Ricardo Barrientos | Política y sociedad / MANIFIESTO

Ser juez honesto, independiente e íntegro en Guatemala es una excepción contra una corriente de corrupción peligrosa. Es sobrevivir bajo ataque constante.

La corrupción en los organismos Ejecutivo y Legislativo es bien conocida, enmarcada en lo que la ciudadanía guatemalteca calificó como el Pacto de Corruptos. El presidente Jimmy Morales, varios de sus ministros y la gran mayoría de diputadas y diputados son los rostros mejor conocidos de la corrupción. Son los ladrones y mentirosos desafiantes que, a más tardar el 14 de enero de 2020, se espera pierdan su inmunidad y dejen los cargos en los que se encuentran enquistados, ojalá para ser llevados a los tribunales y enfrentar, por fin, la justicia que tanto han evadido.

Sin embargo, menos conocida y ciertamente menos denunciada es la gravísima corrupción que rampante impera dentro del Organismo Judicial y la mayoría del sistema de administración de justicia guatemalteco. Hay corrupción desde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de salas de apelaciones, tribunales y demás instancias judiciales, hasta oficiales, asistentes, secretarias y pilotos. A todo nivel.

Entidades como la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad o Impunity Watch, a nivel internacional, y otras pocas han hecho esfuerzos heroicos por denunciar y apoyar a la minoría de jueces honestos, independientes e íntegros. El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han logrado presentar algunos casos de alto impacto en contra de jueces y magistrados corruptos, lo cual constituye avances importantísimos en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Sin embargo, la situación de vulnerabilidad y ataque, a nivel nacional e internacional que sufren juezas como Erika Aifán o Yassmin Barrios, o jueces como Miguel Ángel Gálvez, Carlos Ruano o Pablo Xitumul, entre otros ejemplos muy dignos, parece no captar la atención que se merece. Los ataques van desde atentados contra sus vidas como el sufrido por el hijo del juez Xitumul, las campañas de desprestigio internacional como la que aún sufre la jueza Aifán por el caso de los Bitkov, o las actuaciones de la oscura y tenebrosa Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, hasta nombrar auxiliares y secretarios incompetentes o descaradamente corruptos, o no contratar el personal requerido por los tribunales, persecución por parte de la supervisión de tribunales o acciones pequeñas de sabotaje como no asignar salas para las audiencias.

El informe Justicia en riesgo: obstáculos a la independencia judicial en Guatemala del Observatorio de Independencia Judicial elaborado por Impunity Watch, da cuenta detallada y completa de la podredumbre dentro del Organismo Judicial. Con semejante panorama, uno solo puede concluir que los pocos jueces honestos, independientes e íntegros en realidad están peligrosamente solos y expuestos a peligros muy graves, cuando ellos y ellas debiesen ser uno de los principales focos de apoyo y respaldo ciudadano.

En contraste, los jueces, magistrados, oficiales y todos los empleados del Organismo Judicial que han vendido su dignidad al servicio de la corrupción, operan con impunidad tranquila, fuera del alcance del escrutinio y el celo ciudadano. Una situación en extremo grave porque, como me dijo un amigo abogado, avergonzado de serlo en un país con un sistema de administración de justicia tan corrupto, el Organismo Judicial es como un buen sistema inmunológico de un cuerpo, el cual garantiza que si los demás órganos y sistemas enferman, haya esperanza que se recuperen y sanen.

Así, con un Organismo Judicial sano y sin corrupción, hay esperanza de que el Ejecutivo y el Legislativo se recuperen de la corrupción rampante que los ha inundado. Con un sistema de justicia corrupto, el pronóstico seguirá siendo podredumbre y muerte.

Ricardo Barrientos

Especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Consultor independiente sobre política fiscal, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala.

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