Carlos Enrique Fuentes Sánchez | Política y sociedad / EL EDUCADOR

La Semana Mayor, porque de santa no tiene mucho (playa, bikinis, licor, drogas, etcétera) no ha bastado para olvidar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- presentado hace ocho días. Además de señalar las violaciones que el Estado hace de los derechos humanos de los ciudadanos guatemaltecos, el informe presenta las causas que provocan tales violaciones y se hacen recomendaciones al Estado.

Aparte de las violaciones señaladas por el informe que aparecen en los medios de comunicación, en los sectores de seguridad, justicia, defensa y cárceles, libre expresión, pueblos indígenas, mujeres y niños, protección a defensores de derechos humanos y búsqueda de víctimas del conflicto armado, hay muchas más violaciones que se conocen y que no aparecen en dichos medios, tales como los salarios de hambre que perciben los trabajadores de campo y las domésticas, la desigualdad e injusticia en los salarios, el trabajo infantil, la utilización de votantes, la corrupción de los diputados, la falta de acceso a la educación de cientos de miles de niños y adolescentes, la falta de centros educativos, el fortalecimiento de la educación especial y la educación bilingüe intercultural, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, etcétera.

Conocidos los problemas, se debe implementar acciones para evitar que continúen, pero lo más importante es atacar las raíces de dichos problemas. El informe señala como causas: la desigualdad económica y social, la corrupción, la baja recaudación fiscal y la falta de acceso a la justicia, además, recomienda que «el Estado redoble su compromiso para continuar con los esfuerzos emprendidos para luchar contra la impunidad, la violencia, la intolerancia y la corrupción».

Si se saben las causas y se tienen recomendaciones puntuales, el Estado guatemalteco debe terminar con las causas e implementar acciones para realizar las recomendaciones. Todo es posible si hay voluntad política y, sobre todo, valor y decisión de parte del presidente de la República, los ministros y los jueces. Porque de los diputados no se puede esperar mayor cosa, con algunas excepciones.

Para reducir, no para eliminar, porque es casi imposible, la desigualdad económica y social, por ejemplo, el presidente podría determinar un mejor salario mínimo, siquiera el suficiente para pagar la canasta básica alimentaria y obligar a los inspectores de trabajo a monitorear la efectividad del pago y multar a los patronos que no lo cumplan. Igualmente, terminar la corrupción fortaleciendo tanto la Superintendencia de Administración Tributaria como al Ministerio Público, nombrando personal idóneo que continúe y mejore, de ser posible, el trabajo que hacía Solórzano Foppa y que hace la fiscal Aldana. Pero… ¿cómo luchar contra la corrupción y la impunidad creando una comisión de transparencia que depende de la misma presidencia y cuya máxima autoridad es un presidente señalado de corrupción en dos oportunidades?

El presupuesto de la nación es pobre y se ampara en muchos préstamos, lo cual se podría impedir si el presidente, los ministros y algunos diputados intentaran modificar algunas leyes existentes o crearan nuevas, de tal forma que las mismas permitan al Estado captar más fondos por medio de aumentar impuestos a, por ejemplo, las empresas de la minería a cielo abierto, las empresas de teléfonos y a quienes explotan el petróleo guatemalteco. O aprobando una de las múltiples propuestas que existen referentes a leyes como la del manejo del agua; la ley de desarrollo rural integral, la nacionalización de la energía eléctrica, la ley de pueblos indígenas y otras de igual importancia.

Lo anterior depende del voto de la mayoría de los diputados quienes, obviamente, se venderán al mejor postor o se verán obligados a aprobar leyes que favorezcan a quienes financiaron su campaña, por lo cual es casi imposible de lograr, aunque valdría la pena hacer el intento. Pero no. Ni siquiera para eso hay voluntad, y menos, el suficiente valor para hacerlo. ¿Entonces qué?

A la pregunta inicial, la respuesta es que quien procura por los derechos humanos en Guatemala es el procurador, nombrado para ello y quien, hasta hoy, ha desarrollado sus funciones con responsabilidad y valor, por lo cual merece el apoyo de la población que sufre las violaciones a sus derechos y de aquellas personas que, sin sufrirlas, están conscientes de que en Guatemala es ya tiempo de lograr que todos los guatemaltecos gocen de sus derechos humanos, constitucionales y de cualquier naturaleza. Para ello, la lucha de la sociedad civil debe continuar y fortalecerse.

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.

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