-Ricardo Barrientos / MANIFIESTO–

Una ruta legítima para recuperar la estabilidad necesariamente debe romper de forma tajante y sostenible con el statu quo de corrupción e impunidad.

Jimmy Morales se ha constituido como el principal lacayo de quienes se sienten afectados por la lucha contra la corrupción y la impunidad. Días atrás quedó desenmascarado también el amo y maestro de los corruptos de ayer y hoy: Álvaro Arzú. Estos dos personajes, uno maestro y el otro servil rastrero, personifican la estabilidad en medio de la inmundicia de la corrupción institucionalizada, que busca perpetuarse vía el sistema electoral actual.

Entre otros grupos, les apoyan por un lado algunos alcaldes liderados por Edwin Escobar, urgidos de lograr cuotas de impunidad para cubrir sus fechorías. Por otro, empresarios que parece que no aprendieron la lección cuando apoyaron a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, insensatos miembros de algunas cámaras empresariales (ojo, no todas), que insisten en la torpeza y casi suicida idea de apoyar a un presidente corrupto, forzando las cosas para sostenerlo en el poder hasta el final del mandato y creyéndose la tontera esa de la institucionalidad (sí, ¡pero de la corrupción!).

Peores aún quienes se tragan la descomunal perorata esa de que el esfuerzo contra la corrupción y la impunidad es una lucha ideológica de un grupúsculo de comunistas liderados por el comisionado Velásquez para hacerse del poder en Guatemala. Sería una ridícula y soberana pantomima si no existiesen quienes no solo se lo creen, sino que además tiemblan de miedo y pánico al sentirse al borde de que Guatemala «se vuelva otra Venezuela».

Que la sacrosanta estabilidad se haya visto perturbada no necesariamente es malo: atacar la corrupción, un problema estructural y profundamente enraizado en nuestra sociedad, no puede ser un proceso inocuo. Si ha de ser legítimo debe transformar la distribución actual de cuotas de poder, igualando ante la ley a los poderosos de hoy con cualquier ciudadano. Lograr que Álvaro Arzú entienda que no es superior a nadie y que debe ser juzgado por los crímenes que se le acusan, inevitablemente altera la estabilidad del statu quo.

Así que si tanta es la preocupación por recuperar la estabilidad en Guatemala, una ruta legítima para lograrlo obligadamente debe empezar por retirar la inmunidad (antejuicio) a Jimmy Morales, a Álvaro Arzú y a un buen número de diputados, a fin de que se les pueda investigar. Luego, con estricto apego a sus derechos de defensa y presunción de inocencia, removerlos de los cargos para que enfrenten juicio por los crímenes de los cuales se les acusa. Simultáneamente, bajo respeto estricto a su independencia, los entes investigadores, principalmente el MP y la Cicig, deben presentar las evidencias con las que sustentan las acusaciones. Este sería solo el inicio de un proceso largo, firme y sostenido de depuración de todas las entidades del Estado.

Paralelo al proceso de depuración, el Tribunal Supremo Electoral debería conducir un proceso extraordinario para abrir y transparentar el cambio de autoridades del Ejecutivo, de las corporaciones municipales y de las 158 diputaciones. Una vez electa una legislatura posdepuración, discutir las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y otras reformas de carácter estructural, incluyendo reformas constitucionales.

Solo condiciones como las descritas permitirían volver a la estabilidad rompiendo con el marco actual de corrupción e impunidad.

Es decir, no puede haber diálogos ni agendas legítimas para recuperar la estabilidad con personajes como Jimmy Morales o Álvaro Arzú en sus cargos, sintiéndose superiores a la ley y con «derecho» a impunidad. Tampoco con más atentados contra de la independencia y del trabajo del MP y la Cicig.

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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