-Carlos Enrique Fuentes Sánchez / EL EDUCADOR–

Guatemala, desde la invasión castellano-española, ha estado gobernada por el poder económico de los criollos y sus sucesores, quienes, hasta hoy, siguen dictando en el país, las políticas, estrategias, leyes y demás a su conveniencia, para lo cual compran militares, diputados, jueces, funcionarios, etcétera. Así ha sido desde el siglo XIX, según lo denuncian el excoronel Edgar Rubio, en su libro Desde el cuartel y Alberto Fuentes Knigth, en su obra Rendición de cuentas. En educación, como obligación del Estado, también ha sido la oligarquía quien ha definido las políticas, estrategias y leyes a desarrollar en los centros de estudio de todos los niveles, regiones y modalidades, con excepción de los diez años de los gobiernos de la Revolución de 1944.

De lo anterior se deduce que el presupuesto, tanto el general del Estado como el de educación, también han sido determinados por los grupos de poder económico y legalizado por sus lacayos en el Congreso de la República. Por ello, el presupuesto destinado a la educación nunca ha sido el ideal y ni siquiera el indicado en la Ley de Educación Nacional, decreto 12-91 del Congreso de la República, que en su artículo 89 establece: “El régimen Económico Financiero para la Educación Nacional está constituido con los siguientes recursos: a) Recursos financieros no menores del 35 % de los ingresos ordinarios del presupuesto general del Estado incluyendo las otras asignaciones constitucionales (…)”. Dicho presupuesto, desde la aprobación de la Ley, en 1991, nunca ha llegado a ser ni el 18 % del presupuesto nacional. La misma Ley, en su artículo 102 indica también: “El Estado deberá incrementar la asignación presupuestaria a la educación hasta alcanzar el 7 % del producto interno bruto en relación al aumento de la población escolar y al mejoramiento del nivel educacional del país)…)”. ¡Nunca se ha llegado al 3 %! Los diputados lo saben, sobre todo, los diputados que son maestros, pero no han tenido el valor para exigirlo en el Congreso, o parece no importarles porque, primero, tienen que responder a las exigencias de quienes los instalaron dándoles financiamiento para su campaña.

Para el presente año asignaron a educación, aproximadamente, Q 13 872 millones, los que, legalmente, deberían ser casi Q 27 000 millones, ya que el presupuesto general aprobado fue de Q 77 309 millones. ¿Cómo puede avanzar la educación, si no hay dinero suficiente para los programas de apoyo a la niñez, (refacción, útiles, libros de texto, becas, etcétera) ni para las otras obligaciones educativas establecidas en la Ley de Educación, los Acuerdos de Paz y los convenios internacionales? ¿Cómo fortalecer la EBI, la educación especial y la extraescolar si no hay dinero suficiente?
Surge, además, la duda siguiente: ¿por qué las autoridades del Ministerio de Educación, conociendo las grandes necesidades y obligaciones de dicho Ministerio, nunca solicitan que se cumpla lo establecido en la Ley de Educación? Porque desde allí surge la primera propuesta, la cual es estudiada y aprobada por el Ministerio de Finanzas, (que también debería darle cumplimiento al mandato legal), para que sea, finalmente, el Congreso quien apruebe el presupuesto final. Hasta hoy no hay una explicación. Todo mundo habla de que se debe invertir más en educación, que la educación es la base del desarrollo, etcétera, pero el mandato legal no se cumple desde que la Ley de Educación Nacional fue aprobada, y para el próximo año ocurrirá lo mismo, a pesar de que el magisterio organizado ha salido a manifestar en noviembre y desde hace muchos años, exigiendo que se cumpla la Ley de Educación Nacional y los compromisos establecidos en los convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia de educación.

Ante lo anterior, solo puede hacer tres propuestas concretas:

1. Que las autoridades del Ministerio de Educación hagan la propuesta fundamentada en la Ley.

2. Que los diputados, inteligente y conscientemente, sobre todo los que son maestros, luchen por que se apruebe un presupuesto que cumpla lo establecido en la Ley de Educación Nacional.

3. Que la sociedad civil organizada, junto a la CGC, la Cicig y el MP, realice auditorías sociales sobre el manejo del dinero destinado para la educación.

Solo de esta manera podrá Guatemala tener una educación pública que sea el referente educativo del país y que dé satisfacción a los aprendientes de todos los niveles, regiones y modalidades educativos y satisfaga las necesidades de los cuatro pueblos que habitan Guatemala.

Imagen tomada de Emaze.

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.

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