Edgar Ruano Najarro | Política y sociedad / LA RAZÓN DE LA HISTORIA

En su informe de gobierno de 1953, presentando ante el Congreso de la República por el presidente Jacobo Árbenz, este señaló: «La cuestión de la Reforma Agraria ha trazado la clásica raya en la arena: de un lado los que están definitivamente con la Revolución y del otro lado los que están definitivamente contra la Revolución». Mutatis mutandis, lo mismo puede decirse hoy en Guatemala. En la situación política del presente, los ciudadanos guatemaltecos, hombres y mujeres, se encuentran divididos: de un lado los que están contra la corrupción y se movilizan de cualquier manera para combatirla y del otro lado los que defienden el régimen corrupto también de cualquier manera. No hay medias tintas. No hay sí, pero no.

Cabe preguntarse, ahora, qué significado tiene la lucha contra la corrupción, cuál es su naturaleza, o simplemente, para qué sirve. Atendiendo a que el fenómeno de la corrupción, como práctica social y política es sumamente complejo, las respuestas son diversas. Una de ellas tiene que ver con el capital y por ende con los empresarios. Tradicionalmente, el patrón de acumulación en Guatemala se basó en la expoliación de la fuerza de trabajo en las plantaciones de los productos agrícolas de exportación. La fórmula: concentración de la propiedad agraria más ínfimos salarios más Estado oligárquico dio como resultado la acumulación de capital para mantener el ciclo, para financiar otras actividades como la banca y la industria y para reproducir el régimen de dominación. Ese ha sido el fundamento del capitalismo guatemalteco. De la acumulación agraria se arribó también a la acumulación por la vía financiera, inyectada, como se sabe, por los capitales dinerarios blanqueados convenientemente. Hay muchas otras formas de acumulación, que sería muy largo mencionar, pero hay que dejar claro que todas tienen su plataforma en la explotación del trabajo por la vía de los bajos salarios y una forma estatal que reproduce el régimen general.

Mientras tanto, pese a que la corrupción ha existido desde los fundadores del moderno Estado en Guatemala, alrededor de 1871, desde hace algunos años se ha erigido o generado un nuevo patrón de acumulación, que no sustituye a los anteriores, pero que tiene que ver con la corrupción. Se trata de la defraudación fiscal por la vía de la evasión tributaria (para lo cual se usan muchos artificios), por la creación de redes criminales para obtener contratos con el Estado por medio de las conocidas coimas, la construcción de redes criminales para fortalecer el contrabando y, por último, por el financiamiento ilícito de los partidos políticos, el cual deriva en contratos y demás privilegios a los financistas. En este caso, este patrón no se erige sobre los bajos salarios, sino que el expoliado es el Estado, o lo que es lo mismo, todos los guatemaltecos.

El segundo gran escenario de la corrupción es el régimen político. Después de la firma de del acuerdo de una paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996, que dio fin al largo período de violencia política instaurado en 1954, el régimen político guatemalteco transitó por los caminos trazados por la Constitución Política de 1985 y por la Ley Electoral y de Partidos Políticos creada en 1984 y sancionada por el Congreso de la República un tiempo después. Todo parecía indicar que la construcción del poder político por la vía electoral fortalecería la transición democrática y que el país entraría en una era en la que la política se practicaría con procedimientos democráticos.

Pero no fue así, en primer lugar porque el desenlace de la guerra civil dejó intactos los patrones de acumulación tradicionales en Guatemala, así como el Estado construido por las élites en 1871 y en 1954, año este de una verdadera refundación o restauración estatal oligárquica. Paralelamente, de los años noventa para acá sobrevinieron reordenamientos económicos y políticos mundiales, con la caída del socialismo real como lo más relevante. En un mundo aparentemente unipolar, el neoliberalismo echó raíces y dio la pauta para que las élites guatemaltecas profundizaran con su patrón de expoliación de las masas trabajadoras en un contexto en que el movimiento revolucionario desmovilizado no fue capaz de proponer una alternativa de izquierda, democrática y progresista.

La caída del socialismo provocó el desencanto en amplios sectores populares en el mundo entero, así como la desideologización de los partidos políticos en otras tantas regiones del orbe. En esas condiciones, en Guatemala, la democracia quedó identificada únicamente con la participación electoral y aun ese procedimiento fue distorsionado por la ventaja que tomaban aquellos partidos políticos que contaran con mayor capacidad económica para montar campañas electorales multimillonarias. Nadie los detuvo, nadie reparó en ese fenómeno. La conversión de los partidos políticos en grupos de interés privado, cuya misión era acceder al poder para organizar el saqueo de los bienes públicos, fue el resultado final. El gobierno del general Otto Pérez Molina es el ejemplo extremo de cómo un programa de gobierno puede ser exclusivamente la manera de apoderarse de los recursos públicos.

La corrupción se volvió entonces práctica social y política desde el ámbito local, hasta el departamental y nacional. Surgieron como hongos las redes criminales integradas por políticos, diputados, alcaldes, ministros y militares, de baja y de alta, que capturaron el Estado en connivencia con las élites empresariales bajo las formas señaladas arriba. Todos los funcionarios con capacidad legal de contratar elevaron los porcentajes de las coimas. Todos se duplicaron sueldos o crearon bonos salariales extras a su conveniencia. Todos se enriquecieron, pues esa era la meta, la finalidad de participar en política. Esa fue la democracia que construyeron.

Está de más mencionar las consecuencias sociales de semejante régimen, son muy conocidas, pero no está de más repetírselos hasta el cansancio a quienes bajo cualquier argumento ponen peros a la lucha contra la corrupción. Es comprensible que se opongan las redes criminales, los políticos corruptos, alcaldes, diputados, ministros y hasta el mismo presidente y los empresarios que prosperan a su amparo, pero no quienes dicen y han hecho su discurso desde la izquierda, o mejor, quienes no tienen nada más que su fuerza de trabajo, manual o intelectual. En definitiva, la lucha contra la corrupción es la disputa de buena parte de la riqueza creada en Guatemala con el trabajo de cientos de miles de hombres y mujeres. O se quedan con ella las mafias empresariales, funcionarios estatales y políticos o su control queda a cargo de la institucionalidad pública para impulsar programas de beneficio social.

¿Es necesaria la refundación del Estado? Es necesaria. ¿Es necesario desalojar del poder a las mafias mencionadas? Es necesario ¿Es necesaria una asamblea constituyente para crear un estado multicultural? Es necesaria. En fin, son muchas cosas las que se necesitan en este país, pero hay que empezar por algún lado. La lucha contra la corrupción es un buen punto de partida, no solamente porque hay que arrebatarle el control del Estado a las redes criminales, sino porque es la demanda social y política que mayoritariamente lograría un amplio consenso ciudadano. Ya no es cosa de izquierda o derecha, es de honestidad, de principios y valores democráticos, del bien común o bien es de sobrevivencia.

En cualquier caso, la lucha contra la corrupción con sus movilizaciones, paros nacionales, discusiones, juicios y procesos contra los corruptos, denuncias, manifiestos y análisis políticos, ha sido, y puede ser más en los próximos tiempos, escuela de lucha política para los sectores sociales que quieren y apoyan un cambio radical de la situación política y socioeconómica del país. La historia de las luchas populares da cuenta siempre de un período de aprendizaje de las masas.

Edgar Ruano Najarro

Guatemalteco sociólogo e historiador. Se ha desempeñado en la docencia universitaria. Ha publicado diversos títulos cuya temática ha estado relacionada con la historia política de Guatemala del siglo XX.

La razón de la historia