Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

En la Guatemala que a gatas trata de incorporarse al conjunto de naciones efectivamente civilizadas, miembros importantes del Organismo Judicial constituyen pilares firmes a partir de los cuales esa nueva sociedad comienza a construirse. Saltan a la memoria los nombres de las y los presidentes de tribunales que han demostrado en los últimos años capacidad jurídica, absoluta independencia y compromiso firme con la justicia.

Jazmín Barrios y sus colegas, con su condena transparente a Ríos Montt, son posiblemente ya una referencia histórica. El dictador no murió inocente, sino sometido a proceso y en arresto domiciliario, que es totalmente distinto. Sabemos, por obra del fallo del tribunal presidido por la Juez Barrios, que en Guatemala se practicó un genocidio y al asumirlo, podemos trabajar firme y conscientemente para superar las causas que le dieron origen, como lo hizo Alemania o como lo intentan los países surgidos del conflicto en los Balcanes.

Pero Barrios no está sola en esa construcción de una justicia independiente y firme. Claudia Escobar, magistrada de sala, dio un claro ejemplo de honestidad e independencia, denunciando el intento de soborno y tráfico de influencias y, en el esfuerzo por ser coherente, renunció a la magistratura. El expresidente del Congreso de la República, Gudy Rivera, purga pena por ello.

Miguel Ángel Gálvez cobró notoriedad al ser responsable de los casos en que se juzga a la cuadrilla de funcionarios corruptos que comandó el exgeneral Otto Pérez Molina. Ha sido un esfuerzo profesional titánico, pues los implicados se cuentan por decenas, y usan mil y una marrullería para evitar ir a juicio, pero en cada vista pública nos ha permitido saber porqué y cómo está procediendo.

Pablo Xitimul, con su sentencia en el caso Molina Theissen, nos ha dado una cátedra de derecho transicional, demostrando que los crímenes de lesa humanidad, demostrada su responsabilidad, deben ser sancionados. José Eduardo Cojulún ha debido, entre otros casos, juzgar el conocido como “Transmetro”, donde casi todo el gabinete de Álvaro Colom ha sido demandado. No la tiene fácil, pues los simpatizantes y financistas del Partido Patriota, que no son pocos, quisieran que a los de la UNE también se les evidenciara como corruptos, de manera que el apoyo decidido que en su momento dieron a Pérez Molina tuviera alguna justificación. Sin embargo, el MP no ha podido demostrar más que responsabilidades administrativas y el juez se basa en ello para sus acciones.

Claudette Domínguez, quien juzga el complejo y extenso caso de las más de quinientas osamentas del caso Creompaz, ha demostrado sabiduría y criterio jurídico, retirando acusaciones para unos implicados e incrementando la exigencia de pruebas para otros. No la tiene fácil, pues su sentencia podría significar el cierre un ciclo en lo que ha dado en llamarse justicia transicional. Los detenidos-desaparecidos “aparecen” en los tribunales, con sus huesos, ataduras y heridas, para demostrar la horrenda e inhumana práctica criminal de un grupo de militares que, al servicio de intereses propios y ajenos, masacraron a los más débiles e indefensos.

Y, aunque parecía un caso poco complejo, pues las pruebas materiales son más que evidentes, la jueza Érika Aifán, luego de dictar sentencia contra todos los implicados en el caso “Migración”, resultó cuestionada por la CC y una sala de amparo. Ésta última haciéndose eco a presiones nacionales e internacionales que tratan de impedir que en Guatemala se ponga un hasta aquí a la corrupción y crímenes de lesa humanidad que, como ha ido quedando demostrado, son caras de una misma moneda.

Aifán, como los demás jueces y magistrados honestos y dignos, no puede quedarse sola en esta desigual disputa. Ella está juzgando también al famoso “Rey del Tenis” y las presiones de la Sala tercera de apelación parecen estas vinculadas a él, pues descalificándola, podrán encontrar otro juez menos firme y honesto.

A los ciudadanos rusos se les juzgó como nacionales porque usurparon una ciudadanía y documentación nacional. No fue una práctica ingenua, pues pagaron por ello y recorrieron miles de kilómetros para adquirirla. La adquisición de identidad falsa, aunque legal, es penada en cualquier país del mundo, y los Bitkov tienen que ser juzgados y penados por ello.

Sus defensores internacionales, en particular el multimillonario William Browder, -que presume de defensor de la democracia siendo un claro aliado de las mafias rusas surgidas en los años noventa, cuando junto a ellas se enriqueció, habiendo además renunciado a su nacionalidad estadounidense para no pagar impuestos-, usan el caso para debilitar el Estado de derecho guatemalteco y así favorecer a corruptos, corruptores y asesinos.

Acusada de ser instrumento de una inexistente persecución política del gobernante ruso contra los Bitkov, en ningún momento se ha presentado una sola prueba material contra ella o los acusadores de la CICIG y MP que lo corrobore. Érika Aifán ha demostrado firmeza y claridad en el juicio, y su práctica no puede ser manipulada. Defender su independencia y fallos, junto a los demás jueces, es una urgencia nacional.

Guatemala está cambiando a empellones y tropiezos, y todos esos jueces y magistrados son parte de la reserva moral de un país que comienza a ver la luz de la justicia para todos. Aifán es, hoy por hoy, pieza clave en la consolidación y avance de ese esfuerzo y no puede ser atropellada, mucho menos anulada.

Imagen principal tomada de Soy502.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

Pupitre roto