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Desde hace casi dos décadas, se habla en Costa Rica de un problema fiscal. Ha sido el eterno problema que preocupa a empresarios, al gobierno y a los organismos internacionales financieros, estos últimos en su deseo de que se limpie el déficit para volver con su ofertas de crédito. El pueblo, en su versión más genérica desde el principio se ha mantenido ajeno, pero tanto es el esfuerzo mediático por magnificar el problema, que hasta el más marginado ciudadano hecha las culpas de sus desgracias al déficit fiscal.

Costa Rica tiene una organización económica, política y social, caracterizada por la un Estado participativo, interventor y hasta paternalista como lo han querido llamar, probablemente eso es la causa, de las dificultades que tiene para mantener ingresos que se ajusten a los gastos de «papá estado». A partir del momento en que el paradigma dominante pasa a ser la privatización, se agota parcialmente el modelo costarricense de intervención estatal, los organismos financieros internacionales le exigen el desmantelamiento del Estado, prioridad a la privatización de la banca, la telefonía, los seguros, y otros servicios que estaban en manos exclusivas del Estado. El estado entra en crisis, principalmente por la deuda acumulada y el alto pago al servicio de esta, el ineficiente sistema de recaudación que permite la evasión y la elusión de parte de las grandes empresas y un sistema impositivo regresivo que recarga los ingresos en impuestos al asalariado y a los consumidores.

En el año 2014, electoralmente se cae el bipartidismo, y toma el poder político un partido nuevo llamado Partido Acción Ciudadana (PAC). Su candidato, desde el principio advirtió que no habría un «paquete fiscal», al menos en su primer año de gobierno, pero tampoco lo hubo en los tres años siguientes. Ya para ese momento el problema fiscal se había agravado, producto de la ineficiencia política para resolverlo oportunamente y de manera escalada En el siguiente gráfico presentamos el comportamiento histórico del déficit fiscal, (DF), medido por lo que este representa del producto interno bruto (PIB), o sea, (DF/PIB).

Hay una caída entre los años 2003-2008, donde el gobierno de Oscar Arias, quien tomó de su predecesor un bajo déficit fiscal, lo llevó al nivel de 5.01 para el año 2010, donde como avión inicia un despegue y muestra una tendencia hacia un crecimiento que pone en tela de juicio la capacidad de los gobernantes de lograr el equilibrio deseado entre gastos e ingresos fiscales. Ya antes en el año 2002 había tenido un «pico» en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Lo más serio del problema fiscal es su tendencia, donde se proyecta que para el próximo año llegaría cerca de 8.0 %. Eso significa un creciente endeudamiento, que ahogaría al país y lo llevaría a una situación de bancarrota.

El gobierno actual de Carlos Alvarado que gobernará hasta el 2022, inició su mandato con todo el interés de acabar con el problema fiscal de una vez por todas, sin embargo presentó un paquete de impuestos que pone en tela de juicio sus propósitos y que va dirigido a castigar con más fuerza a los sectores populares. De ahí es que los sindicatos públicos en una acción unitaria declaran a partir del día 10 de septiembre una huelga nacional. La «causa belli» es el paquete fiscal que ya ha sido presentado por parte del Gobierno a la Asamblea Legislativa. La exigencia sindical es que sea retirado y se negocie con ellos un paquete diferente. Según una encuesta realizada esta semana por el Centro de Investigación y Estudios políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, la cual usa a su antojo el diario La Nación (22 de septiembre de 2018), la mayoría de los costarricenses están a favor de la huelga. No obstante, no comparten los métodos utilizados de bloqueo de carreteras, cierre de hospitales y escuelas. Prefieren el uso de las marchas como forma de protesta. 65.0 % de los costarricenses prefiere que se pause y negocie el proyecto de ley, 14.0 % que se rechace y 21.0 % está de acuerdo con el proyecto. En general 86.0% reconoce la gravedad de la situación fiscal. Este proyecto denominado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Expediente 20 580) es enfrentado por los sindicatos en tanto se considera que afectará a los sectores menos favorecidos económicamente, se aplicaría el IVA en vez del impuesto sobre las ventas que actualmente funciona, se gravará la canasta básica y además el sector público sería muy afectado en lo que se refiere a una gran cantidad de conquistas que históricamente han tenido y que el sector empresarial considera que son privilegios: tales como anualidades, incentivos como la dedicación exclusiva, los topes de cesantía y otros.

En la Asamblea Legislativa las fuerzas están divididas, aunque hay una mayoría de diputados a favor de aprobar el plan fiscal, haya una relación aproximada de 60/40, que podrá ir variando paulatinamente, en función de los acontecimientos políticos. Los sindicatos consideran que el movimiento de huelga, que al momento lleva 14 días, es un éxito y que seguirán adelante, no obstante que llevan 3 días de negociaciones con la intermediación de la iglesia, donde nadie se ha referido a posibles puntos de coincidencia. Los problemas más serios hasta el momento son los bloqueos de calles, el paro de lecciones en primaria y secundaria y la afectación de los servicios de salud. Podrían agudizarse, en tanto otros sectores se unan a la huelga, por ejemplo las universidades. El presidente ha sido firme en mantener el proyecto y renuente a negociar, eso le ha dado una imagen muy diferente a la que generó en la campaña electoral y que le dio una mayoría importante de votos. Hoy se ha vuelto impopular, dado que sus decisiones provienen de alianzas con sectores de derecha, conformados en una unidad nacional de la que hace gala.

Por Fernando Zúñiga Umaña.