¿Qué es lo que más te impactó de la personalidad Juan José Gerardi durante el tiempo que le conociste y cómo lo describirías?
Su humanidad. Un hombre sencillo, inteligente y muy sensible. En la privacidad de su vida fue un hombre de familia. Dentro de la Iglesia, fue un obispo de su tiempo. Siempre atento a las necesidades de su clero, pero también del cuerpo místico de la Iglesia, en particular los indígenas, los campesinos, eso no lo definía como un «izquierdista» como quisieron estigmatizarlo. Fue el pastor que hizo de la Parábola del buen samaritano su norte de vida. Entre otros, este pasaje bíblico siempre lo tuvo presente como el eje de su magisterio pastoral.
¿Cuáles momentos crees que marcaron la vida de Monseñor Gerardi, a lo largo de su recorrido como autoridad religiosa, que se inicio en Alta Verapaz en 1967?
Varios episodios. En Alta Verapaz, la realidad de la Guatemala profunda se resumía en el pueblo Maya K’ekchi’. Le golpeó ver la extrema pobreza en la que habitaban comunidades indígenas, su exclusión incluso de la liturgia, y en esas circunstancias; adversas por cierto, la profunda y mística religiosidad del pueblo K’ekchi’. Esas condiciones, y a la luz del Concilio Vaticano II, lo llevaron a promover una pastoral indígena, para incluir a los indígenas a las actividades de la pastoral de la Iglesia y también a la liturgia. Así, a la misa de domingos tuvo un cambio, se incluía también a los feligreses y catequistas Maya K’ekchi’, incluyendo su idioma en algunas partes de la liturgia. Esto trajo muchas dificultades con algunos laicos «prominentes» de una denominada «sociedad» que se resistía a esos cambios. Así, la Catedral de a poco se vació de feligreses no indígenas. Sin embargo, Gerardi siguió adelante, y debió enfrentar una desleal guerra de rumores, e insidiosas cartas dirigidas al arzobispo Casariego y a la Nunciatura Apostólica.
Como dato anécdotico recuerdo que me marcó el cierre repentino de mi colegio El Padre las Casas, a los años, trabajando con él, le pregunté las razones que tuvo, y su respuesta fue sencilla. Se brindaba una educación elitista, además, con déficit para la Diócesis que tenía otra realidad y se debía atender las necesidades reales de la gente. Esta incomprensión y dificultades lo entristecieron pero no lo doblegaron. No obstante, llego su salida de la Diócesis de Verapaz, y dejó bases para una pastoral incluyente que su sucesor, monseñor Gerardo Flores, siguió fielmente a la realidad de Diócesis de la Verapaz. Gerardi fue llamado por el papa Paulo VI para dirigir la nueva Diócesis de Quiché.
En su nueva Diócesis, tuvo las pruebas más difíciles como ser humano y como obispo. Una Diócesis casi en su totalidad Maya K’iche’, en condiciones iguales o peores a las que vivió en su anterior Diócesis. Debió enfrentar además la represión en contra de la Iglesia. Para el Ejército, cooperativistas; laicos; catequistas; religiosos; religiosas; y sacerdotes eran sujetos «sospechosos». Algunos otros fueron asesinados o desaparecidos. Gerardi fue amenazado de muerte. En pocas ocasiones contaba la anécdota que mantuvo con su clero en una Asamblea Diocesana. Habría algunos religiosos y monjas que simpatizaban con la guerrilla, y en esta Asamblea, ante los acontecimientos de represión que la Iglesia de Quiché vivía les pidió a estos hombres y mujeres de Iglesia que sentían simpatía por la guerrilla que dejarán la Diócesis y se fueran. Este hecho, para el Estado Mayor del Ejército habría sido el detonante para marcar a Gerardi como un enemigo. Habían mal interpretado el pedido de Gerardi con una licencia para apoyar a la guerrilla. A las semanas a un colaborador suyo en la radio lo asesinaron y dejaron tirado su cuerpo frente a la puerta de la iglesia Catedral. Esto provocó en Gerardi un profundo malestar, y siendo presidente de la Conferencia Episcopal, convocó al episcopado para informarles de lo que acontecía y que bajo ese asedio militar en contra de la Iglesia, no era posible una práctica segura de los sacramentos.
