Bobby Recinos | Política y sociedad / ÍNDIGO ESENCIAL

La interrupción voluntaria del embarazo es un proceso que sucede ya –con o sin autorización formal- y que demanda nuestro reconocimiento expreso, para que podamos responder adecuadamente ante esa realidad. No se busca que empiece a existir, sino que exista bien.

Antes que nada, es importante establecer que no podemos hablar de “legalizar el aborto”, menos de promoverlo. Hablamos de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, de removerle la sanción, la calificación delictiva a un fenómeno habitual y a veces necesario. Hablamos también de descriminalizar a la mujer que, no sin penas, traumas y riesgos, se ve forzada a practicarlo.

Quiero dejar claro de entrada que no endoso el aborto libre. Incentivarlo equivaldría a la más grande decadencia moral de una civilización ya bastante deshumanizada.

Ius puniendi, o el derecho a castigar

Las leyes penales están diseñadas para proteger ciertos valores –materiales e inmateriales- considerados por el legislador dignos de custodia pública. Por ejemplo, el delito de homicidio protege la vida, el de robo la propiedad, el de secuestro la libertad, etcétera. A estos activos se les llama “bienes jurídicos tutelados”. En el caso del delito de aborto, se dice que ampara la vida humana de la persona fecundada pero no nacida. Esta máxima legal se conoce como nasciturus y viene del derecho romano. No obstante, al observar su aplicación concreta encontramos que el bien protegido con los recursos de todos es en realidad la moral cristiana. Me explico. Penalizar un acto que es prácticamente inevitable contradice la filosofía del derecho liberal, propio de las democracias constitucionales, en la misma medida en que nos acerca a formas de autoritarismo solapado. Esta afirmación se sustenta en evidencias: los abortos inducidos ocurren en la legalidad y en la clandestinidad por igual. Es decir, el régimen jurídico no incide en la realidad del aborto, -no es un disuasivo- sino únicamente en su abordaje: en los países en donde el aborto clínico está debidamente regulado, la mortalidad materna disminuye dramáticamente y las condiciones sociales de los ya nacidos disfrutan de una buena mejoría, pues la interrupción responsable del embarazo evita que se ensanchen las brechas de desigualdad, las tasas de pobreza y el engrosamiento de estructuras criminales juveniles.

Entonces, parece lógico pensar que el gran obstáculo hacia un consenso político, social y legal en torno a la interrupción voluntaria del embarazo es nuestra incapacidad de separar, conceptualmente, la legitimidad de la facultad sancionadora del Estado en casos que amenazan la vida –como el homicidio- con la ilegitimidad de la facultad sancionadora del Estado en casos que amenazan la moral cristiana –como el aborto, el consumo de marihuana o el matrimonio entre personas del mismo género. ¿Se ve la diferencia? Esto es políticamente relevante en el sentido que la vida es un bien universal digno de protección pública, mientras que la moral cristiana es una ideología sectorial, no universal, no natural y por ello su tutela constituye extralimitación jurídica, administrativa y, desde luego, ética.

La tendencia mundial ha sido de apertura y amplio debate en torno a este tema, lo cual ha conducido a la despenalización gradual del aborto. En Guatemala, el artículo 137 del Código Penal únicamente permite que se realicen abortos terapéutico en caso de riesgo probado para la vida “de la madre”. Por su parte, los abortos procurados ante embarazos producto de violación sexual, se penan con hasta tres años de prisión.

Postura

Favorezco una postura de naturaleza científica, humana, laica y apartidista. No es un posicionamiento ideológico como tal, sino una actitud ciudadana: desmitificar a la mujer como simple portadora de hijos. Soy pro-calidad de vida en toda su amplitud y pro-derecho a elegir la terminación segura del embarazo en casos expresos y limitados.

Rechazo la calificación de pro-aborto

¿Y qué de los pro-familia, pro-valores, pro-vida? La mayoría de estos activismos están saturados de contradicciones fundamentales y esconden detrás de su retórica lo que verdaderamente promueven: un moralismo bíblico al más puro estilo American family values republicano. Pero el aborto es un problema científico y jurídico antes que un capricho religioso. Se ha visto que demonizar o dogmatizar acríticamente urgencias sociales nunca conduce a los objetivos establecidos pomposamente en la letra muerta. Cabría preguntarles a los pro-vida por qué se rasgan las vestiduras en defensa de la persona no nacida pero una vez nacida la discriminan. Toda su maquinaria ideológica está puesta al servicio del feto, pero les da igual si al nacer tendrán familia, salud, educación, nutrición y, en general, acceso a oportunidades para trazar una vida mínimamente decorosa. Además –ojo- sus campañas terminan alentando abortos de alto riesgo en condiciones de clandestinidad, lo cual conduce a muertes masivas de mujeres embarazadas, muchas veces en contra de su voluntad. ¿Pro vida?

Finalmente, no es difícil entender que la vida no implica solo el nacer, sino el vivir bien. Dos derechos humanos fundamentales –el derecho a nacer en condiciones de viabilidad biológica y social, y el derecho a vivir una vida digna- como lo son también los derechos sexuales y reproductivos fundamentados en el método científico y salvaguardados por un robusto y asertivo constitucionalismo laico.

Posibles caminos

Naturalmente y en todos los casos, la energía social debe ser canalizada hacia esfuerzos de prevención de embarazos no deseados y por extensión, de abortos inducidos.

Además de una despenalización escalonada y con límites, se sugiere:

1. Una educación sexual integral, laica y científica, desde temprana edad.
2. Fácil disponibilidad de métodos anticonceptivos -de emergencia y usuales.
3. La minimización deliberada de ecosistemas cultuales que dan paso a la normalización de la violencia sexual.
4. El establecimiento de una infraestructura médico-administrativa bien equipada para realizar cirugías de terminación del embarazo en condiciones de salubridad, que elimine los riesgos propios de los abortos ilegales.
5. Estos procedimientos tendrían un costo progresivo, partiendo desde la gratuidad hasta el establecimiento de un impuesto acorde a la capacidad de pago de cada familia o mujer. El tax serviría para desincentivar embarazos irresponsables en personas con suficiente acceso a información y métodos de prevención de embarazo. En ningún caso sería inasequible.

Pero lo mas importante es entender y aceptar que seguirán existiendo embarazos no deseados y su consiguiente terminación voluntaria, por mucha moralina, prejuicio y normativas punitivas que le metamos a la ensalada.

En fin, por las coloridas y fascinantes batallas de la vida, este es mi último texto del año en este medio amigo. Aterricé en este tema, no solo porque es urgente, sino porque igualmente, alrededor de él, prevalecen la desinformación y la mal información.

Aprovecho para agradecer a la revista gAZeta por tanto y a los lectores por más. Se les quiere un montón.

Bobby Recinos

En otras vidas fui abogado, cantante y jugador de básquet. Me gradué de derecho en la UFM y de ciencias políticas en Kyudai, Japón. Soy crítico porque estoy vivo y soy un idealista necio.

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