Ricardo Barrientos | Política y sociedad / MANIFIESTO

Pese a una reducción del techo presupuestario global, el Ejército estaría recibiendo en 2019 casi Q 800 millones más a costa de recortes al sector justicia y al gasto social.

En septiembre pasado, el Ejecutivo presentó al Congreso su proyecto de presupuesto para 2019. En su análisis técnico, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que esa propuesta contenía errores, entre ellos: un nuevo agujero fiscal (gasto público autorizado sin respaldo en los ingresos) por sobreestimación de los ingresos tributarios; más recursos financieros para educación, pero fijando como metas dejar fuera del sistema educativo a más de 9 000 niñas y niños, y dejar de entregar casi 630 000 libros de texto; reducir en 28 % el presupuesto del Programa de prevención de la mortalidad materna y neonatal; malversar los presupuestos de los ministerios de Salud y Desarrollo Social, reduciendo las actividades y programas sustantivas, creando un bolsón etiquetado como Servicios de apoyo, vulnerable al abuso y la corrupción en el año electoral; recorte de 10 % al presupuesto del Programa de prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA.

Además, en contraste a esos recortes en rubros importantes del gasto social, el Ejecutivo propuso un aumento injustificado al Ministerio de la Defensa Nacional de Q 288 millones respecto al presupuesto vigente de 2018. Este aumento se sumaría a los Q 175 millones que le ha aumentado en lo que va del 2018, con lo cual el aumento para el Ejército propuesto por el Ejecutivo respecto al presupuesto de arranque de 2018 asciende a Q 463 millones. Todo esto, con normas de transparencia sin plazos ni mecanismos para la verificación de su cumplimiento.

Para enmendar estas falencias, el Icefi le propuso al Congreso 15 correcciones que a criterio de ese Instituto debían considerarse condiciones para la aprobación del presupuesto para 2019. Sin embargo, en su dictamen favorable, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso, con la asesoría del Ministerio de Finanzas Públicas, no solo ignoró casi todas estas recomendaciones, sino que empeoró la situación, de manera que de aprobarse la versión dictaminada por la CFPM ¡resultaría mucho peor que la propuesta original del Ejecutivo!

En su dictamen, la CFPM corrigió la proyección de ingresos y redujo el techo presupuestario global en Q 2 060 millones, pero al mismo tiempo agregó un aumento de más de Q 331 millones para el Ejército, con lo cual ¡una de las entidades fiscalmente más opacas y señaladas de corrupción gozaría en 2019 de un incremento de casi Q 800 millones respecto al presupuesto inicial de 2018 (Q 619 millones respecto al presupuesto vigente a agosto de 2018)!

En contraste dramático e inaceptable, para dar cabida financiera a un recorte presupuestario general y ese aumento desmedido al Ejército, en su dictamen la CFPM dispuso atacar al sector justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad recortando: en Q 588 millones la propuesta original del Ejecutivo para los aportes al Ministerio Público (es decir, un recorte de más de Q 700 millones respecto al presupuesto de 2018); en Q 668 millones la propuesta original del Ejecutivo para los aportes al Organismo Judicial; y en Q 341 millones la propuesta original del Ejecutivo para la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre otras medidas abusivas e inaceptables. En particular, estas medidas desmienten la cantaleta de Jimmy Morales de haber fortalecido el presupuesto del MP.

Por si quedaba duda, el dictamen de la CFPM deja clara la posición del oficialismo: privilegiar a los militares a costa del gasto social y de atacar a las entidades responsables de impartir justicia, y combatir la impunidad y la corrupción.

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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