Los catequistas en el campo debían enterrar sus respectivas biblias para no ser asociados a la Iglesia. Así las cosas, en 1980 viajo al Vaticano a informar sobre la situación de la Iglesia en Quiché, y que en Asamblea Diocesana había determinado cerrar la Diócesis, hasta que el régimen cesara con la represión y garantizaran condiciones de seguridad para el clero. En Roma, el papa Juan Pablo II lo conminó a retornar a su Diócesis de Quiché, y con él a su clero. Obediente, retornó a Guatemala, sin embargo, por orden del general Romeo Lucas García, al obispo Gerardi se le prohibió el ingreso a su país de origen. El nuncio, y otros obispos de la Conferencia Episcopal, en el área internacional del aeropuerto la Aurora intentaron mediar con el Gobierno militar, pero estaba decidido: el presidente de la Conferencia Episcopal era expulsado de su país hacia El Salvador.
Ya en el Aeropuerto de Ilopango de El Salvador, monseñor Gerardi fue recibido con una llamada telefónica del Ing. Napoleón Duarte, entonces presidente de la Junta de Gobierno. A través de la línea telefónica le dio la bienvenida y a su vez le indicó que estaba coordinado para que unas monjas lo trasladaran del aeropuerto a un lugar seguro, ¡por algunas horas!, mientras buscaban un destino más seguro para él. Según contaba, el presidente Duarte le dijo que no había condiciones para garantizar su seguridad física debido a la coordinación de clandestinos escuadrones de la muerte que operaban en ambos países. Así, en pocas horas, moseñor Gerardi tomaba otro vuelo rumbo a Costa Rica. En San José estuvo aproximadamente 4 años, sin jurisdicción como obispo, en una parroquia de Alajuela. Allí debió esperar a que las condiciones mejoraran en Guatemala, y no fue sino hasta que llegó un nuevo relevo al arzobispado. El general Oscar Mejía Victores, jefe de Estado, garantizó su retorno en condiciones relativamente seguras. En el aeropuerto lo esperaba el nuevo arzobispo monseñor Próspero Penados del Barrio, quien en un gesto fraterno y solidario le indicó que sería su obispo auxiliar. Monseñor Gerardi nunca olvidó esa actitud por lo que su lealtad fue mayor hacia el arzobispo metropolitano, monseñor Penados del Barrio.
En el exilio, le marcó mucho la humillación de los militares. Y también, el haber desmentido a la denominada Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE), la que estuvo conformada en su mayoría por religiosos, religiosas, y curas que habían estado con él en la Diócesis de Quiché, y quienes habrían optado por ser activos simpatizantes de la guerrilla. Las actividades de la IGE eran desautorizadas por Gerardi, quien no aceptaba una Iglesia guatemalteca paralela y en el exilio, se vio forzado a escribir una carta guardando distancia del IGE.
Otro hecho trascendental fue que el arzobispo confiara en Gerardi la creación de la Oficina de Servicio Social del Arzobispado de Guatemala y posteriormente la Oficina de Derechos Humanos, fue una de sus mayores satisfacciones como pastor de la Iglesia. En 1987 el Arzobispo habría intentado establecer una Vicaria de Solidaridad dentro el Arzobispado. Gestión que se intentó a través de algunos laicos amigos del Arzobispo que pertenecían a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), sin embargo, el proyecto no se aconsejó después de una consultoría del experto chileno José Zalaquet.
Su visita al Vaticano en 1980 hizo que a su regreso no le permitieran entrar al Guatemala. ¿Llegaste a saber qué fue lo que comunicó en Roma; la actitud de la Nunciatura ante el impedimiento del Gobierno de Lucas de no dejarlo entrar y si se llegó a saber las razones legales esgrimidas para impedirle el ingreso al país?
La visita de monseñor Gerardi al Vaticano fue para informar de lo que ocurría en su Diócesis y no fue la razón para impedirle su entrada a Guatemala. Sí lo fue que para el régimen de Lucas García, el obispo de Quiché era «subversivo» y por lo tanto enemigo del Estado. De manera que no existieron argumentos legales, fue otra afrenta a la Iglesia católica y una medida autoritaria, propia del régimen militar.
