Víctor Manuel Gálvez Borrell | Política y sociedad / DESDE ESTA ORILLA

Desde el 18 de abril de este año, cuando estalló la crisis en Nicaragua, la situación no ha cedido: más de 300 muertos –la mayor parte estudiantes atacados por la policía y por paramilitares–, manifestaciones masivas y paros nacionales que exigen la renuncia de Ortega y de su esposa, comunicaciones interrumpidas, el país casi paralizado y muchos ciudadanos que optan por migrar a países vecinos. Para algunos se trataría de un intento de golpe de Estado con apoyo de EE. UU. Para otros, de una verdadera rebelión popular producto de años de concentración del poder y del autoritarismo del gobernante (Iosu Perales, Rebelión 2018). La respuesta habría que encontrarla, tanto en la interpretación de algunos hechos de los últimos años, como en el hartazgo que siguió a las protestas contra las reformas al sistema de seguro social y en el inicio de la represión reciente.

Recordemos algunos hechos. Luego de la derrota contra Violeta Barrios de Chamorro en 1990, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) pasó 16 años en la oposición, hasta que recuperaron la Presidencia en 2006 con Daniel Ortega nuevamente a la cabeza. Durante tales años “mucha agua habría corrido” bajo los puentes del sandinismo, transformándolo. El primero de ellos fue la “piñata”: el aprovechamiento corrupto para algunos funcionarios de los beneficios de activos durante la revolución (1979-1990), so pretexto de financiar al partido posteriormente; ello fortaleció una nueva clase social, al estilo del antiguo somocismo. Luego, la escisión del FSLN y la expulsión de la corriente “renovadora” liderada por Sergio Ramírez en 1994. La misma consolidó el “danielismo” (según Víctor Hugo Tinoco, Envío 2009), versión autoritaria del sandinismo, que no reconoció el valor de las libertades individuales y ciudadanas como límite a la acción política del Estado.

Los “pactos” con los gobiernos liberales terminaron por dar su nueva cara al FSLN. El más bochornoso de ellos fue el del 2000 con el expresidente Arnoldo Alemán, para reformar la Constitución, la Ley Electoral, repartirse el poder y garantizar impunidad mutua durante el Gobierno de Bolaños. Ello permitió a Ortega la reelección inmediata en 2011.

En las elecciones municipales de 2008 hubo denuncias de fraude y el FSLN logró controlar 105 alcaldías de las 146 en disputa (Envío, septiembre de 2009). A pesar de la prohibición constitucional, la Corte Suprema autorizó que Ortega se presentara en 2011 a la Presidencia. Y volvió a ganar en 2016, con su esposa de vicepresidenta, asumiendo en enero de 2017.

Hilvanando el análisis de los acontecimientos anteriores, a partir de los años 1990, con las protestas recientes y la represión gubernamental, se encuentra entonces buena parte de la explicación a esta rebelión popular. Los beneficios y ventajas del poder, tras tres elecciones consecutivas (2006, 2011 y 2016) y 11 años en la Presidencia, le han permitido a Daniel Ortega arreglos con los empresarios, enriquecimiento personal y un ejercicio mesiánico y religioso del poder. Todo ello garantizado por el “blindaje” de los órganos afines al partido de Gobierno en el Congreso y en la suprema corte, con un FSLN transformado y abandonado por la mayoría de sus principales líderes históricos.

La mayor parte de las y los jóvenes que han encabezado las protestas y puesto los muertos, son los “hijos de la Revolución” que optaron por no repetir los errores de sus padres. Los organismos internacionales con presencia en Nicaragua han exigido el fin de la represión y la OEA ha urgido que Daniel Ortega “apoye el calendario electoral” decidido en el diálogo nacional para adelantar las elecciones próximas. Resta por ver el futuro desenlace de esta crisis que tanto ha conmovido a los centroamericanos.

Víctor Manuel Gálvez Borrell

Doctor en Sociología, de la Universidad de Paris I. Trabaja en la Universidad Rafael Landívar como coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

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