Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

«Los periodistas podemos decir lo que se nos pegue la regalada gana, porque ninguna autoridad puede impedir nuestro absoluto derecho de libre expresión», suele ser uno de los dogmas más comunes que, con raras excepciones, nos receta la prensa nacional. Se añade, además, que solo en regímenes dictatoriales se impide el periodismo sin cortapisas.

El tema ha cobrado auge en los últimos días, luego de que un juzgado de paz dictó medidas de seguridad a favor de Sandra Torres, secretaria general de la UNE, en vista de los continuos ataques, insultos y acusaciones graves que José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, ha publicado en su contra.

La orden del juzgado señala de manera concreta: «Se prohíbe al presunto agresor que perturbe o intimide a Torres, o a cualquier integrante de su grupo familiar, incluyendo la utilización de medios electrónicos o redes sociales».

Pese a ello, Zamora volvió a la carga al día siguiente, publicando una respuesta en elPeriódico en la cual afirma que: «Los tratados internacionales y la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente el artículo 35, garantizan mi absoluta libertad de expresión sin censuras de ninguna naturaleza y mis derechos como ciudadano».

Dicha postura fue refrendada por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) aduciendo que la resolución judicial mencionada constituye «otra ofensiva en contra del gremio periodístico» (asumiendo, falsamente, que Zamora es «todo el gremio periodístico»).

Sin embargo, ni a Zamora ni a la citada entidad de prensa les asiste la razón. Lo que utilizan es un recurso manoseado desde tiempos inmemoriales, por parte de algunos periodistas que han visto el periodismo como una carta blanca para abusar y pulverizar a sus adversarios. Como un instrumento de impunidad, seamos claros.

En primer lugar, no hay libertades, ni derechos, ni verdades absolutas; un axioma tan antiguo como la misma humanidad. Igualmente, y aunque parezca una frase resobada, es cierto que los derechos llegan hasta donde comienzan los de otros. La libertad jamás autoriza a nadie a cometer delitos. Nadie puede matar o robar en su nombre, como tampoco autoriza a calumniar o difamar; figuras todas igualmente delictivas.

Por ello, los periodistas hacen mal al pretender justificar, con el pretexto de la libre expresión, la comisión de delitos cometidos mediante la pluma. Es lo mismo que si un ladrón justificara sus acciones como su «derecho» a la sobrevivencia, o un asesino al «derecho» de usar armas. El calumniador tampoco puede escudarse en la libertad de pensamiento para destruir honras ajenas.

Otro de los argumentos cínicos con los que Zamora busca defender su execrable estilo periodístico resulta inexcusable cuando afirma que «El artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala también establece de manera categórica los caminos y rutas legales que existen para una persona cuando se siente agraviada por un periodista independiente o por otro ciudadano».

Y es que es cínico no explicarle a sus lectores que los caminos y rutas legales que menciona, es decir, el derecho de aclaración, son los mismos caminos y rutas que él ha violado y que forzaron a la agraviada a acudir a instancias judiciales. Y es que elPeriódico jamás publicó ni uno solo de los más de 20 derechos de aclaración a los que tenía derecho la señora Torres.

Sin duda es preciso revisar lo que dicta el artículo 37 de la Ley de Libre Emisión del Pensamiento en estos casos: «Los periódicos están obligados a publicar las aclaraciones, rectificaciones, explicaciones o refutaciones que les sean enviados por cualquier persona, individual o jurídica, a la que se atribuyan hechos inexactos, se hagan imputaciones o en otra forma sean directa y personalmente aludidas».

Y algo más, el artículo 39 de la citada Ley contempla que «La aclaración, rectificación, explicación o refutación solicitada, deberá insertarse gratuitamente en la misma página, columna y caracteres tipográficos en que apareció la alusión o inculpación, en la edición siguiente al día en que se presenta». Es decir, si la acusación abarcó primera plana y dos páginas interiores, el medio tiene la obligación de publicar la aclaración en primera plana y la misma cantidad de espacio en sus páginas. La ley es la ley.

Sin embargo, nada de lo anterior se cumplió por parte del presidente de elPeriódico. ¿O acaso alguna vez hemos visto que dicho rotativo cumpliera con ese imperativo legal? Resulta lamentable que aquellos que más se han empeñado en exigir a otros el cumplimiento de las leyes, sean los primeros en violarla de manera tan deleznable.

Por ello es que resulta absurdo que tanto Zamora como la APG acudan a un tremendo disparate cuando pretenden que: «las faltas relacionadas a la libertad de expresión sean conocidas por los Tribunales de Imprenta o Tribunales de Honor, como lo establece la Ley de Emisión del Pensamiento».

Tal cosa, ellos lo saben muy bien, ha sido históricamente imposible y jurídicamente inviable, pero esto amerita ser analizado en otro artículo.

Imagen tomada de Gamba.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

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