Cómo consideras que fue su relación con el arzobispo Próspero Penados, que si bien es quien le lleva de auxiliar a la Arquidiósesis de Guatemala, se supone fue su fuerte competidor en esos largos seis meses que duró la vacancia de Casariegos.
Fue una relación muy fraterna. De profundo respeto y lealtad a la investidura del arzobispo Próspero Penados.
Cuando se lanzaron a recuperar la memoría histórica, ¿llegaron a imaginar las dimensiones que ese informe llegaría a tener? ¿Cuáles consideras que son las fortalezas, y claro, también las debilidades de ese informe y cuáles de ellas pueden ser asignadas a Gerardi?
Sí, cuando le presenté la idea del proyecto y su metodología, la dimensión era equiparable a una comisión técnica. Antón Stenkamp, abogado del Consejo Nacional Africano, y cercano a Mandela, fue mi compañero en la universidad, estuvo con nosotros unos días explicando la perspectiva sudafricana para su comisión de verdad, y como víctimas y victimarios buscaban reconciliar una nación. Luego, en el campo, nos dimos cuenta que la metodología inicial trascendía al convencionalismo de los conceptos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario. Gerardi nos orientó, y dijo: «Debemos incorporar a la metodología la perspectiva de la gente. Su relato y detalles son importantes. Seamos el vehículo para que vuelvan a tener voz. Demos condiciones para que rompan su silencio». Y trabajamos sobre eso. Tuvimos excelentes analistas, y metodólogos, Ignacio Cano, Marcy Mersky, Edgar Gutiérrez, Carlos Martin Berestein, entre otros. Otra fortaleza que imprimió Gerardi fue que diéramos un enfoque de género y de la niñez en el conflicto. Además, el proyecto emergía desde la perspectiva de Iglesia, y el equipo central fuera multidisciplinario y ecuménico. Durante su ejecución hubo intentos de politizar el proyecto, no lo permitimos.
Entendimos que el proyecto al impulsarse cuando las armas del conflicto armado no callaban, habrían posibles riesgos e interpretaciones erróneas en el contexto de la negociaciones de paz. Por ejemplo: la percepción de los actores del conflicto que REMHI era para sustituir una comisión de la verdad negociada entre ellos.
Durante el proceso de recolección de testimonios nos encontramos con un dantesco silencio que de a poco se fue rompiendo. De esta forma, Gerardi visualizó para el largo plazo la oportunidad de reconciliar el pasado con el presente sobre la trilogía de reconocer la verdad de las víctimas, para aceptar un perdón del victimario, y así construir la reconciliación. Pero también visualizó como insuficiente el esfuerzo desde el Arzobispado, de manera que debía ser un proyecto con el apoyo de todas las diócesis del país y del episcopado.
Otra fortaleza, y debilidad a su vez, es que el informe no mencionaría nombres de victimarios. Gerardi, contextualizaba nuestro trabajo en medio del fragor del conflicto armado. Decía: «No somos autoridad para señalar a alguien como responsable. Eso corresponde a otras instancias. El valor de nuestro informe debe ser la voz de la víctimas, y del victimario si fuera el caso».
Impuso la regla de oro que no promoveríamos casos judiciales si no era por petición de la familia afectada, o de la víctima directamente. En este contexto, Gerardi pidió matizar algunos de los hechos narrados como «prácticas genocidas» en lugar de señalar que se cometió «genocidio». Esto para muchos es una debilidad, pero el contexto y la condición de locales en que lo escribíamos eran muy frágiles e inciertos en términos de seguridad, como de hecho lo fue.
Siguiendo la hipótesis de un crimen premeditado desde las estructuas del Estado, ¿por qué crees que se perpetró cuando el informe ya había sido presentado y nadie podría ya detener sus efectos? ¿Cuál la intencionalidad que el crimen podría haber tenido?
