Virgilio Álvarez Aragón | Política y sociedad / PUPITRE ROTO

En distintas oportunidades, el presidente Jimmy Morales ha insistido que él sí ha apoyado la lucha contra la corrupción, pidiendo que sus críticos nos remitamos a sus acciones y no solo a sus palabras. El balance bien podría hacerse con instrumentos sofisticados de medición, estableciendo como línea de base la normativa constitucional y legal guatemalteca, estando casi ciertos que no solo nos aparecería un presidente en nada proclive al combate de la corrupción, sino todo lo contrario: un gobernante que -al estilo de su maestro, el finado Álvaro Arzú-, ha corrompido todas las instancias públicas.

Pero vayamos a los hechos más simples y comunes, y veamos sí, como el afirma, ha sido un decidido e incansable combatiente de la corrupción.

Partamos del ámbito legislativo, donde el Presidente de la República tiene iniciativa de ley y su bancada estaría en capacidad de obtener la mayoría de votos. Asumamos, sin concederle la razón, que la Ley de Compras y Adquicisiones del Estado es un freno para la ejecución honesta de los recursos públicos. Resulta que, a pesar de sus quejas, lloros y exabruptos, que han llegado al grado de acusar al Contralor General de Cuentas de no dejarlo trabajar, a pesar de ser más que evidente su lenidad que en otros casos como los del Ejército y la SAAS que parecen más a una complicidad directa, la Presidencia de la República no ha presentado una sola iniciativa de ley que modifique para mejor, la citada ley.

Morales ha acusado la instalación candados legales de obstaculizar su gestión, pero no ha propuesto nada a cambio, dejando más que en evidencia que lo que no le gusta es que le controlen el gasto.

La corrupción se combate con drásticas y fuertes medidas legales, pero Jimmy Morales no solo no ha propuesto al Congreso profundizar los controles sino, todo lo contrario, ha corrompido la función parlamentaria, al salir a comprar diputados para aumentar su bancada. El transfuguismo no solo es fraude electoral y de ley, pues se ha engañado a los electores antes y después de la elección, sino que es una forma abierta de corromper la política, ofreciendo dádivas y beneficios a quienes, de haberse quedado en su partido, o sin él por disposición del TSE, no las habrían obtenido.

En su relación con el congreso y los diputados, pues, Morales no solo no ha sido un freno a la corrupción, sino más bien la ha estimulado y profundizado.

Morales no ha hecho nada, tampoco, para combatir la corrupción en los procesos electorales. Todo lo contrario, su triunfo es evidencia clara de la manera corrupta como se manejó como candidato. Por denuncia del MP sabemos ahora que se financiaron supuestos fiscales sin declarar los fondos recibidos, recursos que bien pudieron haber servido para comprar votos o manipular la participación de los ciudadanos. Jimmy Morales no se ha puesto a las órdenes de las autoridades para aclarar los hechos, transparentando sus cuentas partidarias, sino todo lo contrario, se escabulle y parapeta tras exabruptos y denuestos contra quienes le denuncian, evidenciando, de nuevo, que más que un luchador contra la corrupción es un corrupto de pies a cabeza, de los más turbios y peligrosos, pues es falaz, demagogo y mentiroso.

Aquí, de nuevo, no evaluamos sus palabras, sino su práctica política cotidiana.

Si consideramos la ejecución de los recursos públicos, vemos que en todas las instituciones del Estado la ejecución se realiza fraccionando las compras para evitar los controles legales, puerta ancha para la corrupción. Morales no solo no ha criticado estos procedimientos sino los ha estimulado con múltiples excusas.

Siguiendo la tradición de rifar los cargos públicos, se ha nombrado servidores por proximidad, amistad o militancia partidista, y no por méritos y capacidades. Sábese hasta la saciedad que un sector público, donde los funcionarios no acceden al cargo por estrictos y transparentes procesos de selección, está abierto al compadrazgo, tráfico de influencias y creación de plazas fantasmas. Prácticas que en sí mismas corrompen el servicio público. Jimmy Morales no solo no ha hecho nada para impedir ese vicio que día a día corrompe y hace ineficiente el servicio público, sino que , lo ha usado a su sabor y antojo para dar premios y dádivas a sus allegados, en un claro estímulo a la corrupción.

Se ha hecho público que él y los militares que le son más allegados han tenido beneficios ilegales e ilegítimos, prácticas que hechas públicas, corroboran que ha usado el cargo para enriquecerse, como también quedó demostrado con los gastos en bienes personales realizados por la SAAS. Además, en lugar de transparentar los gastos del Ejército, para demostrar a la sociedad que es estricto en el gasto público, ha insistido en ensombrecer las ejecuciones militares propiciando así la corrupción, ya endémica en esa institución.

Pero Morales además se deleita recibiendo regalos y beneficios, literalmente prohibidos por la Ley de Probidad, dejando más que demostrado que no es un estricto cumplidor de la ley sino un funcionario que busca, diariamente, los resquicios para transgredirla. El regalo de viaje transatlántico, para él, su familia y allegados puede no ser una propina para conceder negocios, pero es un regalo que, como funcionario público, está claramente prohibido de recibirlo.

De esa cuenta, si descontamos su palabrería barata en la que se proclama combatiente de la corrupción, por la que han dado doctorados y premios, al estilo Baldetti, y nos atenemos a sus prácticas gubernamentales cotidianas, podemos decir, sin equivocarnos, que Jimmy Morales ha corrompido el cargo y es simple y llanamente un corrupto que debe ser juzgado por ello.

Virgilio Álvarez Aragón

Sociólogo, interesado en los problemas de la educación y la juventud. Apasionado por las obras de Mangoré y Villa-Lobos. Enemigo acérrimo de las fronteras y los prejuicios. Amante del silencio y la paz.

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