Juan Alberto Fuentes Knight | Política y sociedad / PERSPECTIVAS

La desesperanza provoca a menudo ganas de irse, de salir, de escaparse. La esperanza de encontrar una vida mejor, con salarios decentes y condiciones adecuadas de trabajo, motiva a muchos guatemaltecos a salir del país. De acuerdo a los datos que países receptores de migrantes le han proporcionado a las Naciones Unidas, había cerca de un millón de guatemaltecos viviendo en el exterior en el 2015. El Fondo Monetario Internacional, con base en datos de la Organización Internacional de Migraciones y del Banco de Guatemala, estima que los guatemaltecos que vivían en el exterior alcanzaban casi dos millones y medio en 2017. Equivalía al 14 por ciento de la población.

Existen innumerables estudios que han buscado determinar las causas de esta migración. Generalmente concluyen que son varias, cambiantes según la época. Habría incidido inicialmente la represión ejercida por gobiernos militares, que obligó a muchos a huir para sobrevivir. Motivaciones económicas cobraron fuerza con la crisis de la década de los ochenta. Luego se sumaron desastres como el huracán Mitch y la inseguridad y la violencia, con Honduras, El Salvador y Guatemala entre los países con mayores tasas de homicidios en el mundo.

Esta identificación de causas suena razonable, pero tiene dos limitaciones serias. Primero, no identifica con precisión las principales causas del fenómeno de las migraciones y, al no hacerlo, no establece con claridad las acciones principales para enfrentar lo que significa esta transferencia masiva de gente al exterior. Segundo, supone que la migración es negativa y que de alguna manera hay que encontrar sus «causas» para así eliminarlas y evitar la migración, a pesar de que la migración puede ser favorable tanto para los que emigran como para los que reciben o despiden a los migrantes.

Veamos primero las causas de la emigración masiva de guatemaltecos. Si tuviéramos cuatro causas, que son la política, la económica, la de desastres y la de inseguridad, tendríamos que atender a todas, sin mayor prioridad o jerarquía. Pero seamos realistas: ¿será que los 2 millones de guatemaltecos reportados como migrantes salieron por razones políticas, de desastres o de violencia? Las masacres de fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 desencadenaron la fuga de miles de personas, especialmente desde el Altiplano, pero ello no explica la salida continua, reforzada por el aumento posterior de guatemaltecos provenientes de todos los departamentos del país.

El Mitch también causó estragos que provocaron la salida de otros cientos, pero en este caso la evidencia es aún más débil de que haya sido una causa sostenida del éxodo. Existe más evidencia de que la violencia urbana, especialmente la acción de las maras, haya tenido impacto en la salida relativamente reciente de niños y adolescentes, pero esta emigración hubiera sido imposible sin la existencia de redes familiares ya establecidas en Estados Unidos para recibirlos y atenderlos.

La principal razón del éxodo de los dos millones de guatemaltecos, y de los 240 millones de migrantes que actualmente existen en el mundo, es económica. Un estudio reciente del Banco Mundial lo demuestra con contundencia. Este informe plantea que las personas que migran, e incluso los refugiados que generalmente deben responder a emergencias políticas o militares que los coloca en la disyuntiva de salir de su país o morir, responden a un cálculo de costos y beneficios. El principal beneficio es contar con una vida decente, con un empleo mejor y con salarios razonables que permitan cubrir necesidades básicas. Cálculos rigurosos han encontrado que la brecha salarial entre el país de origen y el de destino es el principal determinante de las migraciones en todo el mundo.

Si la migración solamente generara beneficios, habría una emigración masiva en el mundo, respondiendo a la existencia de esta brecha salarial. Pero también hay costos, que incluyen el costo de cubrir la distancia para llegar al país de destino y establecerse allí, y el costo de enfrentar políticas de migración progresivamente más severas que buscan detener esos flujos de personas.

Veamos el principal beneficio. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los ingresos medios mensuales de una persona en Guatemala en 2016 eran de algo más de Q 2 500, equivalente a USD 340. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reporta que el salario promedio mensual era de USD 4 620 ese año. Era 13 veces mayor al nivel de ingresos medios de Guatemala.