La pregunta parte de una flasa hipótesis. El caso es cosa juzgada, más de tres docenas de jueces en distintas instancias del proceso penal establecieron que fue una ejecución extrajudicial perpetrada por agentes del Estado, encubierta por Mario Orantes. Y por otros funcionarios de Estado a quienes se les dejó abierta investigación, entiendo que aún vigente en el Ministerio Público, para determinar la autoría intelectual y el nivel de responsabilidad en la ejecución extraoficial del obispo Juan Gerardi.
Sobre la intencionalidad del crimen, podría tener dos vertientes. Una al interior de una oficialidad dura y contrainsurgente dentro del Ejército, y la otra para la Iglesia en dónde tenía varios efectos, entre otros, dentro de lo que me tocó conocer, concitaba a detener los esfuerzos de la Iglesia que en ese proyecto depositaba su esperanza. Con la devolución de los resultados del Informe Guatemala Nunca Más a las comunidades; acompañado de su programa de salud mental, pretendíamos llevar procesos de reconciliación a nivel de esas comunidades afectadas y luego a la sociedad a través de información masiva de esos procesos de reconciliación sobre la base del Informe. En las generaciones futuras; incidir en una nueva perspectiva de nuestra historia a través del cambio de la materia curricular de Historia de Guatemala. Fue muy ambicioso nuestro proyecto. La ejecución extrajudicial de Gerardi produjo un shock inmediato y paralizó todo los planes que teníamos, la investigación judicial nos distrajo del objetivo primario del REMHI, luego los referentes del proyecto ya no estuvimos en el equipo central, la Conferencia Episcopal guardó prudencia y los esfuerzos de devolución fueron locales y aislados. La Comisión de Esclarecimiento Histórico, en cambio, entendió nuestro proyecto, recogió varias de nuestras recomendaciones, y adoptó algunas líneas de nuestra metodología de investigación. Fue inédito lo que Gerardi se atrevió a impulsar.
Considerando la otra hipótesis, que cobra cierta validez luego de las declaraciones, ante juez competente, de la viuda de Byron Lima, uno de los pocos enjuiciados y condenados por el crimen. Si el crimen fue cometido sin premeditación por el hijo de Álvaro Arzú – uno de sus custodios– quien visitaba al sacerdote Orantes ¿Por qué crees que los aparatos militares se dedicaron a encubrir el hecho, promover las más absurdas de las hipótesis y permitir que los Lima -padre e hijo- fueran condenados, sin llegar a ofrecer mayor descargo que su absoluta y total negativa de los hechos que se les comprobaron?
Sobre esa hipótesis de la autoría (que no la creo) y que hace pública la esposa de Byron Lima Oliva, tiene varias aristas coincidentes con lo que se probó judicialmente. Lo dicho por ella se reveló por rumores y filtraciones de un «crimen pasional» a través de medios de comunicación en los días posteriores al crimen en contra de monseñor Gerardi. Un dato era cierto, Diego Arzú y Mario Orantes eran amigos o cuando menos conocidos. De manera que frente a los acontecimientos el círculo militar más cercano al expresidente Arzú, la vida privada de su hijo podría eventualmente ser el leit motiv para montar un escenario de vergüenza para un padre homofóbico y un chantaje político para el presidente que firmó la paz. De esa forma Arzú habría quedado comprometido con el encubrimiento de un crimen de Estado. Así, Espinosa, un general sagaz e inteligente, cuestionado por su poca o nula participación militar en el conflicto armado, daba un mensaje a sus compañeros de armas de dureza y lealtad al espíritu de cuerpo castrense. Hay datos sueltos que al unirlos toma fuerza la teoría del chantaje. Unas semanas después del crimen, Arzú tenía una reunión pactada en Casa Presidencial con su vicepresidente Flores y un diputado del PAN. Sin embargo, una solicitud de «emergencia» de su general Espinosa habría hecho que la reunión se suspendiera. A decir de quien brindó la información, el vicepresidente Flores siempre acompañaba al presidente Arzú en reuniones. Esta vez, Arzú habría pedido que salieran del salón a pedido de los militares que le visitaban. La reunión tomó casi una hora. El vicepresidente Flores y el oficialista diputado debieron esperar en un salón contiguo. Al concluir, los militares salieron rápidamente, y encontraron a un presidente con rostro pálido, preocupado y colérico. Suspendió la reunión pactada, y desde ese día «nunca fue el mismo», nos relataron. Entonces pasó varias semanas sin llegar a la Presidencia, despachaba lo necesario desde su casa, de donde no salía, estaba deprimido y malhumorado.
