Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

En el capítulo I de su célebre 18 brumario de Luis Bonaparte, Marx afirma: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”.

Y continúa: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”.

Viene esto a cuento por el título que encabeza este artículo. Es muy común escuchar que es necesario hacer tal o cual cosa para que la historia no se repita. Pero la historia no se repite. Jamás. Pueden ocurrir hechos, acontecimientos parecidos a otros del pasado, pero, en todo caso, son acontecimientos diferentes que se desarrollan en circunstancias distintas, quizás con algunos o muchos de aquellos “actores” (para usar esta palabreja muy en boga hoy), no importa, pero que hoy actúan en condiciones distintas.

La historia no se repite. El pasado nos influye, indudablemente, pero lo que se construye hoy es diferente al pasado. En Guatemala, como ocurre en todo el mundo, se vive un capitalismo distinto al de la posguerra; es el capitalismo neoliberal, más agresivo, más inhumano, más salvaje. Nunca el capitalismo se ha caracterizado por su humanidad, pero su fase neoliberal ha sido la más inhumana de todas. Por eso, “humanizarlo” como algunos pregonan y muchos pensaron que podía ser, como alternativa cuando se derrumbó el socialismo real, es solo una ilusión que la cruda realidad echa por tierra de inmediato.

La particular agresividad de su expansión ha hecho que surjan nuevas formas de sobre explotación de la fuerza de trabajo, nuevos despojos de los bienes comunes y públicos y su mercantilización; alguna nueva forma de acumulación. Como contrapartida, hay nuevas formas de lucha y de resistencia; pero también nuevos mecanismos de control, persecución y represión recurriendo a viejas prácticas que la historia da cuenta de sus efectos en frías cifras como las 200 mil personas muertas-asesinadas, miles de ellas en masacres y actos de genocidio, y alrededor de 45 mil desaparecidos.

Si se recurre a los registros históricos, se encontrará cómo en los dos ciclos de lucha contra el capitalismo de entonces y la dictadura militar, se perpetraron olas represivas que empezaron con asesinatos y desapariciones forzadas selectivos, dando paso a los colectivos y masivos, como ocurrió, sobre todo, en la década de 1970 y primeros años de la de 1980. Entre estos la captura y asesinato de dirigentes del PGT en 1972; los 180 militantes revolucionarios asesinados entre 1984 y 1985 registrados en el diario militar; el asesinato de Oliverio Castañeda de León y la mayor parte del Secretariado de la AEU en 1978; la captura y desaparición de 27 dirigentes sindicales en junio de 1980 y 17 en agosto de ese mismo año. El común denominador: “enemigos internos” por luchar contra la dictadura.

Represión perpetrada abiertamente por fuerzas de seguridad o por grupos armados con un modus operandi particular: organizados como “escuadrones de la muerte” cuyos miembros pertenecían a las fuerzas de seguridad del Estado: ejército, policías (Nacional y de Hacienda), estructuras de inteligencia militar, que se movilizaban en vehículos sin placas y que, previo a perpetrar el hecho, llevaban a cabo un estricto control y seguimiento de las víctimas.

Hoy día hay dos formas principales de lucha anticapitalista, antioligárquica y contra los grupos que tienen penetrado y que controlan el Estado, aglutinados en el llamado pacto de corruptos: a) los movimientos de resistencia y lucha por la defensa del territorio, y b) las movilizaciones ciudadanas que reúnen a esos movimientos, o parte de ellos, y a un sinnúmero de colectivos, principalmente urbanos. Frente a ello, hay dos modalidades de persecución y represión: a) la criminalización de las luchas y dirigentes sociales, y b) los ataques y asesinatos selectivos.

Hace unos años afirmé en un artículo publicado en la Revista Coyuntura en abril de 2013, con el título “Criminalizar movimientos y dirigentes sociales”:

“En todos los casos de criminalización y persecución (…), es evidente la complicidad del Estado con los grupos de capital (nacional y transnacional) que orientan sus inversiones a actividades económicas ligadas con la lógica del capitalismo actual, sin importar el costo social, humano y ambiental.