A su vez, el salario mínimo federal de Estados Unidos era en esa época de USD 7.25 por hora, y solo 3 % de los que trabajaban por hora en ese país recibían ese monto o un monto inferior; los demás ganaban más. Lo anterior significa que si un migrante guatemalteco trabajaba seis días percibiendo el salario mínimo de Estados Unidos, ganaría el equivalente de los ingresos medios que un guatemalteco hubiera tardado todo un mes en obtener en Guatemala.

La diferencia es abismal, especialmente si se toma en cuenta que un buen porcentaje de los guatemaltecos ni siquiera tiene trabajo; para ellos lo que ganarían en Estados Unidos sería infinitamente superior. De acuerdo con la OIT, de nuevo, en el 2016 cerca de un millón de guatemaltecos de 15 a 24 años –principalmente mujeres– eran NINIS, es decir, no tenían la oportunidad ni de trabajar ni de estudiar.

Resultado: en Estados Unidos hay una creciente proporción de migrantes guatemaltecos que ni siquiera han completado la educación primaria, como lo reporta el Banco Mundial en su último informe sobre Guatemala.

El nivel de educación de los migrantes guatemaltecos se encuentra entre los más bajos de todos los migrantes establecidos en Estados Unidos, aunque con una variante que refleja nuestra desigualdad. El Banco Mundial lo califica de bimodal: por un lado aumenta el número de migrantes sin educación primaria completa, y por otra aumenta entre los jóvenes –en menor medida– el número de migrantes con educación secundaria completa e incluso con educación universitaria. Estos más privilegiados, seguramente tendrán mayores posibilidades de aprovechar las condiciones económicas más favorables en Estados Unidos.

Pero a los beneficios inherentes a un empleo mejor pagado y con mejores condiciones de trabajo, se unen los costos de buscarlo y encontrarlo. El reciente informe del Banco Mundial sobre migraciones también plantea que el principal costo de migrar surge de la distancia entre el país de origen y el de destino. Son conocidos no solo los costos materiales, reflejados en el pago a coyotes, a policías y a otras autoridades durante el trayecto, sino también las terribles vejaciones e incluso amenazas de muerte que deben sufrir los migrantes para poder ingresar a Estados Unidos. A ello se unen las humillaciones, la discriminación y la incertidumbre que surgen de las políticas migratorias progresivamente más restrictivas aplicadas en Estados Unidos. Estos son costos que actualmente está buscando elevar el Gobierno de Estados Unidos para reducir el flujo de migraciones.

Estos costos asociados a la distancia pueden ser reducidos acudiendo a las redes familiares y sociales que tienen los migrantes, y que se manifiestan en lo que se conoce como la diáspora de miles de familias que mantienen relaciones duraderas. No solo ayudan a los migrantes cuando llegan, reduciendo el costo de ubicación y adaptación, sino que también contribuyen a financiar el costo de recorrer la distancia que separa a Guatemala de Estados Unidos. Las remesas constituyen así, al menos en parte, inversiones intrafamiliares para asegurar la integración de la familia en el exterior. Además, como lo hace notar el Banco Mundial, la política migratoria restrictiva actual es contraria a las fuerzas del mercado, que presenta una demanda de mano de obra que no se puede simplemente suprimir.

Estamos frente a una dinámica que es casi imparable, pero que comprende dos tendencias contrarias, incompatibles, que amenazan con chocar, y ante lo cual la capacidad de incidencia de nuestra sociedad y de nuestro Estado es ahora mínima. Por una parte, debe reconocerse que las migraciones están condicionadas por determinantes estructurales –brecha salarial, distancia y la diáspora– que no se pueden cambiar en el corto plazo. Continuarán existiendo y promoverán la emigración. Parece inevitable.

En línea con esta idea, el informe del Banco Mundial muestra que el ciclo de emigración comienza a darse cuando los países alcanzan cierto nivel medio de ingresos que les permite financiar el costo de la salida –de acortar la distancia–, y que ese ciclo comienza a debilitarse cuando el país en cuestión llega a tener niveles de ingreso medio superior, con una brecha salarial inferior. No es, principalmente, un tema de un modelo de desarrollo que no funciona, aunque ello lo exacerba. Es parte, principalmente, de un proceso mundial de globalización que convierte a la migración en uno de los flujos –junto con los capitales, los bienes, los servicios, la información y la tecnología– que integran de manera desigual a todo el mundo y en el cual se insertan países pequeños como Guatemala, sin poderlo evadir.

