Carlos Enrique Fuentes Sánchez | Política y sociedad / EL EDUCADOR

Revisando documentos de los últimos 30 años, se deduce que el magisterio organizado es un gremio fuerte y cuando exige sus derechos constitucionales y demanda mejoras en la educación nacional, constituye, en la sociedad guatemalteca, un grupo de presión tan poderoso, que puede definir una elección presidencial o detener el país por uno o varios días, como ha ocurrido desde el siglo pasado y, sobre todo, desde el 2000 a la presente fecha.

Por tal razón, los políticos que entran en la contienda electoral, buscan, antes y después de las elecciones, contar con el apoyo, o por lo menos, evitar confrontaciones con el magisterio organizado. Para nadie es un secreto cómo los candidatos presidenciales han desfilado por la Casa del Maestro buscando una entrevista con la Dirigencia Nacional representada por la Asamblea Nacional del Magisterio, que aglutina a las seccionales de los 22 departamentos y otros tantos sindicatos magisteriales independientes, para dialogar acerca del contenido educativo de sus planes de trabajo, so pretexto de lograr el apoyo de dicho gremio.

Así pasó desde el año 1990 y posteriormente en 1995, cuando el Frente Democrático Nueva Guatemala contó con el visible apoyo del magisterio nacional. Los siguientes gobiernos, algunos a regañadientes, tuvieron que aceptar las exigencias del magisterio organizado enfocadas hacia las mejoras de la educación pública y la lucha contra la privatización de la misma, como ocurriera durante los gobiernos de Arzú, Portillo y principalmente, durante el gobierno de Berger, cuya ministra de educación pretendió, seriamente, privatizar la educación.

Por tal razón, los grandes empresarios guatemaltecos, interesados en lanzar a sus candidatos presidenciales, han buscado la manera de debilitar y, si es posible, desintegrar al STEG-ANM, para no tener que enfrentar a tales organizaciones en el desarrollo de sus políticas educativas neoliberales. Para tal propósito, los poderosos se valen de varios mecanismos. El primero de ellos, ha sido exigir al Congreso no ampliar el presupuesto de educación ya que con ello no se podrá hacer efectivo el pacto colectivo de condiciones de trabajo y ello provocará descontento en algunos miembros de base del magisterio, quienes serán utilizados para provocar problemas dentro de la organización. La segunda es querer condicionar dicha ampliación a que el magisterio organizado no intervenga contra los actuales diputados durante las próximas elecciones en 2019, a sabiendas de que el voto disciplinado de los maestros y su respectiva familia, puede ser desfavorable.

El tercer mecanismo, según los dirigentes de ANM, ha sido la aprobación de un nuevo sindicato “auténtico” de trabajadores de la educación, que no es más que un sindicato “blanco”, tutelado por los grandes empresarios quienes no olvidan que en 2005, el STEG, como parte de la UASP de aquel entonces, denunció, con pruebas, a más de 100 empresarios que estaban y aún están evadiendo el pago de impuestos ilegalmente. Es claro que tales empresarios dotarán al nuevo sindicato de todo el apoyo económico para que desarrollen acciones de desprestigio contra ANM-STEG y para que “saquen pecho” con acciones públicas. Igualmente, continuarán con su campaña de desprestigio contra el magisterio organizado a través de los medios de comunicación propios de grandes empresarios.

Estas intenciones vienen desde el 2005, a partir del cual comenzó la persecución política contra los dirigentes sindicales de los diferentes gremios a través de uno de los medios de comunicación escritos y las declaraciones de funcionarios de gobierno contra el sindicalismo y, particularmente, contra el magisterio organizado que se opuso a la aprobación del DR-CAFTA y la privatización de la educación con el PRONADE. En esa oportunidad se persiguió a cada uno de los dirigentes nacionales y departamentales, buscando destruir su imagen, propósito que no ha parado y se ha acrecentado durante este último año.

No obstante, como lo demuestran ya treinta años, no lograrán sus propósitos, pues, según los dirigentes, las leyes nacionales e internacionales amparan al sindicalismo guatemalteco y la constitución política de la república es clara en su artículo 78 al establecer que “los derechos del magisterio tienen carácter de mínimos e irrenunciables”, aparte de que, cada maestro y maestra, estarán siempre anuentes a presentar lucha en cualquier momento y en cualquier lugar. Los “dueños de la guayaba”, como los llama un expresidente, no pararán en su intento pero, por lo visto, el magisterio organizado se mantendrá, para defensa y beneficio de la educación pública del país.

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.

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