Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

La noche del domingo 3 de marzo de 1974 el conteo preliminar de votos desvelaba la tendencia triunfal del Frente Nacional de Oposición, cuyo candidato presidencial era Efraín Ríos Montt. La mayoría de guatemaltecos veía así, con optimismo, cómo se acercaba a su fin la extensa noche de orgía de sangre iniciada 20 años atrás y que en la última década, a partir de 1963, había generado un escenario de persecución demencial de las ideas democráticas.

De pronto, aquella esperanza empezó a esfumarse, porque el conteo fue paralizado por órdenes expresas del presidente, Carlos Manuel Arana Osorio. Así, la población quedó en un limbo durante más de 24 horas. Cuando finalmente se restableció el conteo, los datos mostraban una descarada inversión de resultados que le daba la Presidencia al candidato del oficialismo, el general Kjell Laugerud. Se había consumado un escandaloso fraude electoral, aunque la prensa de la época lo disfrazó de «recuento».

En la elección siguiente, en 1978, el escamoteo y alteración de actas se llevó a cabo con menos cautela. ¿Para qué guardar las apariencias, si el proceso electoral estaba avalado por el Ejército? (los tres candidatos autorizados provenían de las filas castrenses). ¿Para qué despeinarse, si la última palabra la tendría un Congreso de la República dominado por la extrema derecha y sin el menor empacho le daría el triunfo al candidato oficialista, Romeo Lucas García?

Algo parecido ocurrió en las elecciones de 1982, pero esta vez el desenlace fue distinto. El irrespeto a la voluntad popular había derribado el último atisbo de legitimidad que podía tener el sistema político –arrastrando al Ejército consigo–, razón de más para incentivar el auge de la lucha insurgente y para iniciar un proceso de reversión de las prácticas antidemocráticas, específicamente en materia electoral, hasta llegar a donde nos encontramos actualmente.

Nada de lo anterior hemos observado en el proceso electoral 2019, sin embargo, ha sido suficiente que alguien gritara la palabra maldita (Thelma Cabrera y el MLP) para que un torrente de perdedores de todo color, encabezados por las huestes más intransigentes de la derecha nacional y apoyados por las opciones que obtuvieron resultados ridículos en las urnas, unificaran esfuerzos para ensuciar los resultados del domingo 16 de junio.

Hubo anomalías, eso nadie lo discute. Al Tribunal Supremo Electoral le quedaron muy grandes las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016, tampoco es discutible. Empero, todas esas circunstancias, incluso la suma total de actos anómalos, de ninguna manera alteran la esencia de la voluntad popular. Podrán ocurrir algunos cambios en casos muy aislados, como en aquellos municipios donde las alcaldías se disputaron con diferencias mínimas de votos. Pero nada de eso puede calificarse de fraude.

Si hubo boletas alteradas al momento de iniciar la votación, ahí había más de 53 mil personas, alrededor de 106 mil pares de ojos, cuya obligación era hacer constar tal extremo. Y si no, ¿sería interesante averiguar de donde vino ese suprapoder capaz de poner de acuerdo a tantísima gente, para hacerse de la vista gorda a la hora de presentarse cualquier anomalía?

Asumo, además, que los partidos políticos capacitaron a sus fiscales ante las mesas receptoras de votos. Por ello, resulta ridículo afirmar que las certificaciones entregadas a sus representantes no coinciden con los datos consignados en las actas. ¿A qué fueron entonces?

En el colmo del paroxismo, se ha pretendido señalar a la presidenciable Sandra Torres como la principal beneficiaria del presunto fraude. Argumento carente de validez porque no nos podemos engañar. Seamos honestos: la UNE es el único partido con estructura nacional, con cerca de 20 años de trabajo organizativo. Además, desde el 2003 ha participado en todas las elecciones, de las cuales ha ganado una y en tres ha quedado entre los dos primeros lugares. Por si fuera poco, es el único partido que postuló la totalidad de candidatos a alcalde y, además, la única candidata con un 98 % de reconocimiento. Con semejantes precedentes ¿para qué necesitaba perpetrar un fraude?

Por tales razones, resulta deleznable que gente como Aníbal García, Luis Velásquez, José Luis Chea, Danilo Roca y sepa el diablo cuántos más, aleguen que tienen «pruebas contundentes» de fraude y todo lo que tienen son las discrepancias –admitidas por el TSE, pero susceptibles de verificación– entre los resultados anotados en las actas y los publicados por el Tribunal en su página web.

Y si la actitud de estos perdedores es criticable, mucho más lo es la del presidente Morales, porque su constante descalificación de los magistrados es un pésimo mensaje contra la unidad nacional, aunque ello debe ser producto de que este personaje aún sigue sin conocer el significado y alcances de este concepto. Antes de las elecciones anticipó que habría una «tragedia judicial» y, en esta semana, lejos de aportar a la paz social, aseguró que el TSE nunca había tenido tan poca credibilidad como ahora.

La realidad va demostrando que solo los extremismos irresponsables, los que anhelan un rompimiento constitucional, los losers cuya última ilusión se sustenta en las ganancias que deja el famoso río revuelto y los internautas (no necesariamente netcenteros) que repiten como aves parlanchinas cualquier cosa que cae en sus muros, son los únicos responsables de posicionar la palabra fraude en el inconsciente colectivo.

Contrario a ellos, la OEA (aunque a muchos les desagrade, el mecanismo regional de supervisión electoral por excelencia), los conteos rápidos de Mirador Electoral (método de alta certeza en este tipo de mediciones), los exmagistrados del TSE, Mario Guerra y Gabriel Medrano, además de las voces sensatas que se erigen sobre este océano de falsedades y mentiras prefabricadas, han expresado categóricamente que no cabe la posibilidad de un fraude electoral.

Yo sé que la democracia guatemalteca enfrenta una fase crítica y que en lugar de ofrecerle a la población el abanico amplio de oportunidades que se esperaría, ha resultado lo contrario. Pero es nuestra democracia. Al menos a mí, me costó. Con un mínimo aporte, sin duda, pero quienes me conocen de toda la vida, saben de mis esfuerzos y lucha junto a compañeros ejemplares para superar las prácticas dictatoriales. ¡Las persecuciones y riesgos corridos, no fueron cualquier baba de perico!

Y por supuesto, jamás avalaría un retorno a las prácticas nefastas que consolidaron los fraudes electorales en nuestra patria, tal como ansían el kaibil, el terrorista y el payaso. ¿Y usted…?

Fotografía principal tomada de elPeriódico.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

Democracia vertebral

Correo: edgar.rosales1000@gmail.com