Pero, por otra parte, este proceso de globalización ha generado tensiones y reacciones que buscan contenerla; es el tren que viene en la vía contraria, en el mismo par de rieles. El gobierno de Trump, y otros gobiernos o grupos similares, buscan detener y revertir ese proceso: asegurar el control nacional de esos flujos de bienes, servicios, ideas, capitales o personas. El control del comercio y de las migraciones son sus manifestaciones más evidentes. Los atisbos de guerra comercial, iniciando con los aranceles impuestos al hierro y al aluminio por Estados Unidos, lo ilustran. Las restricciones a la migración, desde la prohibición del ingreso a ciudadanos de ciertos países hasta la facilitación de las deportaciones, son parte de los mismo.

Y en el ámbito de la migración –afortunadamente no en el del comercio o de la tecnología– estamos en medio del choque de los dos trenes: somos uno de los cinco países con mayor número de migrantes ilegales en Estados Unidos, con más de 700 mil en 2015, según el Migration Policy Institute. Aunque no sabemos cuántos compatriotas intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos periódicamente, es probable que supere los 100 mil cada año.

Tenemos que buscar respuestas que protejan a los guatemaltecos, tanto fuera como dentro de Guatemala. Estamos frente a variables que no controlamos, pero como sociedad y como Estado debemos tener al menos cierta incidencia sobre lo que más afecta a los cientos de miles de guatemaltecos que quieren salir o que han salido, o que pueden ser deportados.

Un paso en esa dirección es que como sociedad busquemos regular el flujo de migrantes para mejorar las condiciones en que se dé tanto su salida como su retorno. No significa prohibirles la salida o condicionar su retorno, sino asegurar que el ciclo de migración, concebido como un todo, desde la salida de Guatemala hasta la instalación en el país de destino o el posible retorno al origen, se dé en las mejores condiciones posibles para todos los guatemaltecos. Debe incluir los que desean salir del país, los que permanecen en él, los deportados o los que quieran retornar voluntariamente. Para hacerlo debemos también asegurar el máximo de integración entre la diáspora guatemalteca en el exterior y la sociedad guatemalteca en el interior.

Requiere una agenda propia que reconozca nuestras fortalezas como fuente de un enorme y heterogéneo contingente de personas con la voluntad de arriesgarse y salir a buscar trabajo por el mundo, con distintos grados de éxito. Son parte de un proceso de globalización desigual y desordenada. La agenda también debe reconocer nuestras debilidades, reflejadas en una economía que no ha sido capaz de generar suficiente empleo decente para una gran masa de personas, y con un Estado incapaz de proporcionar una educación y servicios sociales para que sus ciudadanos puedan defenderse adecuadamente ante un mundo ferozmente competitivo y a menudo racista y discriminatorio.

Debe ser una agenda interna y externa, de acciones dirigidas a la sociedad y a la diáspora guatemalteca, y de propuestas frente al mundo. Debe incluir la acción conjunta con nuestros socios centroamericanos, así como la articulación y negociación frente a los principales países de destino de los migrantes guatemaltecos, especialmente Estados Unidos. Debemos lograr una migración segura y ordenada, así como una economía más dinámica e incluyente, para contribuir a la prosperidad de todos los guatemaltecos, migren o no.

Un punto de partida es ampliar nuestro margen de maniobra, con visión estratégica, porque estamos inmersos en un proceso contradictorio: se combinan las fuerzas desiguales de la globalización con otras fuerzas –como lo refleja el gobierno de Donald Trump– que buscan revertir ese proceso de globalización con base en acciones arbitrarias y planteamientos populistas. Y nosotros, los guatemaltecos, estamos en medio, hasta ahora sin una visión estratégica y sin una propuesta de respuesta que nos articule.

Juan Alberto Fuentes Knight

Economista guatemalteco.

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