Olga Villalta | Política y sociedad / LA CONVERSA

La mayoría de los adultos actuales no recibimos educación en sexualidad en las escuelas y menos en la casa familiar. Nuestros padres y madres, sumidos en la ignorancia se debatían entre el miedo por nuestro crecimiento y la angustia de no saber cómo educarnos. Se limitaban a decirnos a las jóvenes: “ten cuidado”, “no me vayas a salir con una pata más larga que la otra”, “mira bien, que los hombres solo te hacen el mal y te dejan”. No tenían la capacidad para explicar la diferencia entre hormonas alborotadas y el sentimiento amoroso, entre sexualidad y erotismo.

En la escuela aprendimos de memoria todos los ríos del mundo, los cabos, las penínsulas, grabamos en nuestra mente los logaritmos, las fórmulas de física y química. Repetimos hasta el cansancio la historia oficial sobre la independencia pero ningún docente nos educó en sexualidad ni explicaciones sobre los cambios que experimentábamos en la adolescencia. Los pocos atrevidos, explicaban la función de los genitales y el peligro de las infecciones de transmisión sexual. Ninguno hablaba del placer.

Es así que generación tras generación ejercimos la sexualidad de manera torpe, guiados por los instintos. Los varones fueron llevados a los prostíbulos para que se hicieran “hombres” y las jóvenes nos enterábamos de la menstruación y el ejercicio sexual por medio de las alumnas mayores.

La irrupción de los métodos anticonceptivos permitió en el siglo pasado, que las mujeres, casadas o no, comenzaran a tener control sobre la concepción. Las jerarquías eclesiásticas protestaron porque según ellos, esta práctica atentaba contra el mandato divino de tener todos los hijos que Dios enviara. A pesar de ello, las mujeres con relativa solvencia económica y educativa, recurrieron a utilizar estos métodos modernos.
En el marco de las conferencias mundiales las organizaciones de mujeres que trabajan en salud, funcionarias/os conscientes y académicas/os han propugnado porque los estados atiendan a la población en salud reproductiva y salud sexual. El Estado guatemalteco, dependiendo de quiénes estén en el gobierno, ha hecho avances, pero también retrocesos.

Hoy asistimos a una suerte de retroceso por parte de sectores ultraconservadores que presionan a los diputados, quienes en su mayoría no tienen claridad sobre la laicidad en el ejercicio de la Política Pública y se basan en sus creencias religiosas para presentar iniciativas de ley que coartan los derechos sexuales y reproductivos de la población.

Un ejemplo de ello es la iniciativa No. 5272 de Protección de la vida y la familia, que fue presentada el 25 de abril de 2017 por el diputado Cristian Jacquez Boussinot del partido Visión con Valores –VIVA, con membresía evangélica. Varios sectores presentaron su inconformidad y entregaron a la Comisión de Legislación y puntos constitucionales un exhaustivo análisis de la ley artículo por artículo, evidenciando las falencias e inconstitucionalidades de la iniciativa.

En su resumen ejecutivo las organizaciones plantean:

Sobre legisla aspectos ya regulados en el ordenamiento jurídico guatemalteco. A la luz de los principios garantizados en la Constitución Política y las leyes ordinarias, ya existe un marco regulatorio que permite y promueve la libertad de todos los cultos y de conciencia. Esta iniciativa, busca supuestamente promover esa libertad pero en realidad convertiría al credo cristiano como la visión única para entender la moralidad, sexualidad y la familia; imponiéndola a quienes no profesan esa religión, lo cual es evidentemente inconstitucional.

Es altamente discriminatoria de los derechos de las mujeres y de las comunidades LGBTI. Esta iniciativa restringe y contradice los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, así como el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, colocándolas en una situación de especial vulnerabilidad al incrementar las barreras que les permitan acceder efectivamente a los servicios de salud sexual y reproductiva. En cuanto a las comunidades LGBTI además de restringirles sus derechos se niega incluso su derecho a existir y a ejercer su sexualidad; esta iniciativa abre peligrosamente la puerta para que se promulguen políticas de exclusión, segregación e incluso exterminio de grupos que ejerzan sexualidades distintas a la heterosexual; lo cual es nuevamente inconstitucional y le puede traer sanciones internacionales a Guatemala por graves violaciones a los Derechos Humanos.

Contraviene el principio de progresividad de los Derechos Humanos. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es claro al indicar que los Estados deben progresivamente incrementar el marco de protección de las personas sin importar su raza, género, etnia, condición social u orientación sexual. Esta iniciativa se enfoca en restringir el marco de protección de las mujeres, las familias y las comunidades LGBTI.

Este documento presentado en mayo del 2017, al parecer, no ha sido tomado en cuenta por los señores diputados y han emitido dictamen favorable a la ley para que sea aprobada en el pleno. Se necesita de acciones contundentes desde las/os ciudadanas/os conscientes para evitar que las/os diputadas/os legislen desde sus creencias religiosas. La democracia sin laicidad, no es democracia.

Olga Villalta

Periodista por vocación. Activista en el movimiento de mujeres. Enamorada de la vida y de la conversación frente a frente, acompañada de un buen café.

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