Nery R. Villatoro Robledo | Política y sociedad / HECHOS E IDEAS DE NUESTRO TIEMPO

La reciente captura en Miami del candidato presidencial de la UCN, Mario Estrada, y del encargado de las finanzas y operador de ese partido, Juan Pablo González Mayorga, como resultado de una operación encubierta de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, pone nuevamente sobre la mesa dos asuntos alrededor de los que se debate hace tiempo, si bien desde perspectivas que no siempre permiten o desde las que no se quiere tocar cuestiones que los hechos, con suma terquedad, se empecinan en mostrar.

Recién el lunes último, en el segmento de análisis político del noticiero A las 8:45 (p. m.) de Canal Antigua, conducido (el segmento de análisis) por Mariano Rayo, exdiputado arzuísta y exministro de Salud de Alejandro Maldonado Aguirre, dos analistas abordaban el asunto desde una perspectiva que apenas les permite sugerir los peligros de la cooptación del Estado por grupos del crimen organizado, por un lado, y, por otro, ver de una forma normal (normalizada) y complaciente las operaciones de la DEA en suelo guatemalteco.

Es posible que las operaciones de la DEA en el país sean consecuencia de convenios o acuerdos de «cooperación en la lucha antinarcótica» entre los gobiernos de los dos países, pero sin lugar a dudas en el marco del Plan Mérida para México y Centroamérica que garantiza exclusividad para Estados Unidos. Sería impensable y hasta cómico imaginar a cuerpos policiales guatemaltecos operando en el país del norte persiguiendo e investigando a narcotraficantes estadounidenses, que los hay y seguramente mucho más poderosos que el colombiano Pablo Escobar Gaviria y el mexicano Joaquín «el Chapo» Guzmán. Pero no es este el punto que más me interesa tratar en este texto, solo terminar diciendo al respecto que la lucha contra el narcotráfico es uno de los argumentos de Estados Unidos para intervenir en otros países, con tan pocos logros como la captura de famosos narcotraficantes e incautaciones de toneladas de drogas, pero con el negocio funcionando a la perfección y con efectos «colaterales» traducidos en miles de muertos.

El otro asunto que revela la captura de Mario Estrada y Juan Pablo González Mayorga, es la esencia del Estado guatemalteco. Los casos de Pérez Molina y todos los que se encuentran en prisión en el Mariscal Zavala no son fortuitos ni aislados. He escrito en otras ocasiones que no se trata de un Estado cooptado por el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, y menos aún que esté en peligro de serlo. Estoy convencido que el guatemalteco es un Estado mafioso, pero no por su cooptación o penetración por bandas dedicadas a actividades criminales que van desde el narcotráfico, el robo de los recursos públicos a través de varios mecanismos, la trata de personas, robo y venta para adopción de niñas y niños, tráfico de armas, entre otras tantas, lo cual ya lo pone más allá de un narco-Estado; sino porque así nació. Es un Estado mafioso que nació de un pacto entre distintos grupos y facciones de poder, desde la clase dominante (la burguesía), hasta grupos exclusivamente criminales; un pacto que se refuncionaliza, adecua y adapta a las circunstancias y a las necesidades de los grupos pactistas.

No es casual que los partidos políticos, del centro a la derecha del cuadrante, sean refugio e instrumento de personajes vinculados y con conocida trayectoria en grupos criminales, en negocios turbios con los recursos del Estado, que negocian y reciben coimas de empresas extranjeras o nacionales para adjudicarles un proyecto. Tampoco que «empresarios» de esos que se hacen llamar «de abolengo» y de los otros que no son muy aceptados entre aquellos por no serlo, sean financistas no de uno sino de varios partidos, con lo cual se garantizan y aseguran negocios a futuro. El ejemplo más cercano de esto último es el gobierno del Partido Patriota, entre cuyos financistas están personajes del grupo corporativo más grande del país y uno de los más grandes en Centroamérica; también el financiamiento ilícito (no declarado le llaman) de varios «empresarios» a FCN-Nación en las últimas elecciones, uno de ellos de la familia Bosch Gutiérrez; o el financiamiento reconocido de Dionicio Gutiérrez a Encuentro por Guatemala.

De igual forma, no es casual que entre los candidatos a distintos cargos de elección de todos esos partidos del centro a la derecha, se encuentren personajes de conocida trayectoria mafiosa, en el narco u otra actividad criminal, que son puestos allí por el poder que el crimen organizado tiene tanto en los partidos como en distintas esferas del Estado. Es el caso de Mario Estrada, de quien desde hace muchos años se conocen sus vínculos con el narcotráfico. Es también el caso de Pérez Molina y Baldetti, y de todos los que guardan prisión por casos de corrupción.

¿De qué otra forma se puede entender el funcionamiento de las famosas comisiones de postulación y la integración de las cortes? ¿Cómo entender, por ejemplo, el proceso amañado que llevó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a personajes como Erick Álvarez, o la integración de la actual CSJ? ¿Cómo entender que el Legislativo es presidido por el hijo de uno de los personajes más representativos de la oligarquía guatemalteca, que murió en medio de la solicitud de antejuicio por construir y formar parte de una estructura de corrupción que utilizó recursos municipales para financiar campañas electorales de su Partido Unionista, estructura de la que era parte Byron Lima Oliva, condenado por el asesinato de monseñor Gerardi? ¿Cómo entender la integración del Pacto de Corruptos a iniciativa de Álvaro Arzú Irigoyen y de Jimmy Morales?

Eso y muchísimos otros asuntos que se han revelado de manera particular en los últimos tres años, no se entienden con la limitada perspectiva de la cooptación del Estado o el peligro de su cooptación. Se entiende solo si se comprende que esos grupos son los que pactaron la construcción del Estado hace por lo menos 60 años; con otros personajes, claro, pero representativos de ellos. Se entiende solo si se comprende que el narcotráfico fue una parte importante de la política contrainsurgente del Estado, con el consentimiento y apoyo, claro está, de Estados Unidos. Fue la CIA la que autorizó echar mano del narcotráfico para financiar la guerra contrainsurgente; lo mismo que hicieron en Nicaragua para apoyar a la contra.

Por ello, el planteamiento de refundar el Estado que en el 2015 enarbolaron colectivos urbanos y organizaciones campesinas e indígenas históricas, tiene tanta validez hoy como en ese momento y como hace muchos años. Pero, ¿sería refundar el Estado mediante un «contrato social», ese que dio origen al Estado moderno, es decir, el Estado burgués, que ha sido su instrumento de dominación? ¿O con un «nuevo contrato social» que en el fondo no cambie nada? Lo que parece estar claro es que, en las condiciones actuales, las elecciones solo servirán para dirimir temporalmente las contradicciones propias de este sistema y su Estado mafioso, con lo cual garantizan su continuidad.

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa. Ejerce el periodismo de opinión desde hace 25 años. Es autor de estudios sobre la cuestión agraria, la tenencia y mecanismos de acceso a la tierra, y la seguridad alimentaria. Autor de varios ensayos políticos en revistas especializadas, y de más de mil artículos de opinión en varios medios de comunicación escrita.

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