Durante los funerales de Garardi, a la víspera de su entierro, el general Espinoza, solicitó una reunión conmigo en algún lugar neutral. Respondí que mi oficina era neutral y que si no debía nada no tenía nada que temer, que era bienvenido. Le pedí a otro colega que me acompañara y que solo escuchara. El general se presentó con su jefe de Estado Mayor, su director general de Inteligencia, y otros oficiales. La reunión no fue muy extensa, pero sí precisa. Hizo presente sus condolencias y que las transmitiera al arzobispo. Y preguntó qué sabíamos, y si podían colaborar en la investigación. Respondí con otra pregunta. Qué sabía él y si podían compartir con nosotros su información. Su respuesta fue evasiva. Lo interesante que al final de la reunión el director de Inteligencia se quedó de último para despedirse, quien con voz muy baja me dijo: «Sigan, sigan presionando, van por buen camino en la investigación». Durante esos días habíamos hecho público que recibimos una llamada anónima señalando al Estado Mayor, así también que un taxista había sido testigo presencial de la vigilancia de la casa parroquial a víspera del crimen.
La otra arista, si Lima Oliva confesó esos detalles a su esposa, Lima se ubicó en la escena del crimen, es decir, cumplió una orden de llegar… Su permanencia en la casa también se probó en el juicio penal mediante el debido proceso. Documentalmente y testimonialmente se probó que Obdulio Villanueva no había estado en la cárcel de Antigua, en donde cumplía condena, y quien confesó a su compañero de celda lo ocurrido la noche del 26 de abril en la casa parroquial de San Sebastián. Otro detalle, fue la esposa del coronel Lima y madre de Lima quien, asistida por el Dr. Carlos Pérez Avendaño, le comentó sobre una conversación que escuchó de su esposo con otros compañeros de él en la tienda de su propiedad, y por cuya razón aparentemente le habría agredido físicamente en el rostro y otras partes del cuerpo, conminándola a no decir nada de lo que escuchó. Sus sospechas sobre la autoría del crimen de Gerardi crecieron cuando vio esa mañana la noticia de titular en un medio de comunicación por lo que llorando llamó a su sobrina para contarle y que la llevara al su médico. Fue la sobrina de ella quien, en los funerales de Gerardi, llamó al Arzopispado identificándose como una amiga cercana de monseñor Quezada Toruño, indicando que se investigara al coronel Lima y al Estado Mayor. La llamada por cierto fue anónima y dejo de serlo cuando Jean Arnault, quien la alojaba en su casa como medida de protección a las amenazas de los Lima (padre e hijo), pactó una reunión conmigo para conversar sobre algunos detalles. Nos reunimos en la cafetería los Alpes zona 10, uno días antes que me exiliara en Costa Rica. A la reunión ambos fuimos escoltados por la seguridad de Minugua.
Siendo un sacerdote diocesano, ¿crees que la Iglesia católica ha hecho algo –o mucho– por preservar su memoria y aportes pastorales?
No seré quien rompa puntas de lanza en contra de autoridades de la Iglesia, solo diría que a la luz de los hechos, ha sido insuficiente.
Por Virgilio Álvarez Aragón
Ronalth Ochaeta: Abogado y notario, por la Universidad de San Carlos de Guatemala, magister (Magna Cum Laude) en Derecho Internacional por la Escuela de Derecho, Universidad de Notre Dame. Diplomático de carrera. Fue embajador de Guatemala ante la OEA. Se desempeñó como representante de la Secretaría General de la OEA en Perú, Bolivia, Paraguay, y actualmente en El Salvador. Fue cofundador y director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Trabajó como oficial de programa para Cuba con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ha recibido distintas condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria en derechos humanos, el más reciente otorgado por la Sección Internacional de la Barra de Abogados de los Estados Unidos.
Imagen tomada de HRD Memorial.
0 Commentarios
Dejar un comentario