Carlos Enrique Fuentes Sánchez | Política y sociedad / EL EDUCADOR

Cuando el presidente de la República apareció ante las cámaras acompañado de los ministros de la Defensa, de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como por un gran número de efectivos militares, para informar que no renovaría el mandato de la Cicig, inmediatamente vino a la memoria aquellos momentos de los continuos golpes de Estado y la represión contra la población, acaecidos durante la época del enfrentamiento armado interno, en que los golpistas, en actitud amenazante, escupían sus decisiones al pueblo de Guatemala.

Escuchado el mensaje de la no renovación del mandato de la Cicig y los argumentos presentados para avalar tal decisión, muchos se habrán quedado pensando en la evidente cobardía del presidente, quien, primeramente, tuvo que acudir a la presencia del Ejército para forzar, ante la población, la aceptación de una decisión que sabía provocaría reacciones contrarias, tal y como ocurrió en diversas ciudades, a pesar de la lluvia.

Por otro lado, manifestó su cobardía al no querer enfrentar a la justicia, acudiendo a un discurso plagado de mentiras, como expresar que él siempre ha fortalecido la lucha contra la corrupción y la impunidad, cuando la población ha visto todo lo contrario, pues durante su gobierno se siguen llevando a cabo actos de corrupción en los tres organismos del Estado y en las diferentes instituciones del mismo; como el hecho de que, desde la salida de Solórzano Foppa de la SAT, se le ha perdonado multas millonarias a empresarios corruptos de Guatemala; porque de no ser por la participación ciudadana, el presidente, el ministro de la Defensa y otros miembros del Ejército estarían gozando de un ilegal bono de «responsabilidad» de Q 50 000.00 mensuales; porque varios de sus ministros han estado y están señalados de actos de corrupción en el manejo del dinero del pueblo, sin olvidar a los corruptos de su bancada en Congreso de la República.

Si bien la Constitución lo faculta para tomar decisiones, el presidente parece olvidar que esas decisiones deben estar avaladas por el pueblo, y, en el caso de la Cicig, el gobernante ha decidido olvidar que, basada en los mandatos de los Acuerdos de Paz y la Minugua, fue la población la que solicitó, desde el 2000, que la ONU enviara una comisión para acabar con los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, petición que se hizo efectiva a partir de 2006, con la instalación de la Cicig.

Ahora, el presidente de Guatemala, atendiendo las demandas de los militares violadores de los derechos humanos, señalados de genocidio; de los ladrones de cuello blanco, de los empresarios corruptos, de sus familiares involucrados en procesos judiciales por actos de corrupción evidentes, no renueva el mandato de la Cicig, propiciando con ello que todos aquellos procesados y encarcelados en prisión preventiva puedan, en un futuro inmediato, quedar libres, debido a las presiones que, tanto el Ejército como la Policía Nacional Civil habrán de ejercer sobre la fiscal general y todos aquellos abogados y jueces del Ministerio Público que están haciendo la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.

Mucha gente puede pensar que esta decisión del presidente no le afecta directamente, porque no alcanza a ver que, con la misma, los aparatos clandestinos, los amigos de la corrupción y la impunidad se fortalecerán y volverán a robarse los impuestos que la población paga. Como consecuencia, la población que ahora está mal, estará peor, ya que habrá todavía menos medicinas en los hospitales y menos oportunidades de educación para los niños y adolescentes de este país. Aparte de ello, ante la evidencia del nexo entre autoridades y corruptos, algunos países amigos dejaran de enviar ayuda a Guatemala, y los paganos, directa o indirectamente será la población.

Ante esta situación, la ciudadanía guatemalteca NO PUEDE NI DEBE QUEDARSE CALLADA E INMÓVIL. Hay que protestar por todos los medios y con todos los medios que sean posibles. Estudiantes y profesionales universitarios, campesinos, obreros, feligreses de cualquiera iglesia; maestro o maestra, sí ama a Guatemala, NO SE QUEDE CALLADO E INMÓVIL. Haga ver su protesta, comuníquele a su familia por qué usted está indignado por esta decisión del mandatario. Hágale ver las nefastas consecuencias que para nuestro país tendrá esta decisión. Es hora, compañero y compañera, de hacer uso del derecho de petición, del derecho a la resistencia pacífica, del derecho de libre expresión del pensamiento, por lo cual se debe pedir, exigir y demandar que el presidente se retracte de dicha decisión que afecta a Guatemala, y renueve el convenio de la Cicig.

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.

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