Pero… ¿cuál Estado laico?

Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

A principio de semana se llevó a cabo un acto político-religioso, convocado por un programa cristiano fundamentalista denominado #YoSoySamuel, una especie de foro para conocer el pensamiento de algunos candidatos presidenciales en torno a temas que tienen más que ver con aspectos y conceptos subjetivo-espirituales de cada aspirante, y muy poco o casi nada con temas de la cosa pública, como se esperaría de actividades de este tipo.

El evento ha sido descalificado por analistas tradicionales y por quienes no admiten que alguien que aspira a dirigir el Ejecutivo pueda asistir a una jornada dominada por dogmas, prejuicios y mentes estrechas. Y es que, como era lógico, las preguntas giraron en torno a temas que le interesaban únicamente al círculo convocante, tal como ordena el argumentario atávico con que interpretan las iglesias evangélicas la conducta humana.

Desde ese punto de vista no tienen nada de reprochable las motivaciones de los organizadores y resulta comprensible la actitud de los candidatos asistentes. Para estos últimos se trataba, al fin y al cabo, de una mera cuestión de marketing político. La población evangélica en Guatemala debe entenderse como otro segmento del target electoral, al que ningún pretendiente a la Presidencia puede darse el lujo de menospreciar. Los organizadores querían escuchar ciertos temas y sus interlocutores les respondieron como aquellos esperaban. Lógica electoral básica.

Sin embargo, lo que sí resulta preocupante es que los sectores evangélicos, especialmente los más radicales, se han posicionado como fuerza política influyente en asuntos de Estado, tal como lo hemos observado -aunque no exclusivamente- durante el régimen encabezado por James Morales.

El protestantismo fue determinante en los resultados electorales del 2015, cuando lograron llevar a la Presidencia a «uno de los suyos» que se inspiraba en la noble declaración de no ser «ni corrupto, ni ladrón», no obstante los nefastos precedentes de gente como Efraín Ríos Montt y Jorge Serrano Elías, quienes gobernaron «en el nombre del Padre», aunque en la praxis su fe se manifestó en forma de ríos de sangre y manoseo indiscriminado de los recursos del Estado. Si uno se toma la molestia de revisar los acuerdos gubernativos de dichos gobernantes -incluso los emitidos durante el régimen de Vinicio Cerezo-, encontrará que fueron numerosas las iglesias beneficiadas con terrenos del desaparecido Banco Nacional de la Vivienda -Banvi-; dádivas retribuidas con poderosas oraciones para la bendición de los mandatarios y asegurar la salvación de Guatemala.

Del mismo modo, durante el gobierno efecenista hemos visto una oleada de actitudes inescrupulosos de políticos ultraconservadores que han utilizado «el nombre del Señor» para retratarnos como sociedad troglodita, al prohibir la venida de la banda sueca de rock satánico Marduck, impulsar acciones retrógradas como obligar al estudio de la Biblia o pretender que se designe un Día Nacional de Oración. Y sin dejar de mencionar las incivilizadas muestras de intolerancia hacia la comunidad LGBTIQ o los absurdos intentos de resolver el tema de la legalización del aborto, guardando la basura bajo la alfombra.

El foro puede pasar, como decía antes, como un simple ejercicio de gimnasia electoral. Pero de ahí a facilitar la ampliación de la nefasta influencia religiosa en el Estado, hay un abismo de diferencia y nos crearía un problema mayúsculo que amerita el máximo rechazo.

Hablando en plata, la realidad es que el Estado de Guatemala NO es laico como suelen proclamar airados analistas y jurisconsultos. Dicha mentira se ha sustentado en el artículo 36 de la Constitución de la República que prescribe -muy atinadamente- el derecho a la libertad de religión, tanto en lo público como en lo privado. Es decir, una declaración muy importante, que en teoría aplicaría a católicos, evangélicos, islamistas, budistas, hinduistas, mayas, brujos, chamanes, satanistas y hasta aquellos que se declaran ateos «por la gracia de Dios».

Dicho artículo, además, es un notable avance, si consideramos que en las constituciones anteriores se reconocía taxativamente que la religión católica era la oficial del Estado guatemalteco. Sin embargo, con todo y ser un paso progresista, el nuevo texto resulta una mera y loable aspiración. Y es que el Preámbulo de la Carta Magna le otorga un carácter confesional a todo el documento, desde el momento que empieza «Invocando el nombre de Dios». Se deduce que los legisladores constitucionales -no todos, tengo entendido- lo redactaron así «inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural…», tal como reza el texto.

Pero no es todo. La negación de cualquier separación Estado-religión continúa en otras partes de la propia Constitución.

¿Y es que, a cuenta de que, un Estado laico debe exonerar de impuestos a la Iglesia, tal como lo prescribe el artículo 37 constitucional? ¿Cuánto deja de percibir el fisco a causa de este privilegio injustificado, que se concede a la jerarquía católica con carácter exclusivo y que podría tener un mejor destino en otros menesteres?

¿Y conoce usted el artículo 73, relativo a la libertad de educación y asistencia económica estatal? ¿Cómo le parece que mediante este mandato el Estado se obliga a contribuir «al sostenimiento de la enseñanza religiosa sin discriminación alguna»? Sí, así como se lee.

Es cierto que dichos preceptos tienen rango constitucional y, desgraciadamente, no puede omitirse en su observancia. Pero lo que tampoco puede seguir ocurriendo, es que se utilice la institucionalidad del Estado para legitimar el desvío de recursos o ejercer presión sobre los subalternos, tan solo porque los funcionarios son incapaces de discernir entre obligaciones públicas y creencias particulares.

Es difícil aceptar -para quienes no somos militantes religiosos- que el Todopoderoso se complazca con la hipocresía de un Jimmy Morales citando la Biblia a conveniencia y fuera de contexto, de un Estuardo Galdámez postrado de hinojos para recibir una «bendición» que el pueblo jamás le otorgaría, o, en el pasado, las payasadas de un Erwin Sperisen y las ridiculeces de un Salvador Gándara, obligando al personal del Ministerio de Gobernación a suspender labores y formar células para «rendirle» culto obligatorio a Dios, mientras el resto del tiempo dichos jerarcas se dedicaban a prácticas de limpieza social y malversación de recursos; ambas, reñidas frontalmente con el ideario cristiano.

Decididamente, por ahora no podemos cambiar la Constitución y hacer del nuestro un Estado verdaderamente laico, como corresponde. Pero sí podemos velar y exigir que ningún funcionario vuelva, nunca jamás, a intentar la legitimación de sus miserias, mangoneando a ese Estado en el nombre del Padre…


Imagen principal tomada de Periodista digital.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

Democracia vertebral

Correo: edgar.rosales1000@gmail.com

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