorio. Incentivamos a practicar la convivencia como principio básico, que interactúa con otros como la inclusión, la tolerancia, la armonía y la ciudadanía, ya que supone un relacionamiento horizontal, con igualdad de derechos, respeto y reconocimiento mutuo” (La Hora, 30 de julio de 2020).

Todas estas protestas y reacciones, que no deberían ser pasajeras en la memoria de la población guatemalteca, poco a poco han sido nuevamente disimuladas por otros sucesos y alegatos, además de limitarse al contundente rechazo al racismo sin cuestionar el sistema mismo.

Ya el 27 de julio, el columnista Alfonso Mata había sugerido «no solo pensar en el coronavirus», apuntando que «lo que aflige a la gente no es el coronavirus. El miedo, temor y ansiedad, se centra en una lucha larga y probablemente imposible de ganar contra el impacto potencialmente incapacitante biopsicosocial y contra los peligros genuinos o supuestos que nos hacen temer, primero las medidas sociales y segundo el deterioro económico» (La Hora, 27 de julio de 2020). Por su parte, el columnista Pedro Trujillo, desde la derecha, opina que el COVID-19 «ha paralizado la discusión nacional más allá de la pandemia, y la pugna política se ha tintado con debate ideológico. La habitual izquierda radical: Winaq o URNG -ahora con el MPL incluido- no levanta cabeza», presentando a Semilla como una fuerza, con liderazgo y oposición que mostrara en su momento Encuentro por Guatemala. Por primera vez hay una opción real a una UNE, estima Trujillo, sacudida, y al estar mucho menos contaminado (Semilla), hay temor -u oportunidad, según se mire- en que pueda ocupar los espacios que aquella (la UNE) vaya dejando vacíos. Ubicando a la derecha sin grandes «liderazgos» a VAMOS, CREO, VALOR, «los cuales quedan como partidos bisagras, narcos o corruptos que son los asociados al oficialismo». De acuerdo con Trujillo, la izquierda guatemalteca (partidaria) está conformada por Semilla, Winaq, URNG y UNE, quienes se agrupan con facilidad contra la derecha desprestigiada (Prensa Libre, 28 de julio de 2020).

Curiosamente, en estos días, en las redes sociales, con énfasis en Facebook, en los rumores de golpes y contragolpes de Estado, alguien identificado como Nehemias Montejo hace circular como información «confidencial con fuentes serias» de al menos dos reuniones secretas con la embajada estadounidense» con la participación de miembros de los consejos ejecutivos nacionales de URNG, Winaq y Semilla, dejando por fuera a la UNE, para formar una supuesta coalición tendiente a formar un gobierno socialdemócrata de «izquierda» que sustituya a la desprestigiada derecha. Esas reuniones están marcadas con una fuerte condición, según Montejo, alejarse y no pensar en coalición alguna con el partido Movimiento Político por la Liberación de los Pueblos, MLP.

A todo esto, el aislamiento social por las constantes restricciones de movilidad ha motivado el surgimiento de diversos foros digitales de conversación y reflexión como el de Cuatro pueblos unidos Pueblo Maya, Comunidades en Resistencia, Otra Guatemala Ya, Instituto 25A, Lecturas de Poesía de Mujeres, foros sobre derechos humanos y sus violaciones sistemáticas, reflexiones sobre los 100 años de movimientos sociales, el abuso y uso de los estados de calamidad, prevención, de sitio, una multiplicidad de temáticas girando en torno la situación, pero muy poco, escasos, sin una vinculación o relación estructurada, vinculada, con serias reflexiones y propuestas para enfrentar la tan llamada «nueva normalidad», y mucho menos de propuestas de alternativas de luchas concretas y sugerencias de la nueva normalidad que, al menos, idealmente se esperaría poder construir en Guatemala.