En ese escenario de criminalización de los movimientos sociales se mueve otro actor: una especie de ‘grupos de choque mediáticos’ que, a través de medios radiales, escritos y televisivos hacen una defensa abierta y desvergonzada de esos grupos de capital, acusan de terroristas a quienes defienden su tierra y sus territorios, reclaman tierras para medio sobrevivir, y defienden a sus comunidades de la voracidad del capital. Esparcen la idea que quienes se oponen a la voracidad y rapacidad de los grupos de capital son opuestos al progreso y al desarrollo.

Estos ‘grupos de choque mediáticos’ no tienen freno, y cada vez gozan de mayores espacios en los medios de comunicación. Son al parecer el complemento ideal de los ‘grupos de choque armados’ que la emprenden contra el movimiento social, comunidades y dirigentes. Los primeros se encargan de desinformar a la opinión pública y formar en ella una opinión adversa hacia campesinos, indígenas, comunidades y organizaciones sociales. Los segundos hacen el resto”.

La criminalización se lleva a cabo a través del sistema de justicia, con la intervención del Ministerio de Gobernación y las fuerzas policiales, el Ministerio Público, especialmente las fiscalías departamentales, y el Organismo Judicial a través de los tribunales. Esta criminalización goza de un claro apoyo de la Corte de Constitucionalidad a través de resoluciones, en respuesta a recursos interpuestos por las cámaras empresariales, que obligan a Gobernación y fuerzas policiales a garantizar el “derecho de locomoción” de los guatemaltecos; en otras palabras, ordena reprimir sobre todo cuando se trata de tomas de carreteras.

El aparato de justicia del Estado, puesto al servicio del capital. El resultado es que hoy existe en el país un buen número de presos políticos, dirigentes todos ellos de comunidades y organizaciones indígenas cuyo delito es que luchan por la defensa del territorio. En la era del capitalismo salvaje, defender los bienes naturales, el territorio y la vida es un delito justamente porque la ola expansiva del capital necesita de ellos para su reproducción y acumulación.

Los ataques y asesinatos son un paso más de la persecución y represión hacia los movimientos sociales y sus dirigentes. Esto ha ocurrido año tras año. De acuerdo con datos de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, del 1 de enero al 8 de junio de este año han ocurrido 135 agresiones a defensores y defensoras (entre los que están quienes defienden el territorio), de las que 76 corresponden a actos de criminalización, 13 asesinatos, 2 intentos de asesinatos, y 32 agresiones contra mujeres. Entre los asesinados se encuentran los 5 dirigentes de CODECA y 3 de CCAD ocurridos en el lapso de un mes, el último de ellos Francisco Munguía, dirigente comunitario del pueblo xinca de la aldea Divisadero de Santa María Xalapán, el viernes 8 de junio.

En estos últimos asesinatos hay una clara diferencia respecto a los ocurridos con anterioridad: el modus operandi. Se encuadran en la típica forma de operar de los escuadrones de la muerte: seguimiento y control de la víctima previo a perpetrar el hecho, un vehículo con hombres armados que la sigue el día del asesinato hasta cometerlo, que luego desaparece sin dejar rastro. Tienen todas las características de ejecuciones extrajudiciales cometidas por grupos armados que, probablemente, estén integrados por elementos de fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos armados privados de grupos empresariales afectados por las luchas sociales. Todo ello ocurre en circunstancias en las que la oligarquía, el CACIF y el Estado identifican a CODECA y al CUC, en ese orden, como su principal enemigo.

Nos encontramos en un momento en el que la represión y, con ello, los asesinatos selectivos pueden ir en aumento y fácilmente dar el paso a los asesinatos colectivos y masivos. Es la contrainsurgencia aplicada a los movimientos y luchas sociales que cuestionan seriamente el modelo económico y el sistema político fuertemente penetrado por las mafias. No es que la historia se repita; es utilizar mecanismos y métodos del pasado que fueron eficaces al terrorismo de Estado, para enfrentar y reprimir las luchas sociales de hoy.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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