Jorge Mario Salazar M. | Política y sociedad / PALIMPSESTO

En estos aciagos días de confusión inducida por los criminales unificados alrededor de la idea de mantenerse en el poder a toda costa, quienes buscan la transformación del país por medio de una serie de reformas de leyes que eliminen la impunidad y la corrupción son señalados con diferentes epítetos que buscan polarizar a la sociedad, recurriendo a viejos temores, instalados en las mentes de la gente sencilla del país, desde la Guerra Fría de mediados del siglo pasado.

Entre todos los señalamientos que hacen destacan los de «comunistas o socialistas» como si se tratara de algo peor que el mismo diablo. Dicen comunistas, indicando que se pretende llevar al país a convertirse en un país en donde no existan libertades individuales y la gente se muera de hambre haciendo largas filas para obtener algo de comida. En los extremos de la ignorancia y la mala fe, señalan que los reformistas pretenden convertir a Guatemala en «otra Venezuela, otra Nicaragua u otra Cuba». En su locura insana, han amenazado con aplicar la violencia contra los reformistas como lo han hecho con una docena líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Estas gavillas de corruptos y sus patrocinadores están estructuradas para soportar cualquier intento transformador de su modo de actuar, debido a los intereses multimillonarios que los mueven y que son el motivo de toda la actual lucha política. Porque en la llamada «vieja política», el modelo electoral se centró en conseguir la representación de intereses de corporaciones nacionales e internacionales, en el que los funcionarios electos se ponen al servicio de esos intereses corporativos y no al servicio de la sociedad y de la ley.

Las corporaciones, como los propietarios de Mina San Rafael, lograron una concesión por medio de sobornos a funcionarios de los ministerios de Medio Ambiente, Energía y Minas, una lista de altos funcionarios, alcaldes, diputados y jueces que entraron durante el Gobierno del Partido Patriota. Hoy emplean una millonaria campaña de radio y televisión para presionar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que fallen a su favor, en lugar de enmendar los procedimientos anómalos mediante los cuales fueron autorizadas sus operaciones. Esa es la clave y la lucha de los corruptos. Defender esas ganancias millonarias y espurias a cualquier costo.

Pero resulta que quienes defienden el debido proceso y la debida gestión de los funcionarios a cargo en cualquier institución y en cualquier nivel de la funcionalidad de estas son comunistas y pretenden sembrar la anarquía y el desorden social. De ese tamaño es la injuria, pese a que en los múltiples debates de las personas, grupos, organizaciones sociales y partidos políticos lo que prevalece es la corrección política y esa discusión no se abre a la transformación del modelo neoliberal hacia un Estado social de derecho.

En este momento, con toda esa campaña de los ultraconservadores unidos a los grupos mafiosos y militares en riesgo de juicio por sus abusos, se han conjuntado alrededor de unas 3 opciones electorales: Alejandro Giamatei, Zury Ríos y Roberto Arzú García-Granados, dejando como plan b la posibilidad de apoyar a Sandra Torres en caso de que esta llegara a segunda vuelta electoral, de acuerdo con los escenarios posibles sobre la contienda electoral a celebrarse dentro de 12 meses.

Desde mi perspectiva, esta realidad de incertidumbre acerca del futuro de las reformas ha llevado a un buen número de personas del sector empresarial a voltearse hacia los grupos mafiosos. Entre los grupos independientes tampoco ha cuajado bien la postergación de las luchas específicas por las reformas y su dependencia casi exclusiva de una plataforma electoral. La publicidad de esta idea minó las diferentes luchas reformistas y se mira con tristeza como una oportunidad de reiniciar el pacto social se pierde sin mayor trascendencia, pero cuyas consecuencias nos pudieran llevar a una consolidación del Estado fallido.

La reciente manifestación del Cacif como la máxima representación de los empresarios organizados, alegando la ilegalidad de las reformas electorales es la peor de las muestras de adhesión al Pacto de Corruptos, ya que lo hacen desde la perspectiva ideológica de la libertad de empresa, muletilla que es, precisamente, la utilizada para sustentar negocios sucios dentro de la cosa pública. No se debe comparar un proceso electoral con una promoción de ventas de cualquier mercancía. No son aplicables las limitaciones al ejercicio de los partidos políticos al comercio y viceversa. Este nuevo elemento contradictorio retrasa el proceso de la reforma electoral y retrata de cuerpo entero el oportunismo y la verdadera naturaleza del crimen organizado que persiste dentro de la administración pública.

Con esta declaración de principios, el Cacif lesiona su postura en relación con el supuesto apoyo a las reformas y su publicitado acto de contrición por el financiamiento anónimo a Jimmy Morales. Pareciera que quieren desmarcarse de todas las acusaciones de comunistas que les hacen a los reformistas. En lenguaje de estrategias, pareciera que el empresariado ha sido neutralizado por el Pacto de Corruptos. Se constata que los empresarios siempre ganan porque se colocan en medio y apoyan a ambos contendientes. Levantan sobre sus cabezas el poder de la administración pública y gritan: ¡Quien quilete!

Imagen tomada de Junta de Andalucía.

Jorge Mario Salazar M.

Analista político con estudios en Psicología, Ciencias Políticas y Comunicación. Teatrista popular. Experiencia de campo de 20 años en proyectos de desarrollo. Temas preferidos análisis político, ciudadanía y derechos sociales, conflictividad social. Busco compartir un espacio de expresión de mis ideas con gente afín.

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