Sin embargo, muy activamente, las derechas a partir de la administración de AEGF continúan sentando las bases de la nueva normalidad que ya están moldeando. Se continúa con la orgía de obtener grandes sumas de dinero para ser entregadas a los ministerios o el Ejecutivo sin ninguna rendición de cuentas dadas las condiciones de calamidad, prevención, estados de sitio. Así el Minfin se prepara para solicitar 4500 millones de quetzales exclusivos para la reactivación económica y será incluido en el proyecto de presupuesto de la nación 2021 que podría ser de 96 000 millones de quetzales. Esos fondos serían destinados a la «obra gris de la reactivación económica» como «la construcción de una carretera que formaría el Anillo Regional Metropolitano, algunas autopistas estratégicas y el Metro Riel, una de las promesas de campaña del presidente Alejandro Giammattei, que consiste en la implementación de un tren ligero en la ciudad de Guatemala» (La Hora, 31 de julio de 2020). Por su lado el director de la Comisión Presidencial contra la Emergencia del Coronavirus (Coprecovid), Edwin Asturias, indica que la epidemia del COVID-19 seguirá todo el 2021 y por ello es necesario que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) cuente con un presupuesto mínimo arriba de 15 000 millones de quetzales. Y otras fuentes indican que se busca en estos días 20 00 millones de quetzales aprobados por el Congreso para ser utilizados en tres meses a partir de la fecha de su aprobación. Nada se dice sobre «fondos para las necesidades sociales».

El Ejecutivo fortalece su concentración de poder, control y atribuciones, eliminando la Sepaz, SAA, y Copredeh con la publicación en el Diario Oficial los Acuerdos Gubernativos 97-2020, 98-2020 y 99-2020 en donde se derogan los acuerdos que crearon la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia (SAA), la Secretaría de la Paz (Sepaz) y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh). Todos los registros, archivos y documentación de dichas dependencias deberán ser entregados a la Segeplan, quien será responsable de la administración, custodia y depósito de esta, con el objeto de identificarla, clasificarla y resguardarla (La Hora, 31 de julio de 2020).

Simultáneamente se crea la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh), la cual será «la encargada de fortalecer la paz, promover y vigilar el respeto a los derechos humanos en lo que al Gobierno corresponde, así como dar atención a la conflictividad social en busca del desarrollo y la armonía para toda la población». La Copadeh estará integrada por el presidente de la República, la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), los ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); de Energía y Minas (MEM); de Gobernación (Mingob) y de Finanzas (Minfin), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), y se prevé que comience a funcionar el 1 de septiembre (La Hora, 31 de julio de 2020).

Iniciando en agosto, luego de la secreta reunión en la finca presidencial Santo Tomás, 18 y 19 de julio, se incrementan las arremetidas y los ataques contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco De Mata Vela y Neftaly Aldana, la jueza Erika Aifán, el fiscal Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el PDH Jordán Rodas, el presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras. Y «sorpresivamente» el acelerado proceso de antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el vicepresidente de la República Guillermo Castillo. Así, la CSJ, el Organismo Judicial, (OJ) y el Ministerio Público (MP) cierran filas acuerpando la corrupta administración de AEGF. No pasa desapercibida la oferta de AEGF de prorrogar por otro periodo a la actual fiscal general del MP, María Consuelo Porras Argueta, caracterizada por su eterna observancia sin actividad alguna. La batalla jurídica ha iniciado, este 2 de agosto el vicepresidente Guillermo Castillo presentó una acción de amparo en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que da trámite a una solicitud de retiro de antejuicio por el supuesto nombramiento ilegal de una abogada al frente de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio (Senabed).

En este maremágnum en Guatemala, que se aprovecha contra la inmensa mayoría de la ciudadanía desposeída y explotada, altamente adormecida por la sobrevivencia, existe un casi absoluto silencio en torno a la toma del poder desde las bases y la decisión de participar activamente en la configuración de la nueva normalidad, pospandemia, en beneficio de los Cuatro Pueblos y la ciudadanía de a pie de Guatemala, no más allá de algunas publicaciones.

Fotografía principal tomada de Soy502.

Jacobo Vargas-Foronda

Jurista y sociólogo. Aprendiz de escritor, analista y periodista freelance. Libre pensador y autodefinido como gitano, es decir, ciudadano universal.

Búho de ocote

Correo: forvar33@yahoo.ca