Francisco Villagrán de León | Política y sociedad / MIRADA SOBRE ESTADOS UNIDOS: ¿HACIA DÓNDE VA TRUMP?

El informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 confirma y describe todos los actos llevados a cabo por Rusia para influir en el resultado de esas elecciones y favorecer a Trump. Ese informe fue presentado al Departamento de Justicia el 22 de marzo y una versión resumida y editada del mismo («redactada» como se le ha llamado) fue dada a conocer públicamente el 18 de abril (Jueves Santo y un día antes de un receso parlamentario para asegurarse que la opinión pública no le prestara mayor atención). El fiscal general William Barr (Attorney General) quien es a la vez ministro de Justicia, dijo al presentarlo en una conferencia de prensa que en ese informe no había ninguna acusación contra el presidente Trump de haber cometido delito alguno, por lo que no habría cargos en su contra. Esa fue la impresión inicial que quería transmitir el Gobierno, para que la discusión posterior no tuviera tanto impacto.

Sin embargo, la primera parte del informe concluye que la interferencia rusa se dio de manera extensa y sistemática, y violó las leyes de Estados Unidos en materia penal. El mismo analiza en detalle cómo se produjo el apoyo ruso a la campaña de Trump en las redes sociales y al mismo tiempo los ataques a la campaña de Hillary Clinton, todo eso con el propósito de exacerbar las tensiones políticas y propiciar el enfrentamiento entre diversos sectores de la sociedad estadounidense. El informe analiza también las acciones llevadas a cabo por la agencia de inteligencia rusa (GRU) a través de ataques cibernéticos y sustracción de información electrónica del Partido Demócrata y de la campaña de Clinton. Además de esos actos de intervención, el informe de Mueller examina e identifica los contactos que hubo entre personas que trabajaban en la campaña de Trump y aquellas vinculadas al Gobierno ruso. Aunque no llega a establecer si hubo alguna coordinación que pudiera calificarse como conspiración o colusión, el fiscal Mueller sindicó a individuos de la inteligencia rusa e inició procesos penales contra los que se encontraban en Estados Unidos. El informe no dejó lugar a ninguna duda sobre las acciones de interferencia rusa en las elecciones y los contactos que hubo con personas cercanas a la campaña de Trump.

La segunda parte se refiere a la posible obstrucción de la investigación del fiscal Mueller por parte del presidente, lo que de haber ocurrido sería un delito (el mismo que cometió Nixon en el caso Watergate y llevó a su salida en 1974). El informe de Mueller fue cuidadoso en observar la opinión legal del Departamento de Justicia en el sentido de que un presidente en funciones no puede ser sometido a juicio y únicamente el Congreso está facultado para iniciar un procedimiento que lleve a su remoción (impeachment). El informe no concluye que el presidente haya cometido un delito, pero tampoco lo exonera del mismo, y deja implícito que corresponde al Congreso tomar esa decisión. El informe describe algunos casos en los que el presidente pudo haber obstruido la investigación y examina otros intentos por controlarla o cerrarla, los que no prosperaron porque sus subalternos se negaron a cumplir sus instrucciones para protegerlo de cualquier responsabilidad por actos de dudosa legalidad. El fiscal Mueller sí inició acciones judiciales contra varios funcionarios y colaboradores de la campaña de Trump, algunos de los cuales ya fueron condenados y se encuentran en prisión (entre ellos su abogado personal, Michael Cohen, y el jefe de su campaña, Paul Manafort).

El Congreso, por su parte, ha comenzado su propio examen del informe, para lo cual ha pedido el texto completo del mismo (no la versión revisada que dio a conocer el fiscal general y ministro de Justicia), y ha requerido la presencia de varios funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo en audiencias de distintas comisiones legislativas. La reacción del presidente ha sido la de prohibirles ir a esas audiencias, con lo cual está provocando un enfrentamiento con el Congreso y está desafiando su facultad constitucional de vigilar y evaluar los actos del Gobierno. En estas circunstancias, con muy pocos precedentes en la historia de Estados Unidos, una disputa política e institucional entre los poderes del Estado llegaría a los tribunales de justicia, en donde se definirán de nuevo los parámetros de la relación entre los mismos, muy posiblemente se reconocerá el alcance de las facultades del Congreso y se ordenará al Ejecutivo que cumpla con los requerimientos hechos por el Congreso.

Los asesores y aliados del presidente podrían ser del criterio que esas disputas judiciales le favorecen, porque por un lado le transmiten a sus bases en el Partido Republicano la imagen de Trump como un luchador que no se rinde ante nadie, ni el propio Congreso, y por el otro piensan que esos procesos podrían durar mucho tiempo y él podría llegar a las elecciones sin haber cedido ante las presiones de sus adversarios políticos.

Lo que tendrán que evaluar los demócratas es hasta donde les conviene, en las actuales circunstancias, promover además un procedimiento de remoción del presidente (impeachment) que debe llevarse a cabo en el Senado, en donde los republicanos tienen la mayoría y por lo tanto las probabilidades de que prospere una acción de ese tipo son muy bajas. La presidenta (Speaker) del Congreso, Nancy Pelosi, se ha pronunciado en contra de ese procedimiento y muchos líderes del partido demócrata con larga experiencia política están de acuerdo con ella. Sin embargo, hay muchos senadores y congresistas más jóvenes y recién electos que están a favor del impeachment. Ese es un gran dilema y una discusión que continuará por algún tiempo, aunque mientras tanto seguirán las audiencias en el Congreso para evaluar el informe del fiscal Mueller, a quien se le pedirá que asista a una de ellas para tratar de obtener su opinión personal sobre si hubo o no obstrucción de justicia. Los procesos judiciales para obtener información y testimonios de funcionarios y exfuncionarios de la Casa Blanca seguirán su curso, pero las tensiones políticas afectarán la gestión del gobierno de Trump, sobre todo porque el Congreso, en manos de los demócratas, tiene el control del presupuesto y del gasto público, y tiene el poder para hacer recortes o suspender los desembolsos para determinados departamentos (ministerios) o instituciones del Ejecutivo que se nieguen a cumplir con sus requerimientos. Queda claro entonces que Trump no la tiene tan fácil aún si logra evitar el impeachment.

Francisco Villagrán de León

Diplomático retirado, ahora en la Universidad George Washington, en Washington DC. Sigue siempre con preocupación y con mucho interés los acontecimientos en nuestro país. Mantiene la esperanza que se fortalezcan sus instituciones y se consolide la democracia, consciente que eso tomará tiempo. Hay que contribuir a ese propósito desde espacios como gAZeta, y sobre todo hay que apoyar a los jóvenes que quieran asumir con convicciones democráticas el reto y la responsabilidad de lograrlo.

Mirada sobre Estados Unidos: ¿hacia dónde va Trump?