Ricardo Gómez Gálvez | Política y sociedad / GUATEMALA: LA HISTORIA INCONCLUSA

Vivimos una involución sin precedentes de la democracia liberal en el mundo. Es una ola de diferentes tipos de populismo fascista-socialista-militar, parecida a la ocurrida en Europa de los años treinta del siglo pasado.

El pronóstico, igual que entonces, es muy desesperanzador.

En Guatemala, nuestro principal problema, en términos de solidez de la ciudadanía, es el desconocimiento de la Historia política de nuestro país, como una interpretación sólida y objetiva que nos sirva de guía y de ejemplo; así mismo desconocemos la Constitución de la República como pacto social, y la democracia como sistema político.

El combate en contra de la corrupción y la impunidad que se impulsa actualmente con apoyo popular mayoritario, debe reorientarse urgentemente, para evitar que los grupos antisistema – que ya han demostrado lo poco que les importa el respeto a la institucionalidad constitucional– se impongan en su empeño de regresar a las costumbres corruptas, que en la práctica aún subsisten y con las cuales ahora parecen claramente comprometidos.

Una victoria de estos grupos implicaría un desastre nacional, parecido a aquel ocurrido en 1954, cuando diversos errores socavaron las conquistas de la Revolución de octubre, al polarizar al país entre «comunistas» y anticomunistas. Ese desastre le costó al país cincuenta años perdidos de su historia, una guerra civil, 200 000 mil muertos, 50 000 desparecidos y un millón de desplazados, así como la entronización de lo que ahora rechazamos: el imperio de la impunidad.

La transición a la democracia, interrumpida en 1994 por la disfuncionalidad corrupta del sistema electoral de partidos políticos y por efecto de las reformas espurias a la Constitución, se debe en gran medida a la experiencia catastrófica del conflicto armado interno, impuesto al país por la confrontación entre EE. UU. y la Unión Soviética. De nada servirá ese desastre, si no se extrae de él una decisiva lección histórica: la confrontación solamente acarrea perdedores. Debe reanudarse a la mayor brevedad esa transición a la democracia.

Hoy, cuando el país tiene la oportunidad de avanzar hacia la modernidad –dado el apoyo brindado desde el 2006 por la comunidad internacional y en especial por EE. UU. para el combate en contra de la corrupción y la impunidad, construyendo y fortaleciendo la institucionalidad contenida en la parte orgánica de la Constitución–, las élites se comprometen peligrosamente en la reversión del proceso en marcha, echando mano de su conocida capacidad para corromper conciencias, confundir a la sociedad, manipular a los políticos, todo ello para generar confrontación social.

Parece absurdo que esas élites, luego de aceptar sus responsabilidades, pedir perdón por los yerros y ofrecer reparaciones, vengan ahora a desenterrar el hacha de la guerra, por los errores y los compromisos de un Gobierno absurdo, que ofreció y se comprometió falsamente a corregir los vicios de un sistema político corrompido y ahora, súbitamente, dan la espalda a sus cacareados compromisos electorales y organizan una revancha en contra del fortalecimiento del sistema de justicia, respondiendo a intereses elitarios, personales y de familia.

Para encarar esta delicada situación, debe leerse cuidadosamente los artículos 40, 187 y 21 transitorio de la Constitución Política de la República. Estos artículos consagran, en su orden, el derecho a la legítima resistencia de la población en el caso de violación a las garantías y derechos establecidos en la Constitución, así como el carácter delictivo y criminal de proponer en cualquier caso la reelección presidencial, o la permanencia de quien cupe el cargo, más allá de las fechas establecidas para el ejercicio del mandato. No menos importante es el artículo transitorio ya mencionado, que indica que la Constitución no pierde su validez y vigencia, pese a cualquier interrupción temporal, derivada de situaciones de fuerza.

Aquellos que creen equivocadamente que es posible regresar las agujas del reloj de la Historia, pretendiendo con ello regresar al pasado ominoso que se inició en 1954 y finalizó en 1985, deben meditar sus acciones, por el altísimo costo social, económico y político que acarrearían a todos sin excepción, sus torcidas intenciones.

Ricardo Gómez Gálvez

Político de vocación y de carrera. Cuarenta años de pertenencia al extinto partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Consultor político para programas y proyectos de la cooperación internacional y para instituciones del Estado.

Guatemala: la historia inconclusa